Chaparrí: Denuncian nuevo intento de asesinato contra presidente comunal

Edívar Carrasco, presidente de la Comunidad Campesina Muchik Santa Catalina de Chongoyape, fue víctima de un nuevo atentado en Chiclayo. La comunidad sospecha que el ataque estaría vinculado a redes de tráfico de terrenos.

Un nuevo atentado contra Edívar Carrasco, presidente de la Comunidad Campesina Muchik Santa Catalina de Chongoyape, se registró el lunes 19 de mayo en Chiclayo, Lambayeque. La comunidad acusa a presuntos traficantes de terrenos y denuncia inacción de las autoridades.

Según un comunicado difundido en redes sociales, la Junta Directiva y los comuneros informaron que el hecho ocurrió durante una constatación de tala en el sector Yaipón, dentro de la Reserva Ecológica de Chaparrí. La diligencia —solicitada por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR)— fue interrumpida por cuatro personas encapuchadas, armadas con machetes, quienes habrían amenazado de muerte al dirigente.

“He sufrido un intento de asesinato y posteriormente me han perseguido hasta el local comunal, donde también recibí amenazas de muerte”, declaró Carrasco.

La inspección había sido solicitada por SERFOR en respuesta a una denuncia presentada en noviembre de 2024 contra Carrasco, por supuestamente promover la tala ilegal en la zona. Sin embargo, la diligencia fue suspendida ante la falta de garantías para la seguridad de los participantes, según señala el pronunciamiento comunal.

En el documento, la comunidad también cuestiona “la inoperancia de la Subprefectura de Chongoyape” por haber negado las garantías personales solicitadas a favor del presidente comunal. Además, informan que acudieron a la Comisaría de Chongoyape para denunciar el atentado, pero el personal policial se habría negado a recibir la denuncia, indicando que esta debía ser derivada a la Subprefectura.

“Así, en conjunto, tanto la Subprefectura como la PNP desconocen los compromisos de protección que el Estado ha asumido con nuestros líderes en riesgo”, sostiene el comunicado.

Criminalización y denuncias dudosas

El 7 de noviembre de 2024, SERFOR recibió tres denuncias a través de su portal web contra Carrasco, en las que se le acusa de promover la tala ilegal de más de 200 hectáreas dentro del área protegida de Chaparrí.

La comunidad sostiene que estas denuncias forman parte de una estrategia de criminalización contra su dirigente. Lo que agrava la situación, afirman, es que han identificado a uno de los denunciantes: Segundo Francisco Barrantes Paiva, quien ese mismo día —según la comunidad— se encontraba en prisión.

Barrantes Paiva fue sentenciado a ocho años de prisión por el delito contra los bosques o formaciones boscosas en su forma agravada, en el sector La Cascada de Racarrumi, el mismo lugar desde donde denunció a Carrasco. La sentencia fue confirmada por la Primera Fiscalía Superior de Lambayeque.

“Es lamentable que el SERFOR recoja denuncias calumniosas contra mi persona, donde se me acusa de tala de árboles inexistentes en la zona, como el nogal, el castaño, el roble, y otras especies que no crecen en nuestra reserva”, sentencia Carrasco.

Protección en letra muerta

En febrero de 2021, el Ministerio de Justicia emitió la Resolución Directoral N° 004-2021-JUS/DGDH, que sustenta el Procedimiento de Alerta Temprana del Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos en la Comunidad Campesina Muchik Santa Catalina de Chongoyape. Esta medida fue resultado de una solicitud y recopilación de información realizada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

Sin embargo, pese a la existencia de este protocolo, los comuneros de Chaparrí continúan enfrentando amenazas y ataques. Uno de los casos más recordados ocurrió el 30 de diciembre de 2017, cuando José Napoleón Tarrillo Astonitas, teniente gobernador del sector El Mirador, fue asesinado en su propia vivienda. Su muerte se ha convertido en un símbolo del riesgo que enfrentan quienes defienden el territorio comunal.

Ayer, 20 de mayo, Edívar Carrasco, presidente comunal y víctima de un reciente atentado, presentó ante el Ministerio Público un petitorio para que se inicien investigaciones por el presunto delito de tentativa de homicidio. Respaldado por su comunidad, Carrasco ha identificado a tres personas como presuntos agresores: Erik Adrián Cabrera Núñez, Jorge Luis Carhunambo Huatay y Maritza Elizabeth Reyes Bravo.

Al cierre de esta edición, Carrasco también se reunió con representantes de la Defensoría del Pueblo en Chiclayo y recibió el respaldo de la congresista Ruth Luque.

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