Redacción Wayka
Derechos laborales en riesgo. Esta tarde, el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció en conferencia de prensa, junto a la ministra de Trabajo, Sylvia Cáceres, la aprobación de un decreto supremo donde se permite a las empresas aplicar la suspensión perfecta de labores por 90 días. En palabras sencillas, la suspensión de contratos laborales sin derecho a pago de remuneración.
Este anuncio se complementa con lo que declaró, hace un día, la ministra Cáceres. En un medio local afirmó que las empresas que apliquen esta modalidad pasarán por un «filtro». «Nadie irá a su casa a través de una suspensión perfecta si no ha pasado el filtro de la necesidad de adoptar esa medida de manera excepcional», declaró.
A raíz de esta medida, el Gobierno también aprobó que los trabajadores que se vean afectados con la suspensión perfecta de labores accedan a retirar parte de su Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), y hasta S/ 2000 de su fondo de AFP.
Y para el caso de los trabajadores sin CTS, debido a su régimen laboral, se creará «una prestación económica excepcional de emergencia” de S/ 760 siempre y cuando no superen un sueldo de S/ 2400. Es decir, que se otorgará una subvención económica por tres meses, periodo estimado de la cuarentena. Lo que significará un costo de S/ 652 millones para el Estado.
Por su parte, la ministra de Economía, María Antonieta Alva, señaló que la Oficina de Normalización Previsional (ONP) también reconocerá los 3 meses de aportes para los trabajadores próximos a jubilarse, cuyos contratos queden suspendidos con esta modalidad. Asimismo, se prevé mantener la cobertura de salud. Para esto el Gobierno destinará al menos S/ 92 millones con el fin de garantizar que todos los trabajadores sin excepción mantengan su cobertura de salud.
Cuestionan norma
Las críticas hacia la aprobación de este decreto supremo no se hicieron esperar. El secretario general del Sindicato de Trabajadores Obreros de Limpieza Pública de Lima (SITOBUR), Raúl Oviedo, declaró a Wayka que «en estado de emergencia los derechos laborales no se suspenden ni el deber del Estado de proteger al trabajador contra despidos». Aseguró, además, que esta medida demuestra que «Vizcarra continúa cediendo a la presión de Confiep», por lo que estaría brindando facilidades a las empresas, y obligando a los trabajadores a usar sus ahorros y CTS.
Similar opinión tiene la secretaria de la Federación Nacional de Trabajadores Textiles, Lorena Chavera, quien considera que el presidente Vizcarra ha faltado a su palabra. Según Chavera, «el gran empresariado se está aprovechando de las desgracias del estado de emergencia de la pandemia, para despedir y deshacerse de los trabajadores que tienen años laborando en sus empresas», dijo a Wayka. Agrega, además, que cuando se supere la cuarentena y la inmovilización, los trabajadores organizados evaluarán todas las formas posibles para «defender el derecho al trabajo con las acciones legales, como acciones de amparo en los fueros judiciales laborales».
Días antes, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) hizo público un comunicado, asegurando que el Gobierno tenía previsto aprobar un decreto de urgencia con las medidas que hoy se señalaron en conferencia de prensa del presidente y sus ministros. En ese documento, la CGTP advertía de «las provocaciones y presiones ejercidas por la CONFIEP y la falta de transparencia con la que el Gobierno y el Ministerio de Trabajo estarían actuando al haber convocado al Consejo Nacional del Trabajo (CNT)». De igual manera, la Confederación rechazaba las medidas contenidas en el proyecto de decreto de urgencia que acaba de aprobar Vizcarra.
Por su parte el secretario general de la CGTP, Gerónimo López, remarcó en una entrevista concedida hoy por la tarde a canal N, que el Gobierno «ha cedido a la presión de la Confiep». Consideró que este no ha distinguido los tipos de empresas, y «hay grandes empresas que han obtenido grandes ganancias y tienen condiciones de mantener los puestos de trabajo y cumplir con las obligaciones laborales, pero lo que está haciendo el Gobierno es en general», afirmó.
Como se recuerda, el pasado 6 de abril, la CONFIEP envío una carta a la ministra de Trabajo, Sylvia Cáceres, solicitando una serie de paquetes laborales. Entre ellos, el cese colectivo de trabajadores; pedido que generó polémica e indignación en redes sociales. En la carta también recomendaba que el Perú podría tomar ejemplo de las economías de otros países, con medidas como «la posibilidad de subsidios de planillas por parte del Estado, como la suspensión perfecta de labores con acceso a la CTS por parte del trabajador».
Decreto nocivo para trabajadores
Para dos especialistas entrevistados por Wayka, este decreto podría ser nocivo para los trabajadores. El economista Pedro Francke, al igual que los representantes de las organizaciones sindicales, considera que esta medida se da, respondiendo a la presión del gremio empresarial, Confiep. Y que más bien, la crisis agravada por la pandemia terminaría siendo asumida por los trabajadores. «Se insiste en descargar los costos de la crisis sobre los trabajadores, dicen que el Estado apoyará con 600 y pico de millones, apenas una cincuentava parte de los 30 000 millones otorgados a bancos y empresas», afirma.
Katherine Sarmiento, socióloga y especialista en temas laborales, asegura que esta norma denota «un abierto sinceramiento de las prioridades del Gobierno en esta crisis» y que la suspensión perfecta de labores «es una manera bonita de llamar al despido masivo». Problemática que se suma a las denuncias, que se dieron en las semanas anteriores, por despidos arbitrarios a trabajadores; muchos de ellos quedando completamente desprotegidos.