Congreso aprueba ley que elimina el enfoque de género: retroceso histórico para mujeres y diversidades
El Pleno del Congreso aprobó —por insistencia— la nueva ‘Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres’, impulsada por la congresista conservadora Milagros Jáuregui. Pese a que el nombre usa la palabra “igualdad”, la norma elimina derechos y se termina por completo con el enfoque de género de las políticas públicas, borrando el lenguaje, los lineamientos y los instrumentos que durante 20 años permitieron identificar desigualdades estructurales, combatir la violencia contra las mujeres y garantizar derechos ya reconocidos por tratados internacionales.
La nueva ley, que ya pasó a autógrafa, ha sido calificada por organizaciones de derechos humanos como “uno de los mayores retrocesos normativos desde los años 90”. El pronunciamiento conjunto suscrito por Amnistía Internacional, Flora Tristán, la CNDDHH, Manuela Ramos, Demus y Promsex advierte que esta medida carece de sustento técnico y responde a una imposición ideológica que aumentará la vulnerabilidad de mujeres, niñas, adolescentes y personas LGTBIQ+.
“Rechazamos que el Congreso continúe con su empeño en promover leyes que constituyen graves retrocesos para el país (…) La igualdad no se construye negando derechos”, señala el comunicado difundido el 20 de noviembre.
Una ley hecha para desaparecer el término género, no para proteger derechos
La exposición de motivos de la norma, según el análisis de Shely Cabrera, abogada de Manuela Ramos, revela un objetivo explícito: eliminar el concepto de “género” de toda política pública y reemplazarlo por una noción reducida de “igualdad entre hombres y mujeres”, desechando enfoques que protegen a personas trans, no binarias y otras identidades de género.
Además, el dictamen aprobado establece restricciones a ONG y organizaciones especializadas, limitando su participación en capacitaciones del Poder Judicial y otros espacios estatales, como reportó LP Derecho. También reduce la capacidad del Estado de diseñar políticas basadas en evidencia sobre feminicidios, violencia sexual, brechas laborales o desigualdades en el acceso a la salud.
El Congreso ha emprendido una serie de cambios que buscan desfinanciar políticas de igualdad, eliminar programas de protección y debilitar instituciones como el Ministerio de la Mujer, bajo el argumento de evitar “ideologías”.
“Eliminar el enfoque de género es eliminar la estructura que previene la violencia” Así es la lectura para la abogada de Manuela Ramos, esta ley no solo es regresiva, sino peligrosa:
“Eliminar el enfoque de género es quitarle la estructura misma a las políticas por las cuales hemos luchado tanto. Es un retroceso gigante y un golpe frontal a la prevención. Sin enfoque de género no se puede evitar que surjan nuevos agresores.”
Cabrera explica que la prevención de violencia no se logra solo atendiendo víctimas o sancionando agresores:
“Es indispensable una educación con enfoque de género y educación sexual integral que enseñe a niñas, niños y adolescentes que las mujeres no son propiedad de nadie, que merecen respeto y que ningún tipo de violencia debe normalizarse.”
La abogada advierte que el proyecto de Jáuregui manipula el concepto de género para presentarlo como discriminatorio, cuando en realidad reconocer desigualdades es lo que permite enfrentarlas:
“Decir que reconocer esa violencia estructural es discriminación es desconocer la realidad política: tenemos más de 800 partos de niñas menores de 14 años en lo que va del año, más de 114 feminicidios, y miles de denuncias que ni siquiera llegan al sistema de justicia.”
Organizaciones piden observación presidencial
En su pronunciamiento conjunto, organizaciones feministas exigen a la presidencia observar la autógrafa, señalando que el propio Ministerio de la Mujer alertó que eliminar el enfoque de género constituye un grave retroceso para la democracia y la igualdad.
Las organizaciones recuerdan que el enfoque de género es un estándar recogido por la Convención de Belém do Pará, la CEDAW y el sistema interamericano, y que su eliminación podría ser materia de observación internacional.
Aun así, el Congreso apuesta por debilitar las políticas públicas de prevención y borrar el marco normativo construido durante décadas por instituciones, especialistas y organizaciones de mujeres.
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