Carlos Morán, ministro del Interior, anunció que los 400 agentes que brindaban seguridad policial a congresistas pasarán a priorizar labores de seguridad ciudadana. Sin embargo, aún se permite que agentes trabajen como resguardo de empresas mineras.
Redacción Wayka
El ministro del Interior anunció que, mediante decreto supremo, se retirará el resguardo policial a congresistas. Los únicos que tendrían asignados agentes policiales son los integrantes de la Mesa Directiva.
«Todo el personal policial va a ser reorientado a cubrir tareas de seguridad ciudadana principalmente», indicó Carlos Morán. Así, cambiarían las prioridades de los 400 policías encargados de brindar resguardo a los parlamentarios. Sin embargo, la Ley Orgánica de la Policía Nacional del Perú (PNP) aún permite a sus agentes prestar servicios de seguridad privada a empresas extractivas, como mineras, entre otras.
Un informe realizado por el Instituto de Defensa Legal (IDL), EarthRights International (ERI) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) reveló que hubo 138 convenios suscritos entre la PNP y empresas extractivas entre 1995 y 2018. En ese último año había 29 convenios vigentes: cinco firmados en Cajamarca, dos en la Amazonía, y 10 en el corredor minero, zona de conflicto entre los comuneros de Fuerabamba (Apurímac) y el proyecto minero Las Bambas.
De acuerdo al informe de IDL, ERI y la CNDDHH, la mayoría de convenios incluyen también apoyo logístico, alimentación, hospedaje y asesoría legal cuando los policías lo necesiten.
Contra convenios PNP-mineras
En abril de 2019, el Frente de Defensa de Cotabambas presentó una demanda de amparo contra el convenio realizado entre la PNP y Minera Las Bambas S.A.
Dicho convenio había sido suscrito en 2017, con autorización del entonces ministro del Interior, Carlos Basombrío. Entre 2015 y agosto de 2018, la Macro Región Policial de Cusco percibió más de S/ 4 millones de la minera Las Bambas por la protección de sus instalaciones, bienes y personal.
Por otro lado, el Colegio de Abogados de San Martín, patrocinado por IDL y ERI, presentó una demanda de inconstitucionalidad contra las normas que hacen posible los convenios. Estos son los argumentos que la parte demandante presentó en audiencia del caso:
- Convenios quiebran el principio de imparcialidad de la función policial.
- Hay discriminación, pues la PNP ofrece ese servicio privado a las empresas que puedan pagarlo. Algo preocupante cuando estas empresas están envueltas en contextos de conflictividad social.
- Se resta protección al derecho de la población a la seguridad ciudadana. «La función de la policía es mercantilizada en favor de intereses corporativos», señaló el abogado Miguel Barboza.
Ambas acciones legales están pendientes de resolución.
