Por: AMANDA MEZA

25 años de prisión. Fue la sentencia ratificada por la Corte Suprema de Justicia para Telmo Hurtado, conocido como ‘El carnicero de los Andes’ y otros 7 integrantes de las Fuerzas Armadas por la masacre de 69 pobladores del distrito de Accomarca, en la provincia de Vilcashuamán, Ayacucho.

La sentencia que tiene categoría jurídica de crimen de lesa humanidad ha podido determinar que la masacre ocurrida el 14 de agosto de 1985, durante el conflicto armado interno, fue ordenada por Wilfredo Mori Orzo, quien ocupó el cargo de comandante general de la Segunda División de Infantería del Ejército y lideraba el Estado Mayor, que estaba compuesto por una dependencia administrativa y otra operativa; esta última a cargo del acusado Nelson Gonzales Feria. Ambos condenados como autores mediatos están prófugos desde el 2016.

La dependencia operativa tenía subdivisiones identificadas como “G”: Inteligencia (G-2) y de Organización, instrucción y operaciones (G-3), a cargo de César Uribe Restrepo (fallecido), y el acusado Carlos Pastor.

Con estos mandos se ejecutó el Plan Operativo Huancayoc, cuyo objetivo era “capturar y/o destruir” a los presuntos terroristas ubicados en la quebrada Huancayoc. Con este objetivo, impartieron órdenes precisas a los integrantes de las patrullas que participaron en el plan: Lobo, Tigre, Lince Seis y Lince Siete.

El planeamiento y elaboración del plan surgió ante la información de Inteligencia de que en la quebrada existía una “Escuela popular”, donde se brindaba adoctrinamiento a los partidarios de Sendero Luminoso, por lo que el objetivo del plan era “eliminar y arrasar con los presuntos delincuentes terroristas”. Pero la operación, consideró como ‘terroristas’ a todas las personas que se ubicaban en la quebrada. Así se asesinó a la mayoría de campesinos que se encontraban en la zona.

El tribunal consideró que desde el inicio hubo dolo (intención) de matar.

En la sentencia, en el capítulo de antecedentes, se menciona que el fuero militar tuvo desde el comienzo hasta el final, “el objetivo de deslindar responsabilidad de cualquier otra persona que no sea Telmo Hurtado y minimizar la real magnitud de los hechos constituidos en una masacre en la que se eliminaron decenas de personas, entre infantes, adolescentes, adultos y ancianos”.

La sentencia hace un recuento de cómo la Sala del Consejo de Guerra Permanente de la Segunda Zona judicial del Ejército abrió instrucción contra Telmo Hurtado y otros implicados, por “abuso de autoridad y homicidio”,  pero terminó absolviéndolo de homicidio y apenas lo condenó por abuso de autoridad. Luego, el Consejo Supremo de Justicia Militar anuló la sentencia de 4 años y ordenó volver a investigar. A esto se suma que en 1992, el gobierno de Alberto Fujimori le concedió amnistía.

Con esta sentencia, emitida más de 30 años después de sucedida la masacre, se cumple con la obligación internacional asumida por el Estado peruano de identificar, procesar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos reiteradamente establecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

 

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