Junín: Exigen investigar la muerte de una niña y dos bebés en comunidad asháninka por falta de traslado durante emergencia

La Central Asháninka del Río Ene (CARE) denunció negligencia institucional y la ausencia de evacuación oportuna por parte del programa Tambo Potsoteni en el distrito de Pangoa. La organización indígena exige la remoción del personal a cargo y sanciones a las autoridades responsables.

Redacción Wayka

La comunidad nativa Potsoteni, ubicada en el distrito de Pangoa, provincia de Satipo (Junín), enfrenta una grave crisis por la desatención del Estado en la cuenca del río Ene. La comunidad denuncia que en los últimos meses, tres menores de edad —una niña y dos bebés— fallecieron tras no recibir un traslado de emergencia oportuno hacia establecimientos de salud especializados.

La Central Asháninka del Río Ene (CARE) exigió al Programa Nacional PAIS y a las autoridades competentes la inmediata investigación de estos hechos para determinar responsabilidades administrativas y penales frente a la omisión de auxilio.

Inoperatividad estatal y desprotección en la Amazonía

La CARE denunció que los Tambos del Programa Nacional PAIS no están cumpliendo su objetivo de garantizar la presencia del Estado en zonas amazónicas de difícil acceso. La organización criticó que estas plataformas mantengan sus embarcaciones inmovilizadas y no dispongan de personal de retén para emergencias médicas vitales.

Frente a estas deficiencias, la organización indígena demandó:

Investigar la conducta del personal del Tambo Potsoteni y de las autoridades del MIDIS para sancionar la omisión de auxilio.
Evaluar el reemplazo inmediato de la gestora del Tambo y del personal involucrado en la falta de atención.
Asegurar el funcionamiento continuo las 24 horas, los 7 días de la semana, de las embarcaciones de emergencia en la cuenca del río Ene.

La CARE enfatizó que el acceso a la salud digna, oportuna y con enfoque intercultural es un derecho fundamental de las comunidades nativas, y advirtió que el abandono del estado sigue cobrando vidas infantiles en los territorios indígenas.

Muertes denunciadas

El primer caso ocurrió el 28 de diciembre de 2025, cuando una niña de cuatro años presentó un cuadro severo de envenenamiento. CARE señala que la gestora autorizó el uso de la embarcación, pero el motorista no se encontraba en la comunidad y el traslado no pudo concretarse. La menor falleció al día siguiente.

Según detalló Ángel Pedro Valerio, presidente de la CARE, la muerte podría haberse evitado si las autoridades actuaban a tiempo. Respecto al caso de la menor intoxicada con un producto agrícola, el dirigente precisó:

«Probablemente se iban a salvar si oportunamente las trasladaban o las evacuaban. Por ejemplo, en el caso de la niña que ha sido envenenada, ha durado toda una noche para que se le pueda salvar la vida. Ocurrió más o menos a las 3 de la tarde y duró hasta el día siguiente, cuando falleció a las 4 o 5 de la mañana. Había posibilidades de salvarle la vida».

El segundo ocurrió el 1 de julio de 2026, cuando una bebé de un mes presentó bronconeumonía grave. Ante la ausencia de la gestora y del motorista, CARE tuvo que gestionar un helicóptero ante el Comando Especial VRAEM. La menor fue trasladada a Satipo, pero falleció.

El tercer caso ocurrió el 20 de septiembre. Un niño de aproximadamente un año presentó nuevamente un cuadro grave de bronconeumonía. CARE sostiene que la gestora se encontraba en la comunidad, pero no autorizó el traslado porque estaba en su día de descanso y el motorista tampoco se encontraba disponible por ser domingo. El menor falleció.

CARE pide cambios y una respuesta permanente

El pedido fue formalizado mediante el Oficio N.° 0317-2026-P/CARE, enviado el 23 de septiembre al director ejecutivo del Programa PAIS, Javier Erasmo Carmelo Ramos. El documento recoge el acta de una asamblea de la comunidad realizada el 21 de septiembre y solicita el cambio inmediato de la gestora del Tambo Potsoteni, Jhoselyn Ruiz Terrones, y del motorista Walter Andrés Pishirovanti, además de disposiciones obligatorias para garantizar los traslados médicos de emergencia.

Según el oficio, el MoviTambo del Programa PAIS constituye el único medio de transporte fluvial disponible en la comunidad para estos casos, mientras que el puesto de salud local no cuenta con movilidad propia.

En el documento, CARE cuestiona que las emergencias dependan de la disponibilidad personal de los trabajadores y sostiene que, en una comunidad sin otras alternativas de transporte, el servicio debe contar con personal y movilidad disponibles para situaciones críticas.

La organización solicita, además del reemplazo de ambos trabajadores, que PAIS emita una directiva para que el MoviTambo y su personal atiendan traslados de emergencia “sin distinción de días de descanso, sábados, domingos o feriados” y bajo responsabilidad administrativa y penal.

El oficio también recuerda que el propio Manual de Operaciones de PAIS establece la coordinación con el sector Salud y otras entidades públicas para garantizar la prestación de servicios. Para CARE, el problema no se limita a una falla operativa: plantea que la falta de una respuesta oportuna en una comunidad indígena aislada puede comprometer directamente el acceso efectivo a la salud y la vida de sus habitantes.

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