| Por Kevin Huamani Ochoa

Para Dina Boluarte y el Ejecutivo, una persona que sale a protestar en defensa de sus derechos parece ser más peligrosa que un delincuente dedicado a la extorsión y el sicariato. El despliegue policial ordenado ante marchas contra el régimen de Dina Boluarte, el Congreso y el crimen en comparación con los efectivos movilizados para luchar contra la delincuencia evidencia las prioridades de las autoridades de turno.

Lima vive un desborde de criminalidad a raíz de las denuncias de trabajadores y empresarios del transporte urbano por constantes extorsiones mediante el cobro de cupos para permitirles trabajar. Hasta la fecha, alrededor de 10 transportistas han sido asesinados por negarse a pagar los ilegales montos a las organizaciones criminales y hay decenas de vehículos que han sido quemados o vandalizados. El jueves 26 de septiembre los transportistas acataron un primer paro contra el Congreso y el Poder Ejecutivo para exigir garantías de trabajo.

Ante la movilización social, un día después, el 27 de febrero, el Poder Ejecutivo declaró el Estado de Emergencia por 60 días en 14 distritos entre Lima y Callao y ordenó la intervención de la Fuerza Armadas. Además, se anunció la movilización de más de 7 mil agentes de la Policía para desplazarse en las jurisdicciones bajo la emergencia. En otras palabras serían unos 500 policías que estarían en las calles de Villa El Salvador, San Juan de Lurigancho, Independencia, Puente Piedra y otros.

Sin embargo, ante situaciones de protestas sociales contra Dina Boluarte o el Congreso, el Ejecutivo también ha ordenado el Estado de Emergencia y ha desplegado una mayor cantidad de efectivos del orden para contener las manifestaciones. La mañana del 9 de octubre, el comandante general de la Policía, Víctor Zanabria, durante una entrevista en Radio Nacional, confirmó que se ordenó el despliegue de más de 20 mil policías y apoyados por 3 mil miembros del Ejército para salir a las calles ante el segundo paro anunciado por los trabajadores del transporte urbano.

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Por su parte, en horas de la noche del mismo día, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, junto al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general David Ojeda Parra, desde el Campo de Marte del distrito de Jesús María, anunció que serían más de 14 mil policías y 4 mil miembros del Ejército los se destinarán ante el paro de transportistas. Mediante sus redes sociales, la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) denunció el alto despliegue militar en la zona e indicaron que se buscaría “silenciar manifestaciones y protestas contra el régimen”.

Los policías desplegados por parte de Dina Boluarte y el Ministerio del Interior para contener una protesta social que reclama el respeto al derecho al trabajo, la vida, la seguridad y la derogación de la Ley 3208 que beneficia a las organizaciones criminales fueron de más de 14 mil mientras que los destinados para el Estado de Emergencia y acabar con las extorsiones y la delincuencia fueron de apenas de 7 mil. El Estado ordenó el doble de cantidad de policías para contener manifestaciones sociales en comparación con los efectivos dirigidos a aplacar el crimen en el Estado de Emergencia.

No obstante, no es la primera vez que Dina Boluarte ordena un gran contingente policial para amenazar manifestaciones sociales. El 9 de febrero del 2022, la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP) convocó a una marcha en Lima por la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso, adelanto de elecciones generales y otros. La convocatoria se realizó en el periodo de mayor movilización social a nivel nacional entre diciembre del 2022 y marzo del 2023 a raíz de la toma del Poder Ejecutivo por parte de Boluarte. La respuesta del Estado fue movilizar alrededor de 10 mil policías en las inmediaciones del Cercado de Lima.

Además, en ese entonces, en un intento de frenar la movilización, el Ministerio de Trabajo declaró improcedente la huelga de la CGTP del 9 de febrero. Por su parte Dina Boluarte declaraba que no entendía el propósito de exigir su renuncia al cargo. “Mi renuncia no termina la crisis, mi renuncia no acelera absolutamente nada”, decía Boluarte. Solamente hasta el 9 de febrero del 2022 ya se registraban 47 personas muertas por la represión de las fuerzas armadas en el marco de las protestas.