Los cargos del poder: El fujimorismo acomoda a sus aliados en el Estado

Por: Silvia Bardales Quispe.

En las primeras semanas del gobierno de Keiko Fujimori, una serie de nombramientos y contrataciones vuelve a poner bajo la lupa el uso de cargos públicos como espacios de confianza política y como devoluciones de favores. Desde la llegada de Esdras Medina al Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE) pese a sus antecedentes de cuestionamientos a la reforma universitaria y a afirmaciones sin sustento científico, hasta la designación de excongresistas, exfuncionarios y figuras cercanas al fujimorismo en embajadas y despachos parlamentarios, los casos plantean una misma pregunta: ¿se está priorizando la experiencia y el mérito para administrar el Estado o la cercanía con el poder?

Esdras Medina llega al Sineace

El excongresista fue designado como asesor de confianza de la Presidencia del Sineace. Durante su paso por el Congreso defendió posiciones cuestionadas por especialistas y promovió iniciativas que buscaban modificar la reforma universitaria y restringir el enfoque de género y la educación sexual integral.

Esdras Medina Minaya, excongresista de Renovación Popular, asumió este 3 de septiembre un cargo de confianza como asesor de la Presidencia del Consejo Superior del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace). Su designación fue oficializada mediante la Resolución N.° 000144-2026-SINEACE/COSUSINEACE-P, publicada en El Peruano.

Foto: Resolución N.° 000144-2026-SINEACE/COSUSINEACE-P

El nombramiento genera cuestionamientos por las posiciones que Medina sostuvo durante su trayectoria política, especialmente en asuntos vinculados con educación, ciencia y políticas públicas. Sin embargo, el Sineace señala que su labor debe realizarse con rigurosidad técnica, objetividad y transparencia y tiene entre sus objetivos asegurar la calidad educativa en el país.

Uno de los antecedentes más polémicos de Medina se remonta a 2017, cuando, siendo regidor de Arequipa, atribuyó el fenómeno de El Niño costero a un supuesto “castigo de Dios” relacionado con la llamada “ideología de género”. La ocurrencia de El Niño costero, sin embargo, tiene explicaciones científicas vinculadas a fenómenos atmosféricos y oceánicos.

La controversia no quedó en una declaración. Durante su gestión parlamentaria, Medina impulsó el proyecto de ley 904/2021-CR, orientado a otorgar a las asociaciones de padres participación en la elaboración de materiales educativos. Wayka documentó que la propuesta podía afectar la implementación de la Educación Sexual Integral y el enfoque de género en las escuelas.

En 2022, además, como presidente de la Comisión de Educación, respaldó la modificación de la composición del Consejo Directivo de la Sunedu. El Congreso aprobó por insistencia la norma que incorporó representantes de universidades públicas y privadas, una medida que fue cuestionada por especialistas y presentada como una contrarreforma universitaria.

Medina encabezó iniciativas para dar nuevas oportunidades a universidades que no habían obtenido el licenciamiento de Sunedu. Una de ellas fue la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, donde Medina cursó estudios de maestría.

En este sentido, quien ahora asesorará a la institución encargada de promover la calidad educativa tiene como antecedente político la defensa de medidas que fueron cuestionadas precisamente por debilitar los mecanismos de regulación y evaluación de la educación superior.

Este no es el único caso. Las nuevas designaciones del Gobierno de Keiko Fujimori y las contrataciones de la bancada de Fuerza Popular muestran una política de nombramientos que favorece a dirigentes, exfuncionarios y personas vinculadas al entorno político del partido. Aunque varias designaciones son legales, el criterio político vuelve a quedar bajo escrutinio.

Embajadas para políticos

En los primeros días de septiembre, el gobierno de Keiko Fujimori designó a Carlos Tubino como embajador del Perú en Argentina y a Aurelio Pastor como representante permanente ante la OEA. Las resoluciones supremas fueron firmadas por Fujimori y el canciller Carlos Espá. Tubino fue congresista de Fuerza Popular y formó parte del equipo de seguridad de la candidatura de Fujimori; Pastor, exministro aprista de Justicia, fue condenado en dos instancias por tráfico de influencias, aunque posteriormente la Corte Suprema lo absolvió.

El Búho identificó además a José Recoba, integrante del equipo técnico de salud de la candidatura de Fujimori, como representante ante organismos internacionales en Ginebra, y a Jennifer Contreras, exministra de Agricultura de Dina Boluarte, como representante ante FAO, PMA y FIDA. El único de los cinco perfiles revisados por el medio con trayectoria diplomática de carrera es Carlos Pareja, exministro de Relaciones Exteriores de José María Balcázar y del dictador Alberto Fujimori

El Congreso como espacio de recompensa

El mismo patrón aparece en la bancada de Fuerza Popular. Una investigación de El Foco identificó contrataciones que incluyen al hijo del actual ministro de Justicia, una exfuncionaria de Migraciones vinculada al caso de la fuga de César Hinostroza, cuatro excongresistas fujimoristas y personas con antecedentes policiales o investigaciones fiscales. Entre los exparlamentarios reincorporados como asesores están Milagros Salazar, Mario Mantilla, Ricardo Pando y Gilbert Alonzo, con remuneraciones de entre S/12.100 y S/14.700.

¿Gestión pública o devolución de favores?

El propio excanciller Luis Gonzales Posada sostuvo que las designaciones de embajadores políticos son legales dentro del límite permitido, pero también señaló que algunas pueden responder a “simpatías” y “vinculaciones” del Gobierno con quienes fueron designados.

La discusión, entonces, no se limita a si los nombramientos cumplen formalmente la ley, sino a qué criterio está utilizando el nuevo gobierno para distribuir puestos de poder: experiencia y especialización, o cercanía política. En el caso de Fuerza Popular, la sucesión de nombramientos y contrataciones vuelve difícil separar la gestión pública de la lógica de premiar a aliados y reciclar cuadros políticos.

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