Dos dirigentes nacionales del sector de los trabajadores de la salud se dirigen al presidente para exponer la problemática que los afecta y la necesidad de la Ley 31039, que está en manos del Tribunal Constitucional

*Wilfredo Ponce, Secretario General de FED-CUT y Arlex Garcia, Secretario General de FENUTSSA

El Perú lidera el ranking mundial de muertes per cápita por COVID-19, con 92 por cada 100 000 habitantes [al 30 de septiembre]. Una triste realidad que la pandemia ha dejado evidenciada. A esto se suman una baja inversión en salud y una alta tasa de informalidad laboral. Pero en este desolador panorama, también están quienes, el presidente Vizcarra llama héroes: el personal de salud. A diario ellos, arriesgan su vida y la de sus familias en primera línea de la defensa en contra del Coronavirus.

¿Y cómo responde el presidente Vizcarra a sus héroes?

El mandatario se ha opuesto a la Ley 31039 que dispone una importante y necesaria inversión en el sistema de la salud, fortalece la economía de Perú, y brinda protección para al menos 30 000 trabajadores que atienden en primera línea. La norma fue aprobada el 25 de agosto en el Congreso, con 115 votos a favor y uno en contra, sin embargo el Ejecutivo presentó una demanda de inconstitucionalidad, argumentando que el Congreso no tiene la función de legislar sobre temas presupuestales, entre otras alegaciones.

Como líderes de dos organizaciones sindicales de la salud más representativas del país, estamos confundidos y decepcionados por las acciones de Vizcarra. Han puesto en manos del Tribunal Constitucional una decisión que podría tardar meses o años, obligando a los gremios a alzar su voz de protesta, y a los trabajadores a seguir esperando soluciones sin garantías laborales.

Mientras en el gobierno se tiran la pelota entre los poderes, 19 000 trabajadores ‘terceros’ de MINSA siguen laborando, durante una pandemia, sin seguro médico y beneficios sociales – problema que la Ley 31039 busca solucionar. De acuerdo con la jurisprudencia, estos trabajadores deberían estar en planilla. Muchos ‘terceros’ han sido despedidos insensiblemente durante la pandemia, demostrando la fragilidad de su trabajo. El resto continúa arriesgando sus vidas sin saber si mañana se sumen a ese grueso grupo de informalidad en nuestro país, que ya superó el 80%.

Por su parte, 8 000 trabajadores CAS laboran en ESSALUD, desconociendo la misma Ley de Creación de esta entidad. Se estima que 4 000 de estos trabajadores pasarían a planilla de implementarse la Ley 31039.

En el 2019, la Ministra de Salud Zulema Tomás advirtió una deficiencia de 16.000 médicos especialistas en Perú, y la OIT ha vinculado deficiencias en el personal de la salud con más altas probabilidades de accidentes que afectan a pacientes y personal. La OMS indica, por su lado, que muchos trabajadores del sector salud en Perú se van del país en búsqueda de mejores condiciones laborales, y los otros se ven obligados a buscar múltiples trabajos.

El gobierno debería asumir su rol protector y cumplir con el derecho fundamental de cada peruano, otorgando el presupuesto que requiere el sector para alcanzar el 5% mínimo del PIB, cuando la CEPAL recomienda el 6%. Se estima un costo de S/1 154 millones para la medida más costosa de la Ley 31039, el nombramiento automático. Con este gasto, el presupuesto de la salud aun no alcanzaría el 4%, y estaría por debajo del presupuesto en otros países de la región como Chile, con el 5%, y Argentina con el 9%.

Cabe señalar que el Perú perdió en el 2019 más de S/17 000 millones al año en beneficios tributarios, y S/18 000 en evasión fiscal, ambas mayoritariamente en beneficio de grandes empresas. Es injusto que los trabajadores deban pagar este precio a través de condiciones laborales precarias que ponen en riesgo sus vidas y la de los pacientes.

Oídos sordos

Nuestros gremios han alcanzado propuestas para buscar soluciones, en reiteradas ocasiones, pero estas iniciativas han sido rechazadas sistemáticamente. Frente a este panorama los trabajadores en ESSALUD se vieron obligados a acatar una huelga de cuatro días en agosto, antes de lograr un dialogo fructífero, y los trabajadores de Minsa han anunciado una huelga indefinida el 27 de octubre.

La implementación de la Ley 31039 tendría resultados históricos en el sector salud a nivel nacional, al establecer condiciones laborales dignas y conservar a personal calificado, pilares para una atención adecuada y oportuna de la población. Aunque algunas de las medidas establecidas en la ley ya fueron suscritas entre los gremios y el Ejecutivo, o legisladas anteriormente, estas han devenido en saco roto. 

Invertir en el futuro de nuestro país, significa apostar por su economía, y quienes mueven todo el sistema económico y comercial son los trabajadores. Invertir en mejorar sus condiciones laborales repercutirá en su economía familiar, en su calidad de vida, siendo parte del crecimiento y la reactivación económica del Perú. El personal de salud debe ser atendido en su totalidad, más aún, en momentos donde la pandemia sigue azotando a millones de peruanos.

Presdiente, ¿su gobierno está a la altura de estas demandas?