Cuando una mujer con discapacidad denuncia que es víctima de violencia física o psicológica debe enfrentar un nuevo maltrato: la incredulidad y la indiferencia de las autoridades ¿Por qué suele ser esta la respuesta que reciben?
Claudia Risco
Le exigieron que regrese más golpeada, cuenta una mujer con discapacidad visual de la región Puno. Tenía 26 años y se encontraba en un Centro de Emergencia Mujer. Era la primera vez que su pareja la agredía. «Una marca de puñete que tenga sangre, un moretón en la cara, ahí te atendemos», me gritaron.
A pesar de que la Política Nacional de Género y la Ley 30364 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar contemplan medidas de protección para las mujeres con discapacidad, la realidad es otra.
Las mujeres con discapacidad perciben barreras tanto de comunicación (intérprete de señas) como en el acceso a la información (información en braille). Los operadores de los servicios públicos muestran poca claridad sobre la ruta de atención de la violencia. Lo que se traduce en un injusto y evidente desigual acceso a la justicia.
«El caso se quedó ahí nomás», recuerda una mujer con discapacidad física también de Puno sobre la denuncia que hizo contra su agresor. Era la segunda vez que la golpeaba. «La justicia no te favorece, vas a la Policía, y te dice: ¿por qué?, ¿qué habrás hecho? Te hacen sentir mal», relata. De nada le sirvió insistir.
En la investigación “Que la diferencia no se convierta en violencia: Una mirada interseccional a la violencia de género en mujeres con discapacidad de Lima y Puno”, se analizan 41 testimonios de mujeres con discapacidad que fueron víctimas de violencia de género. De todas las situaciones de violencia que fueron denunciadas, solo una tuvo como resultado la pena privativa de la libertad para el agresor. En los otros casos, los esfuerzos por denunciar y llevar a cabo todo el proceso se diluyeron debido al desgaste emocional y de recursos. Algunos factores, desde el sistema de justicia, que colaboran a esta situación son las experiencias de maltrato por parte de las autoridades, la revictimización, la invalidación de los testimonios y la exposición a la discriminación.
Una mujer campesina de 72 años con discapacidad física se sintió doblemente maltratada en el Poder Judicial. Por su condición y su origen. «La jueza me ha gritado como a su muchacha, peor que a su muchacha me ha tratado, como si fueras un perro», narra.
Se estima que el 40% de las mujeres con discapacidad ha sufrido algún tipo de violencia y que tienen cuatro veces mayor riesgo de sufrir violencia sexual perpetrada no solo por su pareja o expareja, sino por personas de su entorno, como cuidadores o profesionales, se menciona en la investigación “La violencia contra la mujer con discapacidad”.
«En esas instituciones deberían trabajar personas con discapacidad… porque las personas sanas nunca nos van a entender, nunca nos van a comprender. Lo que nosotros queremos es que nos entiendan», reclama una mujer con discapacidad visual.
DEMORAS NEGLIGENTES
No tenemos las mismas oportunidades que las demás de ir a denunciar, principalmente por las barreras que existen para comunicarnos, sostiene Susana Stiglich, educadora y activista por los derechos de las personas sordas.
“La mayoría de mujeres sordas tienen como idioma principal la lengua de señas peruana y el español es la segunda lengua, en muchos casos con bajo dominio del español escrito. Entonces al momento de entablar comunicación sea en comisaría, en fiscalía o en demuna ahí comienza la primera barrera”. cuenta.
Las mujeres con discapacidad auditiva no se pueden comunicar en igualdad de condiciones. La mayoría de comisarías, fiscalía o Demuna no conocen la lengua de señas peruana o no saben cómo ubicar a un intérprete de lengua de señas.
“Cuando una tiene que pasar por cámara Gesell para que tomen la declaración si es necesario contar con intérprete de señas, ahí viene la segunda dificultad. La fiscalía y Poder Judicial cuestionan la presencia del intérprete de lengua de señas y pide que este sea acreditado o certificado, pese a que en el Perú este oficio aún no se ha profesionalizado. En algunos casos no se llega a tomar la declaración de la persona agredida o violentada, y el caso queda impune”, indica Stiglich.
Pero por qué los intérpretes de señas no están acreditados en Perú, se debe a una demora del Ministerio de Educación (Minedu), un retraso que afecta directamente a las mujeres con discapacidad auditiva.
Según el reglamento de la Ley 29535, el Minedu debió aprobar por resolución viceministerial el perfil del intérprete. No lo hace aún. La ley se publicó el 2010, el reglamento de la ley el 2017. “Desde esa fecha estamos esperando que se apruebe el perfil del intérprete, sin eso no se puede evaluar y certificar las competencias de estos profesionales”, expresa la activista.
Recién en 2021, el Minedu incorporó la carrera profesional de intérprete de lengua de señas al catálogo nacional de actividades formativas.Los institutos superiores o universidades ahora sí podrán crear la carrera, y los intérpretes podrán estudiar y certificarse.
“Actualmente todos los intérpretes son empíricos, ninguno es profesional. Ninguno cuenta con acreditación o certificación como intérprete. Cosa que que están pidiendo la Fiscalía y Poder judicial, deberíamos tener ya intérpretes acreditados, el MINEDU se está demorando demasiado en implementar la normativa” subraya Stiglich.
En 2018, se aprobó el «Protocolo de Atención Judicial para Personas con Discapacidad» , donde dice que el Poder Judicial debe contratar intérpretes de lengua de señas. Si bien está aprobado ese año, en 2021 cuando se produjeron dos casos de violencia sexual contra dos niñas sordas, el documento mostró sus falencias. “En ambos casos no pudieron dar su declaración y pasar por cámara Gesell. justamente por invalidar a la persona que fue como intérprete de señas y eso vulnera los derechos de las menores al no poder dar su declaración como corresponde, entonces para qué sirve el protocolo”, cuestiona Stiglich.
LA REVICTIMIZACIÓN
Los servicios de la Línea 100 tampoco están capacitados para poder identificar una persona con discapacidad y darles las ayudas o los apuntes para una denuncia. La Policía Nacional por desconocimiento del enfoque de discapacidad no cuenta con protocolos de atención para mujeres discapacitadas víctimas de violencia, entonces las revictimizan, anota Elizabeth Caballero, especialista en Derechos Humanos de personas con discapacidad.
“Por ejemplo no se cree en el discurso que pueda dar una mujer con discapacidad intelectual o psicosocial porque desde los estereotipos que se tienen esas versiones no son verdaderas para ellos, eso pasa por ejemplo en el caso de mujeres con discapacidad que no articulan de manera adecuada las palabras, eso conlleva a que desmerezcan las denuncias”, denuncia Caballero.
La Defensoría del Pueblo, en el Informe Nº. 004-2011, a través de estudios de caso, identificó que en relación a los delitos contra la libertad sexual las mujeres con discapacidad cognitiva ocupaban el segundo lugar de la muestra, con 18,8%. Además, en solo 3 de los 9 casos se obtuvo una sentencia; mientras que, en los otros casos se aludió a la condición de discapacidad y a la edad mental de la agraviada como parte del sustento para dejar sin sentencia al agresor
Otra dificultad al momento de denunciar se encuentra en la ficha de valoración de riesgo, un instrumento que utilizan los operadores de justicia, entre ellos la Policía Nacional, para poder recoger como se ha producido la violencia, para que puedan valorar y de acuerdo a ello contemplen si la persona agraviada está en un alto riesgo o es un tipo de violencia leve, moderada. En función de esos resultados se otorgan las medidas de protección.
“El problema con esas fichas es que no tienen a detalle consideraciones específicas a tenerse en cuenta para mujeres con discapacidad, las fichas de valoración de riesgo recogen datos sólo si el agresor ha sido la pareja. La mayoría de mujeres con discapacidad viven con sus asistentes o cuidadores, ellos son quienes las agreden, muchas veces son sus propios familiares. Además, este documento no está en un formato accesible, no hay una impresión en braille ”, detalla Caballero.
La ficha de valoración de riesgo no recoge este tipo de información, por lo tanto las medidas de protección no están correctamente orientadas para que las mujeres con discapacidad puedan ser protegidas de esas personas con quienes viven. “Esto hace que la violencia siga dándose en mujeres con discapacidad porque usualmente se quedan dentro del entorno familiar donde están siendo agredidas”, relata Caballero.
MUJERES INVISIBLES
“La ruta de la denuncia está diseñada para personas que no tienen discapacidad. Como mujer con discapacidad física reclamo al Estado que debe mejorarse, tiene que cambiar para dar apertura a las denuncias de mujeres con discapacidad”, anota María Esther Mogollón, directora de ODISEX, Observatorio de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Personas con Discapacidad.
María Esther exige que el Estado brinde datos reales sobre la violencia que padecen las mujeres con discapacidad. Si bien el Ministerio de la Mujer dispone de esa estadística, no la tiene desagregada por el tipo de discapacidad. “No hay preocupación de recoger esa información de manera más fina para tener un mapa completo de lo que nos está pasando. La propia Defensoría del Pueblo ha recolectado las cifras de mujeres desaparecidas durante la pandemia, pero no sabemos cuantas con discapacidad han sido y donde estan”, refiere Mogollon.
Esta invisibilización de las mujeres con discapacidad responde, para Pamela Smith, la Directora Ejecutiva de Sociedad y Discapacidad (SODIS) , a que las ciudades han sido construidas sobre el modelo hegemónico de personas sin discapacidad.
“Las mujeres con discapacidad enfrentan obstáculos desde los prejuicios y estereotipos sobre su condición, desde que son asexuales o hipersexuales. Se descartan sus denuncias porque se considera que no pueden ser sujetos que se involucren en actos de violencia o que tengan relaciones que puedan devenir en relaciones violentas. Nada de eso contribuye a que el diseño de la política pública pueda dar mejores resultados”.
El Comité de Derechos de Personas con Discapacidad advierte sobre esta situación señalando que existe una desatención histórica de las necesidades de las niñas y mujeres con discapacidad. Los efectos de esta exclusión son la invisibilidad y perpetuación de formas múltiples de discriminación y violencia contra ellas.
