Las delaciones y pruebas acerca de los latrocinios que han cometido las grandes constructoras brasileñas y peruanas siguen acumulándose. Funcionarios de Odebrecht ratifican que JJC de los Camet, Graña y Montero de “Pepe” Graña e ICCGSA compartieron las coimas por la Interoceánica. No era poquita cosa: el 30% de 45 millones de dólares son nada menos que 13,5 millones de dólares.

Otras revelaciones del ‘Club de la construcción’ también ratificaron que estas y otras empresas constructoras se repartieron obras sobrevaluadas en cientos de millones de soles, pagando una “bolsa” de al menos 17 millones de dólares.

El arbitraje que, supuestamente, hacían árbitros “independientes” estaba totalmente comprado con el pepecista Horacio Cánepa recibiendo 3 millones de dólares, pero metido en la colada también Humberto Abanto, el abogado de Jaime Yoshiyama, (que dicho sea de paso ¿no dijeron una y otra vez que regresaba al Perú en febrero?).

Pero este artículo va al hecho de que estas empresas siguen contratando con el Estado, recibiendo puntualmente sus pagos y cobrándonos peajes elevados. Porque aunque los contratos que el Estado ha hecho con ellas son evidentemente fraudulentos, nada se ha cambiado. Los peajes de Lima van en un 25% a Odebrecht. Los pasajes del Metro de Lima, a un consorcio donde Graña y Montero, son mayoría. Por las diversas APP –Alianzas Público Privadas, el Estado sigue pagando puntualmente sus cuotas, aun cuando estas correspondan a obras sobrevaluadas y coimeadas. ¿Tiene esto alguna lógica?

Con bastante dificultad he terminado aceptando que es mejor que Odebrecht confiese, hablen todos y entreguen todas las pruebas, aunque eso nos cueste: repugnante, pero necesario. Pero, ¿cuál es la lógica de actuar igual con empresas que no reconocen ninguna falta, que obstruyen la justicia, cuyos dueños entran y salen del país como si nada mientras se dedican, -poca duda cabe-, a ver cómo ocultan las pruebas y traspasan sus propiedades para que no se las quiten? ¿Por qué demonios les seguimos pagando puntualmente, mes tras mes, peaje tras peaje, pasaje tras pasaje, como si los contratos, “adicionales”, arbitrajes y toda la sarta de subterfugios no fueran simplemente parte de un esquema mafioso para robarnos?

Además, esas empresas incluyeron esas coimas como costos empresariales, logrando así que mediante una reducción de impuestos, el Estado cargara con 30% de las coimas ¿Por qué la SUNAT sigue como si nada?

Ya basta de tantos abusos. A estos empresarios corruptos hay que golpearlos en su órgano más sensible: la billetera. Si Vizcarra quiere enfrentarse en serio contra la corrupción, no puede seguir dándoles todos los meses millones de soles a los corruptos.