En estos últimos días se registró la tercera movilización más grande de repartidores de delivery por aplicativo en el Perú. Esta vez fueron motorizados de Rappi. Esta nueva protesta ha puesto sobre la mesa la falta de regulación de este rubro. Tanto el Gobierno como el Congreso están de espaldas a esta nueva economía de plataformas y sus sistema de precariedad laboral.

Por Jair Sarmiento

John, sobre su moto, recibe una notificación. Tiene tres pedidos. Una hamburguesa, un chaufa y sushi. Tendrá que hacer seis paradas. Tres para ir a recoger los pedidos a los restaurantes y tres para entregar los pedidos. Hará tres viajes, por los que se les debería pagar el triple, eso sería lo ideal, pero para Rappi no, por el contrario, implementó un nuevo sistema que, según los motorizados, los precariza aún más.

Por esa razón, John y cientos de motorizados se echaron a rodar para protestar, una vez más, contra los abusos de esta nueva economía de las plataformas que se atiza cada día. Fue la tercera movilización más grande de repartidores en Lima.

Es necesario agregar que Rappi tiene 12.000 trabajadores motorizados. Según los repartidores, el 95% ha estado de acuerdo con esta medida de lucha.

Este año, John y sus colegas se plantaron en la Costa Verde, a la altura del distrito de Magdalena. Debido a su gran número y por ser un sector que usualmente no sale a reclamar, llamó la atención de canales de televisión, sin embargo, es necesario señalar que este rubro es informal y no tiene ninguna regulación de alguna autoridad y las protestas por sus derechos laborales provienen desde el 2018, cuando estos aplicativos aterrizaron en el Perú.

¿El motivo de esta reciente protesta? La nueva opción ‘económica’ que la empresa de reparto ha incorporado en su aplicativo para atraer más clientes, pero que Jhon y sus compañeros que laboran todos los días para esta app sienten que los perjudica.

Según explican los trabajadores de Rappi, si el envío de un cliente cuesta S/ 5, la empresa lo reduce a S/ 1.50 o S/ 1. “El monto es menor, pero eso quiere decir que tu pedido va a demorar mucho más porque estás pagando menos de la tarifa normal que cuesta el delivery, que por lo general son entre S/ 5 y S/ 4”. 

En ese sentido, los pedidos pueden ser dos, tres o cuatro en diferentes zonas de la ciudad por un monto mínimo. 

Si bien esto es beneficioso para los clientes del aplicativo, no es así para los repartidores ya que el pago es mucho menor por la sobrecarga laboral que realizan a partir de ese nuevo sistema económico. 

“No pagan adicional cuando deberían hacerlo, todo lo asume el repartidor, ese es el principal problema de la protesta”, señala John, quien también reconoce que esta es una de las tantas exigencias en materia laboral que se le demanda a la empresa de delivery.

A modo de ejemplo, John envía una captura de pantalla del aplicativo. Ahí se puede ver que hay dos pedidos, por ende cuatro paradas, por un monto de S/ 4.43 por 4.8 kilómetros (km). 

“En todas las aplicaciones de delivery hay algo que se denomina pago base para el repartidor, que es un pago básico que puede variar entre S/ 1.20 a S/ 2.00, esto varía según la aplicación, y luego hay un pago que es por km recorrido, entre 60 a 90 céntimos. Todo eso se debería multiplicar por dos, tres o cuatro, dependiendo el número de pedidos; más los pagos base y los km recorridos, pero Rappi no lo hace”, señala John.

Los repartidores también apuntan que la aplicación de Rappi se maneja a través de un algoritmo que nadie controla.

“Nuevamente la demanda puesta justamente en evidencia es la mejora en el pago de las tarifas, la mejora en el reconocimiento de su trabajo, también un trato humano, un trato justo que reconozca el esfuerzo de todos ellos, y esperemos que no escale en términos sociales y para eso es importante hacer un llamado a las autoridades”, comenta Alejandra Dinegro, socióloga y directora del Observatorio de Plataformas Perú.

La experta señala que en el Congreso hay 17 proyectos de ley sobre este rubro y sus demandas laborales, pero todavía no hay avance en el debate de los dictámenes, y tampoco hay un avance en la conformación de un grupo de trabajo en el Ministerio de Trabajo.

El miércoles 22 de mayo, los repartidores se reunieron con la congresista y presidenta de la Comisión de Trabajo, Sigrid Bazán, para exponer su problemática. 

“Ya la comisión que presido tiene un dictamen, entendemos que la Comisión de Economía tiene otro dictamen pendiente que aún no elabora, buscamos facilitar, ya sea que los dos dictámenes se den o en todo caso que el dictamen de la Comisión de Trabajo pase al pleno, aprobar una ley y que más allá de acuerdos, promesas o palabras, se pueda tener una ley y que sean reconocidos como trabajadores”, declaró Bazán.

Luego de las protestas de los motorizados y la exposición mediática, Rappi emitió un comunicado para decir que estaban dispuestos a dialogar.

En estos momentos, los repartidores están esperando una mesa de diálogo con Rappi, pero señalan que tendrán mucha cautela ya que aún no tienen una norma o ley que los avale o proteja.

Según fuentes internas, la empresa le ha pedido a los motorizados que no intervengan terceros, como expertos o especialistas en el tema.

Wayka se comunicó con Rappi para conocer cómo va el proceso de diálogo con sus trabajadores, pero no hubo respuesta a esta pregunta al cierre de esta nota.

Sin embargo, sí fueron reiterativos en que los motorizados «no son trabajadores si no repartidores independientes porque no tienen un contrato de trabajo, ya que tienen flexibilidad de conectarse y desconectarse cuando prefieran».

Asimismo, este medio se intentó comunicar con el ministro de Trabajo, Antonio Varela Bohórquez, para saber las acciones que hará su sector sobre la falta de derechos laborales en las plataformas de delivery, pero no hubo respuesta.