Entre 2020 y octubre de 2021, los Centros de Emergencia Mujer atendieron 245 casos de feminicidio y 588 de intento de feminicidio. También registraron miles de denuncias por violencia psicológica, física y sexual. Sobrevivientes y familiares de una víctima de feminicidio esperan justicia.
Nicol León
Lunes 15 de noviembre. Diez de la mañana. Gabino Machaca y Susana Cauna llegan a la Fiscalía de Tacna y preguntan al vigilante si el fiscal Percy Maquera puede atenderlos.
—Está en audiencia y no va a poder recibirlos —les responde.
—Dígale que se comunique conmigo. Mi caso es público y la prensa me llama porque quiere saber por qué han suspendido la entrevista a Paco Mamani —le pide Gabino Machaca.
Ambos se preguntan por qué han pospuesto dos veces el interrogatorio clave para conocer quiénes fueron los policías que estarían detrás del asesinato de su hija Judith Machaca, una estudiante universitaria de 21 años a la que desaparecieron el 28 de noviembre de 2020. Necesitan que Paco Mamani confiese cómo operaba una presunta red de trata de personas dentro de la Policía Nacional de Tacna, que lo habría ayudado a cometer el crimen.
Un día antes de que Judith desaparezca, su madre, Susana Cauna, iba a retornar a su puesto de ventas en un mercado. Aún no ha vuelto a trabajar. Su esposo, Gabino Chauca, cuenta que ella permanece en su casa atenta a las diligencias que programa la Fiscalía.
Los primeros meses después del hallazgo del cuerpo de Judith, personal del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) los contactaron para ofrecerles apoyo psicológico en un centro de salud mental comunitario. Con el tiempo, esta atención fue reduciéndose. Ahora ya no reciben las llamadas del especialista.
—Nos llaman una vez al mes, nos preguntan cómo estamos, pero antes era permanente. Ya nos han dejado de atender. De repente están ocupados o tendrán más casos —comenta Gabino—. Siempre necesitamos que estén pendientes. Si nos llamaran, tal vez, no sentiríamos que estamos abandonados.
Tras la desaparición de su sobrina, Lelis Machaca fundó una organización de mujeres que exigen justicia para otras víctimas de violencia en Tacna. Dice que nunca pensó salir a las calles para protestar en contra de la inacción del Estado, ni organizar marchas.
—De verdad, a nosotros nos ha cambiado la vida. Tienen que pasar muchas cosas para que tengas esta forma de pensar. Vivir una tragedia para que seas consciente de que quieres ayudar, de que no quieres que eso vuelva a pasar. No quiero que ninguna joven más pase por ese terrible drama —asegura.
Gabino Machaca cuenta que ahora tienen que esperar hasta el 6 de diciembre para escuchar la entrevista a Paco Mamani. Mientras tanto, los efectivos que habrían sido sus cómplices están libres y aún trabajan para la Policía Nacional. Algunos han pedido su traslado definitivo a otras regiones del Perú.
—Nosotros tenemos todo el derecho de desconfiar, con todo lo que ha pasado, cualquier cosa puede suceder —dice Gabino por videollamada—. Queremos que de una vez nos de su declaración y se manifieste cómo fue y quiénes son los implicados. Temen que Paco Mamani ya no quiera narrar el crimen o que los implicados estén borrando evidencias.
Susana Cauna organiza una manifestación para el lunes 29 de noviembre. Exige que la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (ODECMA) del Poder Judicial les responda si destituirán al juez Yuri Maquera, quien dejó libre a Paco Mamani de la prisión preventiva en diciembre de 2020. Su decisión permitió que el denunciado huya a Bolivia, lo que retrasó durante un año la investigación fiscal.
Renzo Medina, jefe de la ODECMA de Tacna, prometió a la familia de Judith Machaca que en 15 días resolvería la sanción para el juez. Luego, dijo que se tardaría 18 días más. Ha transcurrido casi un mes desde entonces y aún desconocen si lo destituirán.
—No es justo que le haya dado libertad y la investigación se haya atrasado un año. Si el juez le hubiera mantenido la prisión preventiva, ya se hubiese descubierto toda esa red, ya hubiéramos avanzado un año. Ahora estamos retrasados esperando la declaración de Paco —asegura.
Omayra Chauca, psicóloga especialista en género, explica que la frustración que sienten los familiares de las víctimas de feminicidio se agrava cuando la justicia tarda en llegar. Puede convertirse en rabia o en conductas violentas. “Si es que desgraciadamente el sistema de justicia no actúa de manera adecuada o inmediatamente, esta rabia o frustración puede agravarse e inclusive puede generar mayor violencia dentro del espacio familiar. También puede generar diagnósticos depresivos o ansiosos”, agrega.
La lentitud de la justicia también causa que los familiares de la víctima de feminicidio revivan muchas veces lo ocurrido.
“Cuando el sistema judicial tarda en sancionar revictimiza mucho a las segundas víctimas de este proceso porque hablan del tema, abren el caso, no se sabe cómo va a proceder, en algunos casos está desaparecido el agresor”, precisa.
SOBREVIVIENTE DE VIOLENCIA
Mariana* no puede cargar cosas pesadas, ni acercarse a una cocina encendida porque corre el riesgo de que se reabra la herida de su estómago y sufra otra vez una hemorragia interna. El médico le ordenó que descanse durante 6 meses, luego de que le dio el alta en el hospital Guillermo Kaelin, donde le hicieron tres intervenciones quirúrgicas porque recibió un disparo de Yousef Hinojosa Barzola, el papá de su hija de 3 años.
—No puedo comer comida aderezada ni harinas. Tengo que comer bastantes proteínas. Siento dolor por dentro, siento picazón. Me duele —dice mientras toca su estómago—. A veces hasta mi espalda se contrae un poco. No puedo caminar muy bien, no puedo hacer esfuerzo físico. No puedo cargar a mi hija. No puedo trabajar. Estoy malhumorada, estresada. Estoy cansada de todo esto.
Ella iba a empezar a trabajar el último lunes 30 de agosto, pero un día antes Hinojosa fue a su casa y le disparó. Con su nuevo trabajo, planeaba obtener más ingresos para pagar la universidad de su hijo de 17 años.
Dentro de pocos días vencerá el seguro médico que le correspondía por el trabajo de Hinojosa, quien permanece en prisión preventiva. Por lo tanto, ya no podrá acudir a sus citas médicas. En los últimos días ha sentido bastante dolor en el estómago. Dice que irá al área de Emergencias del hospital y exagerará para que la atiendan.
La abogada del MIMP que la asesora, Esther Neciosup Correa, pidió el 28 de setiembre que el fiscal recoja el testimonio de Mariana. Han pasado dos meses y hasta la fecha no la llaman. Su familia teme que se venza la prisión preventiva que le dieron al agresor y que, para entonces, aún no se hayan recabado las pruebas que lo incriminan en la tentativa de feminicidio.
—Nuestro miedo es que pasen estos 9 meses, él salga libre y digan que no procede nada —explica la hermana de Mariana—. De repente va a querer tomar represalias porque no sabemos qué puede pasar en la mente de una persona que ya lo hizo una vez. Ya he tenido dos llamadas de amenazas con que van a meter bombas a mi casa, que van a meter una granada, que me cuide.
Ni su hija de 3 años ni su sobrino de 11, quienes presenciaron el crimen, reciben atención psicológica. Hasta hace unas semanas, un psicólogo del hospital Kaelin llamaba para preguntar a la hermana de Mariana cómo los veía a ambos, pero no conversaba con los menores.
—Mi sobrina ha dormido conmigo el tiempo que su mamá estuvo en el hospital. Por la noche, se levantaba llorando de la nada. Se ponía a decir lo que había sucedido acá porque ella ha presenciado el hecho —comenta—. Ella (Mariana) no puede escuchar ni siquiera el sonido de que un globo se revienta porque se queda pasmada
Después de que Mariana se casó con el agresor, en 2017, recibió gritos e insultos hasta que decidió separarse en agosto de 2020. Cuenta que nunca pensó en denunciarlo por estos ataques, pues desconocía que este era un tipo de violencia.
—No se me ocurrió porque eran gritos e insultos que, como yo estaba casada, yo también pensaba que el matrimonio es para siempre —dice—. Pensé que eso no era suficiente. Después me doy cuenta de que eso es violencia psicológica. No lo sabía.
Cuando estas discusiones sucedían, recuerda que su rostro cambiaba, hacía puños con sus manos y golpeaba objetos.
CONVIVIR CON EL AGRESOR
María Dolores Gazpio también percibió violencia psicológica en su exesposo Gabriel Donayre, quien se suicidó en una carceleta para no afrontar tres denuncias por violencia física y psicológica, una demanda de alimentos y una denuncia por violación sexual que su hijastra le interpuso.
El pasado domingo 3 de octubre, su hija adoptiva de 16 años fue internada en un hospital limeño. Ese mismo día, cuando se encontraba convaleciente, le contó a María Dolores, su madre, que Donayre había abusado de ella desde que tenía 10 años.
—En el proceso de prisión preventiva, él nunca se defendió, nunca dijo ‘necesito estar libre porque soy inocente y lo voy a demostrar’. Él dijo ‘necesito estar libre porque tengo una madre que mantener y un trabajo al cual asistir’ —dice María Dolores—. El abogado lo defendió atacando a mi hija, diciendo que por ser adolescente, quién sabe si pudo haber tenido noviecitos, a dónde habrá salido. Ahí el juez le dijo ‘no voy a permitirle en esta sala esos comentarios. Eso es estereotipar a la mujer’.
Desde su suicidio, ella sufrió hostigamiento de parte de la hermana y madre de Donayre, quien también era capitán de fragata de la Marina de Guerra del Perú. Las parientes de Donayre la responsabilizan de todo lo ocurrido, a pesar de que existen pruebas de que él cometió la violación sexual.
Luego de su detención, la Policía Nacional halló en su departamento un celular que colocaba en el baño para grabar a su hijastra. En el mismo dispositivo, encontraron videos de cuerpos de mujeres que transitaban por las calles y de su hija menor de 4 años. Otras pruebas del delito fueron el testimonio de la adolescente y los resultados de los exámenes del médico legista a los que se sometió. Estos corroboraron lo que denunció.
Semanas después de lo ocurrido, María Dolores supo que Donayre le dejó deudas pendientes con el banco, que no puede pagar porque la Marina de Guerra del Perú aún no tramita las pensiones para ella y sus hijas. Recientemente también le llegó una notificación sobre una denuncia por violencia física que presentó contra su exesposo.
—Lamentablemente el caso se cierra con su suicidio. El caso de violación y los otros también. Lamentablemente —repite— esto es lo que hacen estos hombres cobardes, matarse para eludir todo, porque saben que matándose se acaba. Con su muerte las causas se cierran, yo me voy a tener que presentar donde sea con el acta de defunción como para darle el cierre, pero también acá hay una especie de pelea por mi imagen, por así decirlo, porque acá se armaron dos bandos: el que cree en la niña, en el proceso judicial, en las pruebas, en el Estado presente y en el que cree en un violador, en un ser nefasto.
María Dolores y su hija mayor reciben acompañamiento psicológico. Desde 2008, antes de la denuncia por violación y cuando todavía convivía con Donayre, este le exigía que le entregue todo su sueldo “porque él sabía administrar mejor el dinero”. También le prohibía vestir de determinada manera y llegar después de las 6 de la tarde a su casa.
—Siempre me iba dañando la autoestima con estas cosas. Cuando estás metida en este círculo vicioso, no lo notas —reflexiona—. Necesitas salir para darte cuenta, pero yo ya estaba como en la tela de araña, ahí, atrapada.
A sus hijas de 4 y 12 años también las golpeaba. Decía que así le habían enseñado a “disciplinar”. Luego, las amenazaba para que no contaran a su madre la violencia que cometía.
—Yo antes dependía 100% de él, de su familia, de cuán buena ama de casa ellos pensaban que yo era. Ahora, nadie nos tiene que decir si lo que hacemos está bien o mal. Es una estupidez que te digan eso —asegura—. Pero antes yo tenía que recibir el visto bueno de si era buena ama de casa o buena madre. Ahora ya sé que soy buena madre, no sé si soy buena ama de casa, pero mantengo mi casa.
LA CÚSPIDE DE LA VIOLENCIA
Entre 2020 y octubre de 2021, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) recibieron 231 833 casos de distintos tipos de violencia contra la mujer, como violencia psicológica (119 917), física (97 976), sexual (14 814), intentos de feminicidio (588) y feminicidios (245).
Rocío Maldonado Alarcón, investigadora especialista en igualdad de género, explica que el feminicidio es la máxima expresión de la violencia contra las mujeres. Antes, ellas pueden llegar a sufrir violencia psicológica, física o sexual.
“Si revisan los expedientes, hubo hasta 30 denuncias contra el agresor y no les pasa nada; el feminicidio es el último momento. La mujer ha tenido que sufrir violencia, sistemática probablemente desde que era niña y durante muchos años, hasta que finalmente acaban con su vida. Entonces, en el marco del 25 de noviembre, creo que es importante recordar que la lucha contra la violencia hacia las mujeres es una lucha que no solamente atañe a las mujeres por su condición de género o por su condición sexual-biológica; es una lucha social, un acto de justicia por una vida libre de violencia, que es la demanda más importante, que está aspirando a tener una sociedad más igualitaria”, comenta.
Para Maldonado, reconocerse víctima de cualquier tipo de violencia de género causa un quiebre en las mujeres; dice que es un proceso difícil pero necesario para empezar a alzar la voz y denunciar a los agresores.
*Mantenemos en reserva el nombre de la sobreviviente de feminicidio.
