Redacción Wayka
El Ministerio de la Mujer (MIMP), a través de la Resolución Ministerial N° 031-2021-MIMP, declaró como servicio esencial la atención, prevención y protección de los casos de violencia sexual y familiar en las zonas rurales del Perú. Con esta disposición, la Estrategia Rural para la intervención de la violencia de género es considerada prioritaria durante todo el estado de emergencia por la COVID-19.
Esta estrategia consiste en el trabajo articulado entre autoridades y líderes comunales e indígenas para desarrollar mecanismos acordes al contexto de las zonas rurales que garanticen una atención a los casos de violencia familiar y sexual. Para Eutropía Delgado Castro, coordinadora de proyectos rurales de la Asociación Kallpa, está estrategia es necesaria para dar mayor acceso a las poblaciones rurales con mayores inequidades.
«Las niñas son las más afectadas porque no pueden acceder oportunamente vía los servicios regulares del MIMP, (Línea 100 o Centros de Emergencia Mujer) para hacer sus denuncias de casos de violencia sexual y acciones prevención primaria», señaló Delgado. Según el MIMP, en 2020, se detectaron y atendieron 2 204 casos de violencia económica, física, psicológica y sexual en comunidades nativas y campesinas con esta estrategia.
De la misma forma, Tania Pariona, excongresista y vocera de CHIRAPAQ – Centro de Culturas Indígenas del Perú, resaltó que «las zonas rurales son los territorios en donde justamente se carece de todo mecanismo de protección y atención a las víctimas de violencias y hay una cifra de casos no registrados, no atendidos». Chirapaq estima que cerca de 30 niñas indígenas fueron víctimas de violación, acoso o explotación sexual al mes, durante el 2020.
Estrategia Rural debe ser mejorada
Si bien es trascendental que se haya declarado servicio esencial a la Estrategia para atender y prevenir casos de violencia en zonas rurales, ambas especialistas resaltan que estas acciones no deben quedar solo en papel. Además, indican que hay vacíos en la Estrategia Rural del MIMP que deben ser subsanados para garantizar una adecuada atención de los casos en las zonas andinas y amazónicas.
«Las medidas de protección terminan siendo un papel escrito cuando no hay comisarías que monitoreen y acompañen a la víctima. El soporte comunitario que se intenta constituir requiere de un trabajo sostenido, no se trata de instalar mesas y grupos de trabajo y luego dejarlos que funcionen a su suerte. Mientras tanto, el agresor circula en la comunidad muchas veces hostilizando a la víctima por atreverse a denunciar», enfatiza Pariona.
Al respecto, Delgado agrega que el trabajo de esta Estrategia debe implementarse con «pertinencia cultural y oportuna». Es decir, que se tome en cuenta la dimensión histórica y comunitaria para generar rutas de atención y mecanismos de prevención que respeten la cosmovisión y culturas andinas y amazónicas.
