No olviden sus nombres: Los familiares que buscan a las mujeres desaparecidas

Cada dos horas una mujer, adolescente o niña es reportada como desaparecida en Perú. María Isabel, Azucena y Allison desaparecieron entre el 2018 y 2020. Dos de ellas continúan ausentes y la policía no las busca. Solo una fue ubicada, luego de ser brutalmente asesinada.

Roxana Loarte/ Eduardo Tejada

Cuando una persona  desaparece, el tiempo se detiene. No existe el presente, el pasado es confuso y el futuro es incierto. María Isabel, Azucena y Allison son tres mujeres que desaparecieron de sus hogares en los años 2018, 2019 y 2020. La última de ellas fue reportada en julio de este año en pleno estado de emergencia. Su destino tuvo un trágico final. Mientras tanto, las familias de María Isabel y Azucena continúan en la travesía de encontrarlas. 

Sus historias ocurren en las regiones de Arequipa y Piura, y -aunque diferentes- se unen por un hilo en común: las autoridades se olvidaron de buscarlas. Ninguna de ellas figuraba en el registro web del Ministerio del Interior y sus familiares apenas pudieron cursar una denuncia en la comisaría, sin mayor apoyo. Los familiares de las mujeres que aún están ausentes continúan la búsqueda, pese a la falta de información y sin acompañamiento de las instituciones.  

Una madre busca a su hija

—Señora, soy Augusto, María se ha ido de la casa. Tiene que venir a recoger a su nieto que está aquí —.

Era viernes por la noche y Doris Márquez Huayhua (54 años), madre de María Isabel Márquez Huayhua (24 años), estaba al teléfono en una comunicación con la expareja de su hija. Augusto Cantoral (46 años) había sido conviviente de María Isabel y ese 24 de enero de 2018, le daba la noticia de que su hija había desaparecido. Doris estaba sorprendida e insistió sobre el paradero de María Isabel.

—He ido a preguntar a las empresas de transporte, nadie me dice nada— respondió Augusto y luego cortó la comunicación.

 Un largo silencio envolvió a Doris.

Augusto le había contado a la madre de María Isabel que su hija había salido de la casa diciendo que necesitaba viajar a la ciudad [Arequipa] para arreglar unos asuntos personales. Pero Doris asegura que su hija nunca le mencionó nada. 

Horas antes de su desaparición, María Isabel había conversado con su madre, le había dicho que pronto iría a visitarla, aunque no acordaron una fecha. Quince días atrás, dejó la ciudad de Arequipa para trasladarse a Chala. Allí convivió con Augusto y su menor hijo ‘Saúl’, de una relación anterior. Estaba entusiasmada de cumplir el sueño de estudiar computación en un instituto.

Su familia intentó comunicarse con María Isabel toda la noche, pero el teléfono sonaba apagado. Ana Márquez Huayhua, su hermana, tenía el contacto de una amiga en Chala. Se comunicó con ella, pero su respuesta la dejó desconcertada: “No sé nada de ella, pero temprano los vi en la playa y Augusto le estaba pegando”.

Varios días después, el 30 de enero, Doris decidió ir por su nieto. La ropa de María Isabel se encontraba intacta en la habitación. Cuando le preguntó a su nieto cómo fue la última vez que vio a su mamá, este le respondió que Augusto y María Isabel salieron a comprar chifa por la noche, pero su madre no regresó.

Hasta ese día, nadie había interpuesto una denuncia por la ausencia de María Isabel. Ni siquiera su expareja. Recién ese mismo 30 de enero, Augusto reportó la desaparición, tras el pedido de Doris.

Justicia esquiva

En la comisaría de Chala, los efectivos policiales le comunicaron a Doris que la denuncia debía ser puesta por el conviviente. Algo innecesario, ya que cualquier persona puede reportar una desaparición. Entonces, Doris esperó a Augusto hasta que saliera de su trabajo. Cerca de las seis de la tarde, regresaron a la comisaría para hacer la denuncia.  

Según el acta verbal que registra la Dirincri, Augusto Flores afirma que María Isabel salió a las diez de la noche de casa rumbo a Arequipa. Incluso, él declara que se sentía “condicionado” para autorizar su viaje, ya que ella le había dicho antes “el día que voy a viajar, tengo que viajar”.

A los 4 meses, Doris junto a Ana –su otra hija- regresaron a Chala. Ambas deseaban conocer qué había pasado con la denuncia. La policía les dijo que debían ir a la fiscalía de Caravelí, otra ciudad a 45 minutos de Chala, porque la denuncia estaba archivada. Pero había otro detalle más que descubrieron. Al parecer María Isabel no estaba reportada como desaparecida; la denuncia figuraba como abandono del hogar. Algo que no se explican cómo fue que cambió.

Ellas intentaron volver a poner una denuncia por desaparición en la misma comisaría donde se hizo la anterior, pero les negaron la atención. Para esa fecha Augusto Cantoral había partido a Nazca.

De regreso a Arequipa llegaron al CEM en Cerro Colorado en busca de alguna ayuda. Lo único que les brindaron fue el Oficio 416-2018 donde solicitan a la Divincri Arequipa que reciba la denuncia por desaparición. Luego, Doris llevó ese documento a la Divincri.

-No debe preocuparse, debe estar por ahí, va a aparecer- le dijo un personal de esa dependencia policial.

La indignación hizo que Doris rompiera en llanto al salir del lugar. No tenía dinero, el trabajo en el campo no le daba lo suficiente para contratar a un abogado. 

La madre de María Isabel es campesina en la localidad de Andagua en la provincia de Castilla a 7 horas de Arequipa. Al salir de la Divincri, se dijo a sí misma: “yo voy a encontrar a mi hija, cueste lo cueste”. Empezó a ahorrar dinero para ir a Chala y buscar a María Isabel, pero la pandemia truncó los planes.

Su nieto ‘Saúl’ ha quedado a cargo de su hija Ana. Es un niño que prácticamente ha quedado en la orfandad y es invisible para el Estado. El año pasado, en las semanas previas al Día de la Madre, ‘Saúl’ estuvo llorando porque en el colegio hicieron trabajos artesanales como regalo para sus madres. Ahora un psicólogo del colegio atiende cada cierto tiempo al niño.

Los hijos que buscan a su madre

Un año después de la desaparición de María Isabel, Azucena una trabajadora ambulante en Piura no regresó a su casa en septiembre de 2019.

Azucena Pingo (45 años) se encontraba en la casa de su madre antes de su desaparición. Había ido unos días a visitarla, hasta que una mañana de ese mes salió a la chacra sin retorno. A los días su hermana María se dio cuenta que Azucena no regresó a su casa, donde vivía con su hija ‘Julia’ de 11 años y ‘Alvaro’ de 6 años. Se comunicó con el resto de sus seis hermanos para conocer si sabían de ella, pero no había rastro de Azucena.

Recién el 4 de septiembre fue reportada como desaparecida en la comisaría de La Unión.

—Estuve como 3 horas, que ya me sentía abandonada para hacer la denuncia. Al final no me dieron nada. Se había malogrado… no sé qué… la computadora— cuenta María.

Ese día la hermana de Azucena se encontraba incómoda porque el efectivo policial que la atendió conversaba por el celular mientras registraba su denuncia. Después de esa ocasión no ha podido regresar a la comisaría. Excepto su sobrina que llegó a la semana.

Silvia Inga Pingo (28 años) es hija de Azucena. Vive en Lima y trabaja como enfermera técnica. Cuando su madre desapareció viajó por 15 días a La Unión para buscarla.

—Estuvimos buscando por los pueblitos cercanos, preguntando a los vecinos—

Cinco días antes de la desaparición, los cuatro hijos de Azucena que viven en Lima -entre ellos Silvia- habían decidido traer a su mamá a la capital para empezar un tratamiento psicológico. Meses anteriores su madre tuvo un conflicto con la menor de sus hijas. La rebeldía de ‘Julia’ desencadenó una discusión que terminó con una denuncia hacia Azucena por maltrato. Ese hecho la habría sumido en la tristeza. Su familia también piensa que la desaparición podría haberse dado a raíz de ese episodio.

‘Julia’ ha quedado a cargo de la hermana de Azucena. El último de sus hijos continúa con su padre, quien tiene la patria potestad del niño. Los demás, Jaime, Silvia, Edwin y Gustavo son adultos y radican en Lima. Silvia dice que antes de dictarse el estado de emergencia, ella y sus hermanos planearon ir a La Unión para continuar la búsqueda. Incluso que unos investigadores los habían contactado, pero ya ni recuerdan sus nombres.

—Mi hermano me dijo que iban a ir unas personas a ver la desaparición de mi mamá, pero pasó esto de la pandemia y paralizó todo— cuenta Silvia

Jaime Inga (33 años) es el hijo mayor de Azucena. Llegó a Lima hace 15 años y recuerda que su madre lo había visitado dos meses atrás. El ambiente de la ciudad nunca logró convencer a Azucena de quedarse.

Aunque Azucena no tiene registro de denuncias por violencia, tanto Jaime como Silvia recuerdan alguna vez haber escuchado las quejas de su madre por los conflictos con alguna de sus exparejas. Jaime dice que el año pasado ella intentó poner una denuncia, pero no le hicieron caso.

En cambio, Silvia narra que cuando visitó la vivienda de su madre, las vecinas le contaron que a veces ella aparecía golpeada. ¿Azucena podría haber sido una víctima de violencia? Eso solo lo determinaría una investigación policial que hasta ahora no existe.

Cuando una desaparición acaba en feminicidio

La tarde del sábado 4 de julio, Allison Lisset Olivos Ruiz (18 años) se despidió de su madre y le dijo que volvería cerca de las diez de la noche. Se dirigía a visitar a una amiga por su cumpleaños. Al no regresar, su madre pensó que se había quedado a dormir en la casa de su amiga.

Los días posteriores, Lucía Ruiz (62 años), madre de Allison, junto a su hija Cecilia Olivos (31 años) salieron a buscar a la joven madre por todo Talara en Piura. Recorrieron casa por casa, visitando a las amigas de Allison. Nadie les daba razón sobre su ubicación. El celular de Allison continuaba apagado.

El 20 de julio decidieron reportar su desaparición y sentar una denuncia en la comisaría de Talara Baja.

—Prácticamente la Policía casi no nos apoyó. Nosotros íbamos todos los días y nos decían “no sabemos nada”. Nunca salieron a buscarla— cuenta Cecilia.

Al pasar las semanas, la Fiscalía de Talara llegó a la casa de Lucía Ruiz y le dijeron que una testigo se había acercado el 10 de julio a esa dependencia para confesar lo que había sucedido con su hija. Cerca de las tres de la tarde, la madre de Allison y Cecilia fueron a la fiscalía para conocer más detalles. Allí les comunicaron que una mujer aseguró haber presenciado el asesinato de Allison.

Desde ese momento el caso dio un giro y la investigación se convirtió en feminicidio. La noticia de Allison enlutó a la familia y despertó la indignación de los talareños.

—Su mamá [de la testigo] dice que ella tenía pesadillas y gritaba. Le ha preguntado ¿qué cosa tienes? Ahí le contó lo que habían hecho con mi hermana, y su mamá le ha dicho para que denuncien el caso— dijo Cecilia a Wayka.

La testigo M.P.G. es amiga de Allison, como reconoce Cecilia. Pero ella se pregunta por qué esperó tantos días para revelar lo que supuestamente vio. La hermana de Allison también asegura que nunca conoció al hombre que estuvo esa noche con ellas. Tampoco su familia. Ni a un segundo sujeto, que algunos medios talareños precisan que aparece en la escena del feminicidio.

Allison y su amiga M.P.G. estuvieron desde las 11 de la noche del sábado 4 de julio en casa de Wilfredo Rony Arcela Zapata (23 años) en el asentamiento humano César Vallejo de Talara Alta. Según la declaración de la testigo a la Fiscalía, las dos jóvenes estuvieron bebiendo licor junto a él hasta las 5:30 de la mañana, cuando se quedaron dormidas.

Al despertar, la testigo escuchó a Allison quejarse y se acercó al dormitorio principal. En ese momento observó que Arcela Zapata estaba asfixiando a Allinson con una sábana y luego tomó un cuchillo y le cortó el cuello. Esa fue una de las primeras versiones de M.P.G. 

—Pasando los dos o tres días [de la captura de Arcela] dijeron que habían encontrado el cuerpo de mi hermana y yo tenía que ir a reconocerla a la morgue. Yo fui y era su cuerpo— relata Cecilia.

La mañana del 14 de agosto los medios talareños informaban que el cuerpo de Allison había sido hallado en un terreno deshabitado ubicado al lado de la vivienda de Arcela. Los efectivos policiales y el fiscal de turno levantaron el cadáver. 

Tres días después del hallazgo, a Wilfredo Rony Arcela se le dictó prisión preventiva por 9 meses a cargo de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Talara. La acusación a Arcela se realiza como parte de la investigación por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de feminicidio. El fiscal encargado del caso, Alexander Escobar Calmet ha intentado mantener en reserva la investigación, pese a que algunos documentos o información se filtraron en la prensa local.

La necropsia o el examen realizado al cadáver de Allison deja más interrogantes y habría inconsistencias con el testimonio de la testigo. Allison no solo fue asesinada. La torturaron. Su cuerpo llevaría signos de una violencia casi indescriptible. Cercenada y sin sus órganos genitales.

Una publicación de Noticias Piura 3.0 también detalla que Allison se habría resistido, porque en su mano derecha se encontró un “cabello amarillo”. Además,  la testigo ha sido sometida a un examen por medicina legal el jueves 20 de agosto.

—Yo quiero que las autoridades investiguen bien a fondo todo esto. Que paguen por su delito, cómo va a quedar algo impune así—dice Lucía Ruiz, la madre de Allison, en una grabación de video que circula por redes sociales.

Mientras la investigación sobre el asesinato de Allison continúa su curso, la familia recibe apoyo legal y psicológico del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. “Seguimos en el patrocinio del caso. La familia ha aceptado que el CEM de Talara se haga cargo de todo el proceso legal”, declaró Carlos Arcaya, coordinador regional de los CEM en Piura a Wayka.

Búsquedas inconclusas

Cada dos horas una mujer adulta, adolescente o niña es reportada como desaparecida en Perú. A ese cálculo llegó la Defensoría del Pueblo en su Reporte de Igualdad y No Violencia de julio de 2020. En lo que va de este año, la cifra de reportes de desaparecidas a nivel nacional entre enero a julio asciende a 2965. Lima lidera el número de casos, mientras que Arequipa y Piura se mantienen en los primeros lugares. Solo en el mes de julio, Piura reportó 37 denuncias, mientras que 30 ocurrieron en Arequipa.

Para Eliana Revollar, Adjunta de los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, los casos de las mujeres desaparecidas son considerados una forma de violencia de género. A pesar de esto, las limitaciones para una efectiva búsqueda, ponen de manifiesto la falta de un sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas y un registro nacional.

“Se ha dado el reglamento, hay algunos avances, pero como digo, esos avances son muy lentos frente a una problemática que día a día nos va demostrando que la desaparición en el Perú sigue siendo un problema”, afirma Revollar a Wayka.

Como se conoce en el 2018 se aprobó el Decreto Legislativo 1428 que establece los criterios y parámetros para una búsqueda inmediata. Uno de ellos son las notas de alerta de emergencia para grupos vulnerables como mujeres, personas migrantes, de comunidades indígenas.

En las desapariciones de María Isabel, Azucena y Allison, las comisarías sí emitieron una nota de alerta o al menos registraron la denuncia, pero luego no hubo mayores alcances en la búsqueda. Solo en el caso de María Isabel, la denuncia extrañamente cambió por otra.

Tras hacerse público el caso de Allison Olivos en Talara y la aparición de una testigo protegida se pudo dar con la ubicación de la joven. Entre tanto, la familia recibe el acompañamiento del Ministerio de la Mujer. Los familiares de María Isabel Márquez y Azucena Pingo no tienen hasta el momento ningún apoyo de las instituciones competentes.

*Con la colaboración de Graciela Tiburcio

*Ilustración de portada: Jazmín Moscoso

*Edición: Amanda Meza, Roxana Loarte