El caso El Frontón se encuentra en juicio oral, en etapa de testigos, a cargo del tribunal integrado por los jueces: Edhin Campos Barranzuela, Hans Contreras Cuzcano y Otto Verapinto Márquez. Pero una sentencia del Tribunal Constitucional podría retroceder todo lo avanzado.

Claudia Risco

El Tribunal Constitucional declaró fundado un recurso que puede tener consecuencias para el juicio que se sigue en el Poder Judicial sobre el caso emblemático El Frontón, en el que se juzga a varios marinos por la matanza de más de un centenar de reos que se habían rendido tras un amotinamiento, en 1986, durante el primer gobierno de Alan García. Con esta resolución, la institución repone una sentencia del 2013, que indica que el caso no constituye delito de lesa humanidad.

Votaron a favor los cuestionados magistrados del TC José Luis Sardón, Ernesto Blume y Augusto Ferrero, quien hizo valer su voto decisorio como presidente del Tribunal Constitucional, el que vale por dos. Esta resolución establece que se puede concluir el proceso (por prescripción) al no constituir como delito de lesa humanidad.

Esta no es la primera vez que los avances del caso El Frontón son petardeados. La sentencia del 14 de junio del 2013 estableció que no podía calificarse como crimen de lesa humanidad, delito que daba continuidad a la investigación fiscal de ese entonces, apuntando a su prescripción. José Luis Sardón, Ernesto Blume y Augusto Ferrero declararon fundado el recurso que pide reponer esta sentencia.

En contra de reponer esta sentencia votaron los magistrado Marianella Ledesma, Eloy Espinosa-Saldaña y Manuel Miranda.

Ledesma, en el fundamento de su voto, comentó que habían muchas irregularidades y agregó que la sentencia del 2013 es “una invasión de competencias”, debido a que el juez constitucional no le está permitido actuar como penal. Además, expresó su preocupación por las incansables ocasiones que han buscado algunos para archivar este caso, por todos los medios y desde todas las esferas.

IMPUNIDAD Y OLVIDO

Juan Carlos Ruiz Molledo, abogado y coordinador del área de litigio constitucional del Instituto de Defensa Legal, resalta que lo resuelto por el Tribunal Constitucional va en contra de la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Durán y Ugarte, que exige al Estado peruano investigar y sancionar a los responsables de la matanza de El Frontón. Además, el recurso de esta institución le da la razón a los abogados de los marinos procesados porque ellos presentaron este recurso con el fin de buscar la impunidad, así lo resalta el especialista.

 «Un  tribunal no puede incumplir con una sentencia de la Corte, esta institución ha dicho investiga y procesa a los responsables. Lo que busca este recurso es dejar sin efecto el proceso contra los responsables de la matanza de El Frontón. No puedes incumplir una sentencia de la corte, eso es lo más grosero«, subraya Ruiz.

Con este fallo, el Tribunal Constitucional no estaría cumpliendo con sus funciones. «Su rol no es de juez penal, pero cuando dice no son delitos de lesa humanidad se esta comportando como un juez penal, no es su competencia, ahí se excede. Lo que va a ocurrir es que la corte interamericana va a enviar una carta: «no estas cumpliendo con mi sentencia«, apunta Ruiz.

CASO EL FRONTÓN

La matanza en los penales sucedió el 18 y el 19 de junio de 1986 a raíz del amotinamiento de los presos acusados de terrorismo recluidos en las prisiones de San Juan de Lurigancho y El Frontón y en la cárcel de mujeres de Santa Bárbara, ubicadas en las provincias de Lima y de Callao. La Marina de Guerra intervino y asesino al menos a 113 reos. Muchos ya estaban rendidos cuando les dispararon. Se acusaron a 33 exmarinos por homicidio calificado en la modalidad de asesinato con ferocidad y explosión, en la modalidad de lesa humanidad.

El juicio oral se inició recién el 2017. Juan José Quispe, abogado penalista del Instituto de Defensa Legal, que representa a familiares de las víctimas, estima que el caso dure por lo menos 6 a 8 años más. La próxima audiencia será el 24 de marzo. La defensa de las víctimas prepara un documento para ser enviado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde se enumeran las irregularidades de la sentencia del Tribunal Constitucional.