«El artículo 68 de la Convención Americana de Derechos Humanos impone al Perú, la obligación de cumplir las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)», es parte de la respuesta del organismo internacional mediante una carta al régimen actual, en la cual le ordena cumplir las resoluciones de la Corte IDH y que no es posible alegar disposiciones de orden interno.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha respondido al régimen de Dina Boluarte sobre su actitud para desentenderse de leyes que promueven la impunidad en crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante el conflicto armado interno, es decir, entre 1980 y 2022.
«El artículo 68 de la Convención Americana de Derechos Humanos impone al Perú, en su calidad de Estado parte, la obligación de cumplir las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), incluidas aquellas medidas previsionales. (…) No es posible alegar disposiciones de orden interno para incumplir con obligaciones internacionales», aclaró el organismo internacional mediante una carta, en donde corrige y le reitera al régimen actual a cumplir las resoluciones de la Corte IDH.
La presidenta de la Corte IDH, Nancy Hernández López, puntualizó que se debe evitar la impunidad en los casos Barrios Altos y La Cantuta, ya que es una de las órdenes que emitió la Corte IDH mediante resolución en julio de este año. De igual modo, el documento señala que el viernes 9 de agosto vence el plazo para que el régimen de Boluarte informe sobre las medidas adoptadas para evitar la impunidad en dichos casos.
Esta contundente respuesta de la Corte IDH se da tras la carta que Dina Boluarte y el expresidente del Congreso, Alejandro Soto, enviaron al organismo internacional en donde manifestaban su rechazo al pedido de la Corte IDH para suspender dictamen de lesa humanidad, excusándose en que el Perú tiene sus «propios mecanismos internos» para controlar leyes que se aprueben.
Organizaciones que defienden los derechos humanos como Aprodeh, han exigido que las autoridades peruanas tomen las acciones necesarias para cumplir con las resoluciones de la Corte, garantizando justicia para las víctimas y sus familias. «La impunidad no puede prevalecer», han mencionado en sus redes sociales.
A pesar de la respuesta de la Corte IDH, el premier Gustavo Adrianzén ha dicho: «Cuando la Corte IDH trata los temas vinculados a los delincuentes terroristas, no comprende ni es empática con la memoria de los 70 mil peruanos que fallecieron en la guerra que el terrorismo desató contra el Perú. Hay líneas rojas que el Estado no va a tolerar que se traspasen».
Es importante evidenciar la sinrazón en la que cae Adrianzén ya que las sentencias de crímenes de lesa humanidad que se estarían anulando también favorecen a miembros y cabecillas de grupos terroristas como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), no solo al dictador genocida y corrupto, Alberto Fujimori.