Por Graciela Tiburcio Loayza
‘Nicole’ fue internada tres veces de emergencia en el hospital Edgardo Rebagliati Martins por peritonitis e infección en los riñones. Tenía solo trece años y el embarazo que llevaba a cuestas por una violación sexual ponía su vida en peligro cada segundo. A pesar de que el personal médico calificó su embarazo como de alto riesgo, nunca le informaron, ni a ella ni a su madre, sobre el aborto terapéutico.
Sus sueños eran interrumpidos todas las noches con intensos dolores en el vientre. Su cuerpo no estaba preparado para el embarazo y se lo hacía saber agravando las infecciones que tenía. Si no eran los dolores, lo que la despertaba llorando, eran los recuerdos de la violación, esa era una pesadilla que no culminaba al abrir los ojos.
‘Nicole’ expresó en reiteradas ocasiones que no deseaba continuar con el embarazo, pero fue forzada a llevarlo hasta que, a los siete meses, tuvo un parto prematuro. El recién nacido falleció a las pocas horas. La gestación que ponía en riesgo su vida ya no estaba, pero las secuelas emocionales y psicológicas de toda la violencia vivida perdurarían por más tiempo.
La historia de ‘Nicole’ se hizo mediática en marzo de 2019. En ese mes, otra niña de 13 años falleció en Ica tras quedar en coma por un embarazo de alto riesgo. A ninguna de las dos les ofrecieron el aborto terapéutico que pudo haber reducido los traumas psicológicos del embarazo forzado en ‘Nicole’ y salvado la vida de la adolescente de Ica.
Así como ellas, en 2020, fueron 1 179 niñas menores de 14 años -24 menores de 10 años- que tuvieron partos por violación según el registro del Ministerio de Salud (Minsa). Muchas sobrevivieron a las gestaciones de alto riesgo -sin contar las afectaciones emocionales y físicas que quedan tras el embarazo forzado-. Pero los cuerpos de muchas otras no resistieron.
De acuerdo al Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Minsa, de las 429 muertes maternas registradas en el 2020, el 7,2% fueron de menores de 17 años. Wayka solicitó acceso a la información al Minsa el registro y las causas de las muertes de menores de 14 años embarazadas, pero no obtuvimos datos exactos.
Sin embargo, accedimos en exclusiva al estudio de la Defensoría del Pueblo con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas – UNFPA: ‘Informe sobre la supervisión de la atención integral en niñas y adolescentes embarazadas por violación en establecimientos de salud’ que evidencia, por primera vez en un análisis a nivel nacional, el desconocimiento generalizado del protocolo de aborto terapéutico por parte del personal de salud y la desatención a las niñas embarazadas por violación.
Vidas en peligro
El aborto terapéutico es legal en Perú desde 1924 y su protocolo de aplicación fue aprobado en 2014. Este procedimiento médico se realiza a pedido de la gestante cuando su vida o salud está en riesgo por el embarazo. Entendiéndose por salud al conjunto de bienestar físico, psicológico, emocional y social (oportunidades para desarrollarse). En el caso de las niñas, el embarazo representa un alto riesgo en todos estos aspectos.
Con la gestación es probable que sufran una ruptura del piso pélvico, generando una hemorragia interna y la posterior muerte de la niña. Ellas tienen cuatro veces más probabilidades de morir y presentan mayor predisposición a la hipertensión crónica (preeclampsia), infecciones del tracto urinario, anemia y parto prematuro.
“En esta etapa la niña aún no ha terminado de desarrollarse físicamente. Su crecimiento se interrumpe por un embarazo que su cuerpo no está en la capacidad de llevar. Los embarazos en toda mujer presentan un riesgo, pero en las niñas mucho más”, señaló anteriormente a Wayka el médico ginecólogo-obstetra, Miguel Gutiérrez, director de la Cooperación Técnica en Salud Pathfinder International.
Sumado a los riesgos físicos, están las afectaciones emocionales y psicológicas. La depresión, el estrés postraumático, ideas suicidas, el rechazo a su propio cuerpo, trastornos de personalidad y conducta alimentaria o incluso alcoholismo, son algunas de las consecuencias que acarrea el trauma de violación sexual, el cual se ve agravado con un embarazo forzado.
Esta situación impide que las niñas puedan continuar con sus proyectos de vida (salud social), como le pasó a ‘Nicole’, quien abandonó los estudios, dejó de ver a sus amigas y amigos y comenzó a desconfiar hasta de su madre. Estos factores deberían ser determinantes para aplicar el aborto terapéutico y evitar que la niña pierda la vida o que su salud quede gravemente afectada.
Cuerpo médico sin información
Sin embargo, los hallazgos de la Defensoría del Pueblo muestran que los centros de salud no cumplen adecuadamente con las disposiciones del protocolo de aborto terapéutico. Para este estudio se supervisaron 109 establecimientos de Amazonas, Cajamarca, Callao, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Piura, San Martín, Ucayali y Cusco.
Entre 2015 y 2019, en todas estas regiones se atendieron más de 1 700 partos de niñas menores de 14 años en los centros de salud de segundo nivel. De los 109 centros de salud supervisados a nivel nacional, el 20% negó las solicitudes de aborto terapéutico a niñas sin sustentar los motivos de su denegatoria. Es más, el 63% de ellos no sabe que la Guía para la Aplicación del Aborto Terapéutico existe. Incluso, en un establecimiento señalaron que este procedimiento no era legal.
Solo cuatro indicaron que tomaban en cuenta la salud mental como criterio para evaluar el riesgo a la salud y vida de las niñas. Y 11 toman en cuenta las enfermedades preexistentes que se agravan con el embarazo.
EL informe de la Defensoría muestran que casi todos los criterios usados en los establecimientos de salud para evaluar el riesgo en la salud de la gestante, fueron patologías físicas, dejando de lado las afectaciones mentales y emocionales, y “equiparando los riesgos de una niña gestante menor de 14 años con los riesgos de una mujer adulta, a pesar de que sus cuerpos, biologías y fisiologías, son distintos”.
A ello se suma la ausencia de capacitación sobre esta Guía Técnica. Los pocos establecimientos de salud que conocen sobre el Protocolo se han visto forzados a capacitarse por sus propios medios, pues no han recibido ningún tipo de información por parte del Ministerio de Salud.
Lo que genera mayor alarma es que, el 38% de los 39 hospitales de segundo nivel supervisados no atienden a las niñas víctimas de violencia ni sus solicitudes de aborto terapéutico. A pesar que el Protocolo establece explícitamente que estos son los establecimientos encargados de su atención y evaluación integral.
Además, solo la mitad de los hospitales supervisados cumple con el deber de informar sobre el derecho a solicitar el aborto terapéutico. Y solo el 51% informa debidamente sobre el Kit de emergencia para casos de violencia sexual, a pesar que el Protocolo de Actuación Conjunta para Sobrevivientes de violencia establece que debe brindarse este Kit.
«Es obligación de las y los prestadores de los servicios de salud entregar información veraz y clara a las y los progenitores o representantes legales de las niñas con embarazos por violación, sobre el derecho a ser evaluadas integralmente para determinar si califican o no para acceder a un aborto terapéutico, aun cuando la información no les fuera solicitada, en conformidad con la guía técnica», enfatiza la Defensoría.
Por otro lado, los establecimientos tampoco toman en cuenta la opinión de la niña al momento de decidir si aplicar o no el aborto terapéutico, quienes lo hacen son solo 11 instituciones. Como en el caso de ‘Nicole’ a quien nunca le informaron sobre el procedimiento, a pesar de haber manifestado su rechazo al embarazo.
Todas estas falencias se traducen en barreras que, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo, vulneran los derechos humanos de las niñas. Hasta julio de este año, el Ministerio de Salud ya ha registrado el parto de 466 niñas menores de 14 años. Cinco de ellas tienen menos de 10 años. Todas ellas intentando sobrevivir no solo a la violencia de la que fueron víctimas, sino a la desatención y abandono del sistema de salud que deja en segunda plano su vida.
Hay más casos
Perú ya tiene dos sentencias ante la justicia internacional por haber negado el acceso al aborto terapéutico, Se trata de los casos de K.L, adolescente a quien forzaron a llevar un embarazo con un feto anencefálico quien murió a las pocas horas de nacer y L.C. niña embarazada por violación que intentó suicidarse al lanzarse del techo de su casa y dañarse gravemente la columna, pero le negaron el aborto terapéutico para que recobre la movilidad y quedó cuadripléjica.
Ahora, Perú está nuevamente ante los tribunales internacionales con el caso de Camila, una niña indígena embarazada por violación a quien también negaron el aborto terapéutico y fue enjuiciada tras haber tenido un aborto espontáneo. Para el sistema judicial, ella era quien se había provocado el aborto y le iniciaron un proceso legal sin tener pruebas. Su caso está en el Comité de los derechos del niño de las Naciones Unidas y representa un importante precedente para garantizar que esta violencia institucional no vuelva a violentar a ninguna otra niña.
