El Proyecto de Ley 785, presentado por la congresista Milagros Aguayo propone, principalmente, otorgar derechos de una persona a un “concebido” o no nacido.

En sus intentos por eliminar la decisión de las mujeres sobre sus cuerpos y su salud sexual y derechos como gestantes, la congresista Milagros Jáuregui de Aguayo (Renovación Popular) presentó un proyecto de ley que busca dar derechos de persona al “concebido”, con lo que pretende impedir el derecho al aborto pero además obstaculizar el ya existente aborto terapéutico que se aplica en las mujeres en caso de riesgo de sus vidas y su salud.

El proyecto actualmente se encuentra en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlamento. 

Dicho Proyecto, que fue recibido en el Congreso en noviembre de 2021,  propone “adecuar el marco legal vigente reconociendo al ‘concebido’ como persona humana sujeto de derecho y de esta manera garantizar y reconocerle los derechos que le correspondan, conforme señala la Constitución”.  Esto a través de la modificación del artículo 1 del Código Civil Peruano. 

Desde hace años, movimientos religiosos que se oponen  a considerar el aborto como derecho han intentado que lo que llaman ‘el concebido’ sea sujeto de derechos. En el Perú, hasta el momento, el ordenamiento infra constitucional ha establecido la primacía del derecho a la vida del concebido salvo cuando se enfrenten al derecho a la vida o al derecho a la salud física y mental de la mujer gestante.

El concebido además no tiene rango de persona y lo que se busca al darle derechos es impedir cualquier legislación o norma favorable para el aborto seguro.

Sin embargo, la congresista Aguayo pretende que en caso de que la vida de la gestante esté en riesgo le corresponde también al “cónyuge, conviviente o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y primeros de afinidad decidir respecto a los actos médicos a ejecutarse. Es decir, la opinión de la mujer queda en discusión o podría ser anulada frente a la de su esposo, pareja o familiares. 

Según Isbelia Ruiz, analista de Incidencia congresal  y políticas públicas de Promsex, “este enunciado es contrario al estándar normativo vigente que reconoce el consentimiento de la mujer gestante como el único requerido frente a situaciones de peligro para sí mismas”. 

Además, agregó que “estas medidas están buscando cómo arrebatar la potestad de las mujeres de tomar decisiones autónomas sobre sus capacidad de gestar, sobre sus derechos sexuales y reproductivos, sobre su vida, sobre sus deseos. Una mujer, incluso en una situación de riesgo, debe tomar decisiones como por ejemplo seguir con la gestación hasta el parto, pero esa es su decisión y esa decisión debe respetarse. No es lo mismo que otra persona venga a tomar decisiones por esta mujer”. 

La especialista acotó, además, que la posible aprobación de este proyecto “atenta contra la dignidad de todas las mujeres, de todas las niñas, de todas las adolescentes que son forzadas a llevar a término un embarazo. Esta ley atentaría contra todo lo que se ha ganado hasta el día de hoy (…) Por eso estamos alertas, estamos haciendo seguimiento y buscando acciones desde la sociedad civil”.