Los demandantes tienen apoyo de una de las más grandes confederaciones sindicales de los Países Bajos y denuncian que la minera los somete a condiciones precarias de trabajo, y afectación a la libertad sindical y la negociación colectiva.

Los trabajadores de la mina Andaychagua ubicada en Yauli de la región Junín, presentaron una queja ante la Comisión Europea contra la minera suiza Glencore por tercerización laboral. Ellos denuncian que pese a que realizan las mismas labores de quienes están en planilla, no reciben beneficios laborales.

Según el reportaje publicado por Ojo Público, los trabajadores mineros señalan que la empresa Volcan, propietaria de la mina y donde Glencore es accionista mayoritario, mantiene en condición de precariedad a sus trabajadores al no cumplir con los derechos laborales fundamentales, respetar la libertad de asociación y el derecho a la igualdad.

Alex Tinoco Román, secretario general del sindicato de la mina Andaychagua, señaló que en la mina trabajan alrededor de mil 500 obreros, de los cuales mil 200 son subcontratados a través de terceras empresas. Estos trabajadores no cuentan con estabilidad laboral y, además, no contarían con los equipos de protección necesarios para sus labores.

Amparados bajo el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Perú, el sindicato incluyó en la queja la afectación a la libertad sindical, pues Volcan acudió a la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Junín para declarar nulo el acto de inclusión de trabajadores tercerizados en el gremio. El pedido fue rechazado.

La queja presentada cuenta con el respaldo de CNV Internationaal (siglas del Sindicato Protestante Nacional en neerlandés), una de las más grandes confederaciones sindicales de los Países Bajos. Ellos mencionan que existe un «patrón de violencia antisindical y el uso indebido de la subcontratación» en minas de Perú que son de propiedad de la multinacional Glencore.

HISTORIAL DE DERECHOS VULNERADOS

En julio del 2021, la empresa rechazó iniciar el proceso de negociación colectiva pese a la orden de la Dirección de Trabajo de Junín. Por este motivo, los trabajadores realizaron una huelga en diciembre del año pasado y en febrero la Dirección emitió un laudo arbitral para el fin de la protesta y el inicio de las negociaciones. Sin embargo, lo último no ha ocurrido.

La memoria anual de Volcan del 2020 detalló que la compañía enfrentaba demandas laborales por más de siete millones de dólares. Además, procesos pendientes por más de cinco millones de dólares por presuntas infracciones ambientales y de seguridad iniciados por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), el  Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de la Producción, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).