Era la tercera noche de noviembre del 1991 cuando el grupo Colina, un conjunto paramilitar creado por Alberto Fujimori para combatir a las fuerzas terroristas, acribilló a 15 personas, entre ellos a un niño de 8 años, en medio de una pollada en el Jirón Huanta de Barrios Altos para recaudar fondos y mejorar las instalaciones de la quinta.
Posteriormente, una investigación policial encontró 130 casquillos y 33 balas en la escena del crimen.
En 1995, el Congreso Constituyente Democrático, que fue conformado luego del autogolpe del 5 de abril del 1992, aprobó una ley que estableció la amnistía para los miembros del grupo Colina. Las víctimas de la matanza de Barrios Altos recurrieron a los tribunales internacionales.
En 2001, el Estado peruano reconoce ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos su responsabilidad por no investigar, juzgar y sancionar a los responsables de la masacre que acribilló a 16 personas, entre ellos a un niño de 8 años. Además, la Corte IDH anuló la ley de amnistía aprobada durante el régimen fujimorista.
Ese mismo año, la entonces Fiscal de la Nación Nelly Calderón denunció al expresidente Alberto Fujimori de ser co-autor de la matanza de Barrios Altos.
Finalmente, la Sala Penal Especial, presidida por el vocal supremo César San Martín, concluyó que el exmandatario Alberto Fujimori fue autor mediato de los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro refiriéndose a las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta y fue sentenciado a 25 años de prisión por violación a los derechos humanos.
