Redacción Wayka

Los jueces Andrés Flores Aguilar y Patricia Valenza Olivera, a cargo de las demandas contra comuneros y dirigentes de Nueva Fuerabamba de  la provincia de Cotabambas (Apurímac) por los supuestos delitos de extorsión y organización criminal a raíz de las protestas contra el proyecto minero Las Bambas, acaban de ser suspendidos por la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA).

El pasado lunes 17 de junio, el jefe de la OCMA del Poder Judicial, Vicente Rodolfo Walde Jáuregui, decidió el cese de las actividades de los magistrados de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, por incurrir en presuntas faltas graves aún en investigación.

Se trata del juez Andrés Abelino Flores Aguilar, titular del Juzgado Mixto, y Patricia Valenza Olivera, jueza del Juzgado de Investigación Preparatoria de la provincia de Cotabambas. Ambos habrían intervenido en procesos que no les competen a sus despachos a favor de los demandados.

Como se recuerda, ambos jueces están a cargo de la denuncia del fiscal Fernando Hancco Quico contra los comuneros de Fuerabamba Gregorio Rojas Paniura, Rafael Valdivia Bolívar, Edison Vargas Huamanga y Noemí Portilla Vargas, por ser una presunta organización criminal dedicada a la extorsión.

Solo en Apurímac, por lo menos 45 comuneros han sido denunciados por protestar contra el proyecto minero Las Bambas, a cargo de la empresa china Minerals and Metals Group (MMG), por incumplir con los acuerdos establecidos y por realizar nuevos cambios sin consulta previa que afectarían la salud de los pobladores.

Faltas graves

En el caso del magistrado Flores Aguilar, habría redactado y archivado una denuncia penal por reparación civil de 100 mil soles presentada en su despacho, además de no cumplir con la redacción y lectura de una sentencia para la fecha fijada, postergándola por más de 3 meses.

Por su parte, desde su puesto en el Juzgado de Investigación Preparatoria, la jueza Valenza Olivera habría redactado por lo menos 8 documentos a nombre de su hermano Abraham Valenza Olivera y otros acusados. 

Entre los documentos que incautó la jefa de la Unidad de Prevención Especial de la OCMA, Elizabeth Grossman Casas el pasado 2 de mayo, antes de que la jueza siga eliminando los archivos, se encontró una Contradicción a la demanda y una apelación redactado a nombre de su hermano Abraham Valenza, además de una Contestación de demanda y un escrito de subsanación de omisión para el Primer Juzgado de Paz Letrado de Wanchaq (Cusco).

Su intervención en el proceso de su hermano calza con lo que la Ley de la Carrera Judicial considera como faltas graves: “defender o asesorar pública o privadamente a su cónyugue, conviviente, padres e hijos”.

Por todas estas irregularidades, el jefe de la OCMA, Walde Jáuregui resolvió suspender a ambos magistrados hasta que culmine la investigación sobre sus faltas.