Las redes como escenario de violencia: “La violencia digital no es un tema individual, es un tema colectivo”
Por: Silvia Bardales Q.
El avance acelerado de las tecnologías de la información y la comunicación ha transformado radicalmente la forma en que la sociedad interactúa y habita el espacio público. Este entorno virtual ha replicado y amplificado dinámicas estructurales de desigualdad y violencia que históricamente han afectado a las mujeres.
En el Perú, la violencia de género en línea o acoso digital se ha consolidado como una problemática sistemática que vulnera de forma directa los derechos fundamentales de las usuarias, afectando su integridad psicológica, su libertad de expresión, su desarrollo profesional y su derecho a una vida libre de agresiones. Según el Ministerio Público, entre enero y setiembre de 2026 se registraron 2,652 denuncias por acoso sexual en todo el país. Lejos de constituir un terreno aséptico o inofensivo, las plataformas digitales y las redes sociales operan frecuentemente como un escenario donde el acoso machista se camufla y se legitima bajo justificaciones que apelan al «humor», el «entretenimiento» o la «libertad de opinión». Este ecosistema de hostigamiento deja a las víctimas en una situación de profunda vulnerabilidad, la cual se ve agravada por la falta de un marco legal ágil, especializado y protector por parte de las instituciones estatales.
«La violencia digital no es un tema individual, es un tema colectivo» manifiesta, Fiorella Ferrari Lavalle, representante de Hiperderecho, quien en declaraciones para Wayka, advierte que la violencia de género en línea continúa enfrentando obstáculos para alcanzar sanciones efectivas en el sistema penal peruano.
El Caso Milena Warthon: El cuerpo femenino como espectáculo público
Un episodio reciente que evidencia estas graves deficiencias institucionales y sociales es el acoso digital sufrido por la cantautora peruana Milena Victoria Warthon Tamariz. El incidente fue detonado por la publicación de un material audiovisual a cargo del creador de contenido José Sebastián Cusquisiban Benítez, conocido en diversas plataformas digitales bajo el seudónimo de «Lemon Pay», quien se ca de investigación que buscaba analizar por qué los artistas peruanos son prejuzgados por su físicracteriza por realizar intervenciones callejeras ocultando su identidad debajo de una máscara de cuervo. En dicho video, Cusquisiban abordó a transeúntes mostrándoles una fotografía de Warthon y formulando preguntas explícitas centradas en averiguar si los entrevistados tendrían relaciones sexuales con ella, reduciendo a la artista de manera denigrante a un objeto de escrutinio sexual y físico, omitiendo su reconocida trayectoria musical o profesional. En Tiktok, Lemon Pay realizó un video donde declaró con sarcasmo: “Me retracto de mi proyectoo y no cuestionados por su talento”.

La reacción de la cantautora expuso con claridad las trabas operativas y la insensibilidad del sistema de atención y denuncia peruano. A través de pronunciamientos formales en sus redes sociales, Warthon denunció no solo el acto inicial de violencia y cosificación, sino el severo desgaste procedimental y la revictimización que implica para las afectadas intentar buscar justicia por la vía formal.
Su testimonio subraya con contundencia el impacto institucional que recae sobre las denunciantes: “Este choque con la realidad me hace preguntar, ¿dónde están aquellos que deben protegernos? Porque yo sé que no soy la única que ha sufrido algo así y no sabe dónde buscar ayuda”.
La artista cuestionó el diseño del sistema de denuncias, al que calificó de revictimizante para quienes buscan sanciones contra sus agresores. “Un sistema que está diseñado para revictimizarnos una y otra vez, en la que la víctima pierde tiempo y sufre un desgaste emocional irreparable, y todo para que al final el caso quede archivado”, lamentó Warthon en su pronunciamiento.

El laberinto legal
La trascendencia pública de este caso generó un pronunciamiento oficial por parte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). La entidad del Estado emitió un comunicado respaldando a la agraviada y remarcando la gravedad de estas agresiones: “El MIMP recuerda que ninguna mujer debe ser objeto de burlas, insinuaciones sexuales ni comentarios denigrantes. Estas conductas no deben ser toleradas pues contribuyen a normalizar la violencia contra las mujeres”. El ministerio concluyó su postura afirmando de manera categórica que “la violencia no se justifica, no se normaliza ni debe convertirse en entretenimiento”.
No obstante, las declaraciones institucionales, aunque establecen una condena discursiva esencial, suelen contrastar con la realidad operativa descrita por las víctimas. La inexistencia de fiscalías plenamente especializadas en cibercrimen con enfoque de género y las barreras probatorias provocan que, en la práctica, el peso de la recopilación de evidencias y el impulso de la denuncia recaiga sobre la mujer violentada, generando una sobrecarga emocional que frecuentemente deriva en el abandono del proceso legal.
Radiografía del acoso digital en el Perú: datos y tendencias
Para comprender la magnitud real de la violencia digital en el país, resulta indispensable observar los datos levantados por organizaciones de la sociedad civil y los registros estatales, los cuales confirman que el acoso en línea responde a un patrón generalizado. Según los reportes especializados de la organización Hiperderecho, basados en la data recopilada por su plataforma «No al Acoso Virtual», entre febrero de 2018 y junio de 2020 se documentaron formalmente 2580 casos de acoso virtual en el país. El perfil de los agresores revela una tendencia ineludible asociada al género: el 63% de los perpetradores de estos ataques fueron identificados como hombres. Asimismo, la recolección de evidencia determinó que los espacios de mayor riesgo no son foros anónimos recónditos, sino los servicios más comunes: el 98% de los episodios se materializan en redes sociales tradicionales (Facebook, Instagram, Twitter) y un 87% ocurre en aplicaciones de mensajería, posicionando al hostigamiento reiterado como la modalidad de violencia más recurrente.
El propio MIMP, a través de sus plataformas de orientación inicial, ha registrado cifras que concuerdan con estos hallazgos. Los datos del ministerio evidencian que el 86% de las personas que denuncian conductas como hostigamiento, extorsión con fines sexuales, suplantación de identidad e insultos electrónicos son mujeres. Estos porcentajes confirman lo sostenido por académicas y especialistas en derechos digitales. Tal como señala Paz Peña Ochoa, citada en las investigaciones de Hiperderecho, «la violencia por medios electrónicos no es algo nuevo ni único a las plataformas, sino un continuum de la violencia machista que atraviesa la cultura en nuestros países».
El contexto latinoamericano: un problema estructural
La desprotección de las mujeres en entornos digitales en el Perú es reflejo de una carencia institucional a nivel regional. Diversas investigaciones oficiales y reportes independientes en América Latina corroboran que el acoso digital actúa como una herramienta disciplinadora que busca expulsar a las mujeres del debate público.
En primer lugar, el informe «Violencia de género en línea hacia mujeres con voz pública» (2023), emitido por ONU Mujeres para América Latina y el Caribe, analizó a profundidad cómo las agresiones virtuales dirigidas contra comunicadoras, artistas y defensoras de derechos humanos tienen como fin último el silenciamiento. El estudio demostró un impacto directo en el ejercicio de la libertad de expresión: el 80% de las profesionales entrevistadas admitió haber limitado su participación en redes sociales a causa del hostigamiento, mientras que un 40% se autocensuró de forma total respecto a determinados temas profesionales. Las plataformas, necesarias para su desempeño público, se transforman en focos de acoso masivo.

En segundo lugar, la Organización de los Estados Americanos (OEA) a través de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), en su documento de 2025 «Violencia digital contra las mujeres en la vida política», determinó que estas agresiones transcienden con facilidad la barrera de lo virtual hacia lo físico. El documento detalla que las víctimas sufren padecimientos prolongados como cuadros depresivos, ansiedad aguda, ataques de pánico y aislamiento social. El análisis enfatiza un enfoque interseccional, precisando que la violencia en línea afecta con mayor intensidad y de manera diferenciada a mujeres activistas, así como a mujeres de pueblos originarios, afrodescendientes y disidencias sexuales.

En tercer lugar, informes panorámicos como «Mediciones de la violencia de género digital en América Latina y el Caribe» (2022), del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém do Pará (MESECVI), y la publicación «Prevenir la violencia digital contra las mujeres en Iberoamérica» (SEGIB y PNUD, 2025), alertan sobre un vacío crítico compartido por los Estados: las estadísticas oficiales continúan siendo fragmentadas, escasas o invisibilizadas dentro de las encuestas generales de criminalidad. Estas investigaciones demandan que las naciones reconozcan jurídicamente la violencia facilitada por las tecnologías como una violación expresa de los derechos humanos y adopten mecanismos de restitución y prevención contundentes.
Fallas del sistema de justicia y responsabilidad de las plataformas digitales
A partir de la investigación Después de la ley, que analiza casos y barreras entre 2020 y 2024, identifica tres problemas centrales: el desconocimiento de los operadores de justicia sobre el funcionamiento de las tecnologías, la falta de un enfoque de género y las deficiencias técnicas para recibir y preservar pruebas digitales. Aunque desde 2018 el Decreto Legislativo 1410 tipifica delitos como el acoso, el acoso sexual, la difusión de imágenes íntimas y el chantaje sexual, su aplicación todavía encuentra resistencias. «Los operadores de justicia no tienen conocimiento ni entendimiento de cómo funciona la tecnología y la violencia facilitada por las tecnologías», señala Ferrari.
La especialista también cuestiona que determinados ataques contra mujeres y personas LGBTIQ sean presentados como bromas u opiniones para justificar expresiones machistas, racistas, clasistas o LGTBIfóbicas. En referencia a la violencia interseccional que enfrentó la cantante Milena, sostiene que el humor no puede utilizarse para encubrir agresiones que reproducen estereotipos y discriminación. «Los derechos digitales terminan siendo derechos humanos atravesados por las tecnologías», enfatiza. Asimismo, advierte que las plataformas digitales suelen aplicar normas comunitarias uniformes sin considerar los contextos culturales y sociales de cada país.
Otro problema es la limitada responsabilidad de las empresas tecnológicas frente a la violencia que ocurre en sus espacios. Ferrari recuerda que en diciembre de 2025 se promulgó la Ley Modelo Interamericana para la prevención, identificación, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres en la vida política, impulsada en el ámbito de la OEA, y destaca las recomendaciones regionales sobre la corresponsabilidad de las plataformas digitales. Desde Hiperderecho, plantea que empresas como Meta y TikTok cuenten con oficinas en los países donde operan, con capacidad para atender denuncias y responder a situaciones específicas, especialmente durante procesos electorales.
Finalmente, advierte que denunciar estos hechos puede convertirse en un proceso revictimizante. Las fiscalías y dependencias policiales no siempre cuentan con recursos para recibir y preservar adecuadamente evidencias digitales: algunas todavía solicitan pruebas en formatos físicos y presentan dificultades para gestionar archivos protegidos. A ello se suma la falta de preparación de peritos psicológicos para comprender las características de estas agresiones. Frente a ello, Ferrari propone capacitación permanente, protección adecuada de las evidencias y atención sin revictimización. También recuerda que la respuesta no debe recaer únicamente en las víctimas: «La violencia digital no es un tema individual, es un tema colectivo». Por ello, recomienda que quienes presencien ataques en redes sociales los reporten en lugar de compartirlos o responder directamente, pues estas interacciones pueden aumentar su alcance.
El machismo alimentando el algoritmo
Analizar el cibercrimen desde un enfoque de género y de derechos humanos implica desarmar la noción institucional de que lo virtual carece de gravedad material. El caso de Milena Victoria Warthon Tamariz y la intervención de «Lemon Pay» expone cómo la autonomía y el cuerpo de las mujeres siguen siendo interpretados por sectores de la sociedad como territorios de dominio y consumo público. Cuando un creador de contenido escuda su identidad para someter a votación callejera la sexualidad o el valor físico de una artista profesional, no se encuentra ejerciendo el derecho a la libertad de expresión ni promoviendo el humor; se trata de una instrumentalización comercial de la misoginia. Esta dinámica, reforzada por los algoritmos y la viralización, lucra económica y socialmente con la cosificación femenina y normaliza la violencia simbólica como un producto de consumo masivo.
El hecho de que la agraviada deba detener sus actividades profesionales y destinar recursos personales y estabilidad psicológica para identificar canales de denuncia, evidencia que la carga de la contención continúa recayendo asimétricamente sobre las víctimas. El mandato de los derechos humanos establece que es obligación del Estado asumir una postura proactiva y reparadora, diseñando protocolos de investigación que no exijan a las mujeres someterse a continuos interrogatorios revictimizantes para probar el daño sufrido. La seguridad digital es un derecho inalienable, y la habitabilidad de internet debe garantizarse con los mismos estándares de rigor jurídico que el espacio físico.
Canales de ayuda
La erradicación de la violencia digital exige que el debate trascienda la condena mediática temporal y se enfoque en la edificación de instituciones judiciales con capacidad técnica, empatía procesal y enfoque de género. La inacción o tolerancia frente al hostigamiento en internet perpetúa el daño psicológico y valida la impunidad.
Si estás atravesando una situación de acoso digital, extorsión, difusión de contenido sin consentimiento, hostigamiento o cualquier modalidad de violencia, es fundamental recordar que el Estado cuenta con servicios de atención. Puedes comunicarte de manera confidencial y gratuita a nivel nacional a través de la Línea 100 del MIMP, operativa las 24 horas del día.
Asimismo, es posible buscar asesoría legal, psicológica y social en cualquier Centro Emergencia Mujer (CEM) o recurrir al Chat 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para recibir orientación profesional especializada, tanto para casos de ciberviolencia como de violencia presencial.
Desde Hiperderecho, Tecnoresistencias es un espacio abierto que brinda herramientas para enfrentar la violencia digital y promover una navegación más segura en internet. A través de recursos, información y acompañamiento, busca fortalecer las capacidades de mujeres y personas LGBTIQ+ para identificar, prevenir y responder a las agresiones en línea, así como defender sus derechos digitales. Puedes conocer más en la plataforma Tecnoresistencias de Hiperderecho.
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