Comisión Permanente del Congreso aprobó propuesta legislativa sustentada por aprista Jorge del Castillo. Proyecto prohibiría detener a policías que, al usar su arma de reglamento, lesionen o maten a alguien. Se advirtió que medida resultaría peligrosa en el contexto de un conflicto social.

Redacción Wayka

Este miércoles se aprobó en primera votación el proyecto de Ley de Protección Policial, que evitaría detener a agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) por herir o matar a alguien en el ejercicio de sus funciones.

La iniciativa reúne propuestas de Jorge del Castillo (Apra), Maritza García (Fuerza Popular), Marisol Espinoza (Alianza por el Progreso) y Gloria Montenegro (Alianza por el Progreso).

Así, se plantea que los policías reciban asesoría legal, garantizada por el Estado. Del Castillo, presidente de la comisión de Defensa, indicó que el proyecto busca evitar «detenciones arbitrarias en el caso de un policía que ejerce la autoridad».

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Extracto del proyecto de ley N° 4351, presentado por Jorge del Castillo

El proyecto del congresista aprista precisa que en caso un miembro de la PNP use sus armas de forma reglamentaria y cause lesión o muerte, estaría prohibido ordenar detención preliminar o prisión preventiva. En su lugar, se dictarían medidas de comparecencia restrictiva. De acuerdo al Código Procesal Penal, estas son:

  • Cuidado y vigilancia al acusado por parte de una persona o institución determinada
  • Obligación de no ausentarse de la localidad de residencia, o de presentarse a la autoridad en días fijos
  • Prohibición de comunicarse en determinadas personas
  • Caución económica o fianza
  • Vigilancia electrónica personal

Votaron a favor de la ley 17 congresistas de Fuerza Popular y el Apra, con 3 votos en contra y 1 abstención. El Frente Amplio pidió reconsideración, pero esta fue negada. También se exoneró al proyecto de una segunda votación.

¿Protección o impunidad?

Durante el debate en la Comisión Permanente, se planteó que la iniciativa podría resultar peligrosa en el contexto de un conflicto social.

«Cuando sean delincuentes, muy bien aplicado y que la policía tenga toda la protección, pero cuando hay un conflicto social, no se puede tener este tipo de ley«, dijo el parlamentario Arce. Recordó el caso del Baguazo, el conflicto por Tía María y Las Bambas, como ejemplos en los que se ha criminalizado la protesta; donde hubo muertes ciudadanas que quedaron impunes.

La mención del Baguazo no agradó al congresista Javier Velásquez Quesquén (Apra), quien hizo una comparación entre las movilizaciones sociales y el terrorismo. «Ese discurso del congresista Arce parece el discurso de los parlamentarios de la década del 80 cuando defendían a Sendero y al MRTA», deslizó.

«Una comunidad campesina que defiende su agua, que defiende su tierra, no puede ser comparada con delincuentes que le han hecho tanto daño al país», protestó el congresista Arce.

Por otro lado, la congresista Alejandra Aramayo (Fuerza Popular) consideró el proyecto de ley positivo. «Más aún cuando hay gente que amotina, que propone que la gente salga a las calles. Hay gente que alienta la criminalización de la protesta: actores gremiales, políticos… frente a eso hay que defender al policía nacional», comentó.

Por su parte, el congresista Marco Arana (Frente Amplio) calificó la iniciativa aprobada como «Ley del Gatillo Fácil».

A favor y en contra

Las medidas han sido saludadas por Carlos Morán, ministro del Interior. Sin embargo, tanto el Ministerio de Justicia, la Defensoría del Pueblo y el Poder Judicial emitieron opiniones desfavorables al proyecto de ley.

«Nuestro ordenamiento jurídico tiene la obligación de emitir normas que contengan penas que sean proporcionales al daño causado […], principio del cual no se observa mayor desarrollo en esa propuesta legislativa», indicó la Defensoría.