A pesar de las recientes protestas contra la actividad minera en Ayacucho, Cusco y Cajamarca, el régimen de turno pretende reactivar la economía peruana a punta de relajos en los permisos ambientales y marcos normativos a gusto del gran empresariado minero. Estos proyectos amenazan el medio ambiente y los derechos humanos de comunidades.
Por Jair Sarmiento
Hace unos días pasó desapercibido la conferencia de prensa del ministro de Economía, Alex Contreras, y el primer ministro Alberto Otárola, en donde anunciaron el «Plan Unidos», un paquete de medidas para «reactivar» la economía peruana que actualmente se encuentra en recesión con números que continúan en rojo respecto al tercer trimestre del año.
En ese sentido, el régimen actual pretende que esta reactivación se ejecute a través de 25 medidas, y entre estas llama la atención el impulso que tendrá la inversión privada a través del recorte de permisos ambientales y actualización de normas que tendrá el empresariado del rubro minero y agroexportador.
Respecto a la minería, se pretende que hacia el 2025 se destraben y construyan siete proyectos mineros por un total de 4.646 millones de dólares de inversión. Estos anuncios se dan en medio de protestas contra mineras en Ayacucho, Cusco, Cajamarca, Iquitos y otras ciudades.
«La mayoría de estos proyectos no cuentan con licencia social de las comunidades y poblaciones que están dentro su área de influencia. La mayoría de los proyectos son operaciones a tajo abierto que se encuentran ubicados en cabeceras de cuenca que abastecen el agua de zonas rurales y urbanas, por lo cual deben ser protegidas de la amenaza que representan las actividades extractivas e industriales, más aún en un contexto de múltiples crisis: hídrica, climática y alimentaria», advierte el especialista socioambiental de la Red Muqui, Edwin Alejandro Berrospi.
«En la reciente Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE), realizada hace unos días en Cusco, el PCM Otárola y el ministro Contreras han llevado como mensaje central: confíen en nosotros e inviertan. Lo que les faltó decir (aunque ha quedado claro que así será) es vamos a hacer lo que ustedes quieran (…). Habrá que ver cuál será el impacto de este tipo de medidas en los territorios, sobre todo en los lugares donde se ubican los proyectos de inversión en minería», se menciona en un artículo de CooperAcción.
Los proyectos que se implementarían este año serían la ampliación de Toromocho Fase II, en Junín y la reposición de Antamina, en Áncash.
Respecto al primero, el proyecto de expansión está a cargo de la empresa china Chinalco y está ubicada en la cabecera de cuenca alta del río Mantaro donde se encuentran las principales fuentes hídricas como las lagunas Huascacocha, Huacracocha, Turuca, entre otros.
«En la Fase I, actualmente en operación, existe un conflicto social debido a que la minera ha incumplido una serie de compromisos», apunta un artículo de la Red Muqui.
Sobre Antamina, Red Muqui señala que la ampliación de las operaciones abarcaría las dos vertientes de los océanos Pacífico y Atlántico, ecosistemas importantes para la vida y menciona que, tras análisis a la modificatoria de estudios de impacto ambiental, que la empresa no ha garantizado el acceso a información, participación y toma de decisiones de la población asentada en el área de influencia del proyecto minero.
Para el 2024 se pretende la construcción de Yumpag (Pasco) a cargo de Buenaventura; Romina (Lima) a cargo del grupo Glencore, Corani (Puno) a cargo de la empresa canadiense Bear Creek Mining Corporation y Chalcobamba (Apurímac) que implica la ampliación de la mina Las Bambas a cargo de la empresa MMG. En 2025 se llevaría a cabo el proyecto Zafranal (Arequipa) a cargo de la canadiense Teck.
Estos proyectos se encuentran a cargo de empresas cuestionadas por la contaminación, y se desarrollarían en medio de conflictos que ya están asentados en dichas regiones desde hace años.
