Pueblos Awajún y Wampís exigen justicia ante la CIDH y plantean medidas urgentes frente a la violencia sexual en Condorcanqui
Por: Silvia Bardales Q.
La crisis de violencia sexual y desprotección que sufren las niñas, niños y adolescentes indígenas en la provincia de Condorcanqui, Amazonas, fue elevada al ámbito internacional. En el marco del 196° Período de Sessions de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la vicepresidenta del Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA), Matut Micaela Impi Ismiño, denunció la grave vulneración de derechos que enfrentan sus comunidades y exigió al Estado peruano una respuesta inmediata.
Foto: Vicepresidenta del Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA), Matut Micaela Impi Ismiño Créditos CIDH
Durante su intervención en la audiencia pública de la CIDH, Impi expuso la directa relación entre la expansión de economías ilegales —como la minería ilegal, el narcotráfico y la tala indiscriminada— y el incremento alarmante de la violencia sexual en los territorios ancestrales.
«El Estado ha otorgado a terceros más de 500 concesiones mineras en los ríos y en cabeceras de cuencas del territorio Awajún, áreas sagradas que amenazan nuestras fuentes de agua. Los terceros se aprovechan y abusan de las mujeres para acceder a los territorios. Se ha incrementado la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, la trata de personas y, por ello, nuestro pueblo peligra en su existencia por el alto nivel de contagio de VIH/SIDA», sostuvo la lideresa awajún.
Ante el organismo internacional, la representante del GTAA exigió acceso a la justicia y una reparación integral para los más de 800 casos reportados de niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de violencia sexual en Condorcanqui y en otras zonas de la Amazonía peruana.
Exigen una respuesta estructural e intercultural
De forma paralela, organizaciones indígenas como el GTAA, el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW), AIDESEP y COMUAWUY, junto con diversas plataformas e instituciones de la sociedad civil (entre ellas la CNDDHH, Flora Tristán, Manuela Ramos, APRODEH y CHIRAPAQ), hicieron pública una Carta Pública dirigida a los tres niveles del Estado peruano.
En el documento, las organizaciones señalan que la situación en Condorcanqui no responde a una «emergencia circunstancial», sino a problemas estructurales marcados por la ineficacia de los servicios públicos, la inseguridad alimentaria, la impunidad judicial y la falta de pertinencia lingüística y cultural en la atención estatal.
Aunque reconocen las acciones iniciales del Plan de Acción Intersectorial 2026, las entidades firmantes demandan una política sostenida con presupuesto garantizado en el Sector Público para el Año Fiscal 2027 y estructurada sobre tres ejes urgentes:
- Atención integral en salud con enfoque intercultural: Priorizar la salud mental comunitaria, el embarazo adolescente y la atención del VIH/SIDA mediante brigadas fluviales, traductores en lenguas awajún y wampís, y sistemas de traslado oportuno para las víctimas de violencia.
- Reforma del modelo educativo de residencias estudiantiles: Cambiar el sistema actual —el cual puede incrementar la vulnerabilidad de las y los estudiantes al alejarlos de sus familias— por un modelo territorial alternativo con transporte fluvial seguro, instituciones educativas cercanas y mecanismos comunitarios de alerta y denuncia.
- Reconocimiento y protección a las defensoras comunitarias: Otorgar legitimidad, registro territorial y protocolos de articulación a las mujeres indígenas que actúan como primera línea de orientación y acompañamiento a las víctimas, garantizando que el Estado no transfiera sus responsabilidades a la labor voluntaria de la comunidad.
Exigen sanciones y reunión de alto nivel en el territorio
El pronunciamiento ciudadano fija un plazo de 30 días para que las autoridades nacionales convoquen a una reunión de alto nivel en Condorcanqui con la participación de las organizaciones representativas indígenas.
Asimismo, se demandan sanciones efectivas que incluyan el retiro definitivo del servicio para el personal de salud, educación y de las guarniciones militares que resulten responsables de abusos sexuales en la zona.
«Las niñas y adolescentes tienen derecho a vivir sin violencia, permanecer junto a sus familias, estudiar con seguridad, acceder a servicios de salud y justicia, y ser escuchadas en su propia lengua. El silencio y la demora también producen impunidad. Es momento de actuar», concluye el manifiesto.
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