Cajamarca: Padre denuncia impunidad frente a presunta violación a su hija de 15 años

Un padre campesino en Cajamarca denuncia la absolución de Nestor Cueva Lobato (46), presunto violador de su hija de 15 años. Además, exige la destitución del juez Daniel Holguín que absolvió a Cueva y señala que ese magistrado habría  favorecido anteriormente a otros agresores sexuales. Según la Defensoría del Pueblo, menos del 10% de los casos de violencia sexual en el Perú llegan a una sentencia condenatoria.

“Así vivimos los campesinos, pagando a las autoridades para que hagan justicia, pero no lo hacen”. La voz del padre de la entonces menor suena entrecortada y cansada. Su hija, de iniciales A.G.O., es una víctima de presunta violación sexual por parte de un hombre de 46 años en Cajamarca. Su caso, como el de miles de menores en el Perú, reflejaría un patrón de impunidad que se repite: autoridades que archivan denuncias, jueces que absuelven a agresores y familias que quedan solas, resistiendo entre el miedo y la indignación, según han advertido organizaciones de derechos humanos como Acción por la Igualdad.

El acusado, Nestor Cueva Lobato, fue denunciado ante el Ministerio Público, pero el proceso judicial tiene cuestionamientos Según el expediente N.º 00014-2022-3-0601-JR-PE-04, el juez Daniel Holguín habría emitido resoluciones favorables al acusado, pese a los indicios presentados por parte del denunciante. “El juez Holguín ya antes absolvió a otro violador, un empresario llamado Víctor Chilón Durán, a pesar de que todo estaba comprobado”, denuncia el padre a Wayka. “Ahora hace lo mismo con este sujeto Cueva Lobato. Por eso pido que este juez sea destituido o separado del caso”, exige.

El documento judicial, al que Wayka accedió, detalla que los hechos habrían ocurrido entre noviembre de 2019 y febrero de 2020, cuando la menor tenía 15 años, siendo aún menor de edad, lo que  es un agravante según la legislación penal. Las pruebas incluyen comunicaciones telefónicas, pruebas médicas y testimonios que vinculan directamente al imputado con los actos de agresión sexual. Pese a ello, el proceso ha avanzado lentamente, en medio del agotamiento emocional y económico de la familia.

“No hubo justicia para la víctima”

Para Amire Ortiz Arica, abogada y directora de la organización de derechos humanos “Acción por Igualdad”, el fallo judicial revela un patrón de parcialidad y desprotección. “A mí me preocupa bastante el abordaje jurídico parcializado que realiza el Poder Judicial en este caso. No se puede analizar un delito de violación sexual desde una mirada puramente penal, desconectada de la realidad social y sin enfoque de género”, señala Ortiz.

La especialista explica que el juez centró todo su análisis en la inocencia del acusado, sin considerar el contexto de vulnerabilidad de la menor. “El análisis del juzgado parte de la idea de demostrar que el acusado no es culpable, y no de garantizar justicia para una niña que ha denunciado violencia sexual. Eso es gravísimo.”

Ortiz enfatiza que el consentimiento no puede ser argumento de defensa cuando se trata de una menor de edad. “No se puede hablar de consentimiento cuando existe una relación de poder entre un hombre de 46 años y una adolescente campesina. Esa asimetría debería ser suficiente para activar todas las alarmas judiciales.”

Según la abogada, el fallo no valoró las pruebas médicas que confirmaban lesiones compatibles con una agresión sexual. “El testimonio de la víctima no tuvo el mismo valor que el de los testigos del imputado, y eso es inadmisible. Las pruebas médicas legales que acreditan lesiones fueron descartadas sin fundamento.”

El padre también cuestiona que no se haya levantado el secreto de las comunicaciones de los números telefónicos involucrados en el caso. “Dicen que esos números no tienen titular, pero acá todos sabemos quiénes son. Algo deben tener con este sujeto”, sospecha el padre.

Falló se encuentra en apelación: Daño emocional y derecho a la reparación

Más allá de la sentencia, Ortiz resalta que el Estado tiene la obligación de garantizar atención psicológica y acompañamiento a la denunciante. “La justicia reparadora no está funcionando. Esta niña ha sido revictimizada y necesita apoyo emocional urgente para reconstruir su proyecto de vida. El daño psicológico que genera la impunidad es irreversible.”

La abogada también comparte la postura de que fue necesaria una apelación por vulneración del debido proceso y ausencia de enfoque de género.  “Mientras la violación sexual no sea tan inaceptable como el canibalismo, seguiremos viviendo en un país que normaliza la violencia contra las niñas.”

Según el documento de apelación presentado ante el Poder Judicial de Cajamarca, la defensa de la menor A.G.O. solicita la revocatoria de la sentencia absolutoria que favoreció a Nestor Cueva Lobato. En el recurso, se argumenta que el fallo emitido por el juez Daniel Holguín incurre en una errónea valoración de las pruebas y vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, al no otorgar el debido peso al testimonio de la víctima ni al informe médico legal que confirmaba lesiones compatibles con violencia sexual.

“La justicia es más cruel con las adolescentes pobres y rurales”

Según Acción por la Igualdad, el caso de A.G.O. refleja las múltiples capas de discriminación que enfrentan las niñas campesinas en el Perú. “Estamos hablando de una adolescente rural, de una adolescente pobre, de una adolescente racializada. La justicia es racista, clasista y violenta con mayor ahínco hacia poblaciones ya vulneradas, como es la población andina. Y estamos acá en el caso de una adolescente, que se dedicaba a la ganadería… que pertenece a una zona rural de pobreza, sin acceso a educación ni a servicios básicos. Entonces, qué fácil es, y estamos hablando de un sujeto que tiene camioneta, poder, acceso, dinero… y la justicia, una vez más, elige ponerse del lado del agresor.”, advierte Ortiz.

En regiones como Cajamarca, Ayacucho y Huancavelica, las cifras de violencia sexual se agravan por la falta de psicólogos, abogados y peritos especializados. Según el portal estadístico Warmiñan del Ministerio de la Mujer, cada hora dos niñas o adolescentes son víctimas de violencia sexual en el país.

“Denunciar una violación sexual en el Perú es doloroso y cruel, sobre todo cuando el propio sistema judicial revictimiza a las denunciantes. Aquí no se ha buscado justicia para una niña, sino proteger la imagen de un agresor”, señala Ortiz.

Un país donde ser niña o adolescente es un riesgo

En el Perú, la violencia sexual contra niñas y adolescentes campesinas o indígenas sigue siendo una forma de discriminación estructural: se castiga su pobreza, su origen y su condición de mujer. Según Ortiz, el caso de A.G.O. no es una excepción, sino una muestra más de un sistema que falla en proteger a las más vulnerables.

La denuncia del padre de la víctima no solo apunta a un fallo judicial que tarda, sino a un sistema que parece proteger a los agresores. En los últimos meses, el padre ha insistido ante la Fiscalía y el Poder Judicial sin obtener respuesta. “Yo no me escondo detrás de nadie, solo quiero justicia para mi hija”, afirma.

Canales de ayuda

Si eres víctima o testigo de violencia de género o sexual, comunícate con la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, disponible las 24 horas, o acude al Centro de Emergencia Mujer (CEM) más cercano. También puedes escribir al Chat 100 para recibir orientación psicológica y legal gratuita.

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