Por Jair Sarmiento
El apu Quinto lnuma Alvarado, —defensor ambiental que venía luchando por la titulación colectiva de su comunidad Santa Rosillo de Yanayacu como medida para resistir a las actividades ilegales—, fue asesinado por arma de fuego ayer 29 de noviembre cuando junto a su familia retornaba a su vivienda ubicada en el distrito de Huimbayoc, provincia y región de San Martín.
Uno de los primeros medios especializados en la Amazonía y pueblos originarios que alertó y reportó la noticia fue el Vigilante Amazónico, que también mencionó que el líder indígena ya venía recibiendo amenazas desde hace años por individuos dedicados a la tala ilegal o cercanos al narcotráfico que invadían su territorio.
El Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) indicó que desde hace muchos años, Inuma era víctima de amenazas de muerte por parte de personas vinculadas al tráfico de madera. «En 2021, después de haber sido agredido salió de emergencia de su comunidad y se refugió en Tarapoto para proteger su vida y la de su familia», señaló.
En ese momento, se emitió la alerta para la activación del mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos. Sin embargo, según la Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de la Región San Martín (CODEPISAM), hasta la actualidad no hubo ninguna medida efectiva que se planteó en la resolución. Lo que hubo fue una visita del ministro de Justicia a la comunidad y el apoyo a la titulación del territorio.
«Quinto Inuma tocó todas las puertas posibles, pero ¿de qué valen las reuniones de alto nivel? ¿Las giras de incidencia? ¿Los viajes de denuncias? ¿Qué papel detiene las balas?», enfatizaron integrantes de la CODEPISAM.
En ese sentido, diferentes organizaciones indígenas se han pronunciado exigiendo justicia, investigación y captura de los criminales, pero sobre todo un real mecanismo de protección que les de garantías de seguridad. «¡Necesitamos que estos mecanismos de protección sean efectivos y no solo papeles declarativos!», enfatizó la Asociación lnterétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).
Especialistas como la abogada Siu Lang Carrillo ya han señalado que dicho protocolo no es aplicable a las condiciones en las que viven los defensores. «En principio, contempla resguardo policial en una zona donde no hay puestos de seguridad, por lo que la interdicción es el camino que consideran más apropiado», apunta un informe de Mongabay.
Augostina Mayán, una de las voces indígenas que en la actualidad viene recibiendo amenazas por parte de la minería ilegal en El Cenepa, señaló que a pesar de que algunos líderes cuentan con el mecanismo de protección, esto no es una garantía para su seguridad.
“No tenemos las garantías necesarias por parte del Estado ni tampoco se ha declarado la zona en emergencia, a pesar de los pedidos reiterados por la presencia de narcotráfico y tráfico de madera en la zona”, dijo el líder indígena Wilfredo Tsamash, presidente de la Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de la región San Martín, en declaraciones al CAAAP.
Desde la COP28 en Dubai, Tsamash denunció que el Estado no ha tomado las medidas adecuadas para proteger a Inuma, pese a que conocía su situación.
El apu Quinto Inuma Alvarado se suma a los 30 defensores y líderes ambientales que han sido asesinados en los últimos años.