Solo este mes, el vocero presidencial Fredy Hinojosa acusó a los medios de comunicación de «incitación a la violencia» por reportar el rechazo que tuvo Dina Boluarte en Piura e incluso pidió a Fiscalía que se investigue a la prensa que dio cobertura. Por otro lado, una periodista ha denunciado amenazas del ministro del Interior Juan José Santiváñez Antúnez por una publicación en redes sociales. El régimen actual es hostil, sobre todo con medios independientes que cubren las violaciones de derechos humanos que cometieron policías y militares durante las protestas de 2022 y 2023.

Por Jair Sarmiento

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) ha alertado sobre un nuevo intento del actual régimen de Dina Boluarte de criminalizar la actividad periodística. «Ya no es solo intolerancia a crítica, son ataques sistemáticos que procuran amordazar a la prensa instrumentalizando a operadores de justicia», ha señalado en un pronunciamiento en redes sociales.

Solo en septiembre, el gremio periodístico informó y rechazó que el vocero presidencial Fredy Hinojosa acusara a los medios de comunicación de «incitación a la violencia» por reportar el rechazo que tuvo Dina Boluarte en Piura e incluso pidió a Fiscalía que se investigue a la prensa que dio cobertura.

Asimismo, la ANP también ha repudiado la amenaza que la jefa de la Unidad de Investigación de Panamericana TV Karla Ramírez Camarena recibió del ministro del Interior Juan José Santiváñez Antúnez, tras una publicación en su cuenta de Twitter o X, sobre un documento enviado por el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Juan Burgos, al titular del cuestionado Mininter, en el que se le niega a Santivañez una reunión en privado. Todo esto en el marco de las investigaciones sobre un presunto encubrimiento del Ejecutivo al prófugo líder de Pefú Libre, Vladimir Cerrón.

«La Asociación Nacional de Periodistas del Perú rechaza, una vez más, el actuar del ministro del Interior, quien en repetidas oportunidades ha tenido trato hostil contra periodistas y medios críticos», indicó el gremio.

Es importante mencionar que el régimen de Dina Boluarte ha sido hostil contra la prensa, sobre todo contra los medios independientes y alternativos que cuestionan, investigan y cubren las violaciones a los derechos humanos que hubo durante la represión militar y policial contra las protestas del 2022 y 2023.

No está de más recordar que en el 2023, el régimen de Boluarte envió al Congreso el proyecto de ley 5632/2023-PE  que atentaba contra la libertad de expresión y criminalizaba a los medios de comunicación y periodistas que informen sobre la represión en las protestas sociales.

La iniciativa del Ejecutivo intentó modificar la disposición del punto 3.1.2, inciso C, en el Código Penal, para sancionar a «instigadores del delito de disturbio». En ese mismo párrafo de dicho documento se menciona a «comunicadores» como los «instigadores» que alientan estos delitos a través de sus medios de comunicación. Sin embargo, luego del debate congresal y luego de la presión mediática, estas líneas fueron retiradas.bargo, luego del debate estas líneas fueron retiradas.