Con mayoría de votos fujimoristas, la Comisión Agraria del Congreso de la República aprobó la tarde de ayer un predictamen que propone la ampliación del régimen especial agrario hasta el 31 de diciembre de 2031. Es decir, plantean que continuen los privilegios fiscales de las agroexportadoras.

La iniciativa fue incluida en la sesión por la congresista de Fuerza Popular Úrsula Letona y votada además por los congresistas fujimoristas Esther Saavedra, Carlos Domínguez, Modesto Figueroa, Federico Pariona, Dalmiro Palomino, Miguel Elías y Miguel Torres. A ellos se sumó el congresista de Peruanos por el Kambio, Sergio Dávila. El congresista de Acción Popular, Armando Villanueva, se abstuvo. Votaron en contra el congresista del Frente Amplio, Edilberto Curro y de Alianza Para el Progreso, Eloy Narváez.

El dictamen, que debe pasar al pleno para ser debatido, tendría algunas limitaciones de tipo normativo como la consignada en el Código Tributario que indica que la ampliación de la vigencia de una norma sobre exoneraciones, incentivos o beneficios tributarios no podrá exceder de tres años, es decir solo se podría ampliar hasta el 2024. Según reportes iniciales, estaría reduciéndose el privilegio de pago por Essalud a las grandes agroexportadoras, de 4 a 6% (de un total de 9%) así como consignándose en la boleta de pago de manera diferenciada la CTS y gratificaciones.

Este régimen que privilegia a las grandes agroexportadoras y que vence el 31 de diciembre del 2021, fue promulgado originalmente a fines del gobierno fujimorista de los 90, cuando el actual secretario general de Fuerza Popular, José Chlimper, era Ministro de Agricultura de Alberto Fujimori y a la vez directivo de la agroindustrial Drokasa. A la sazón, un claro conflicto de intereses.

Diversos especialistas se han manifestado en contra de la ampliación de este régimen pues viola desde hace casi dos décadas una serie de derechos laborales básicos (reducción de CTS, gratificaciones, así como la mitad de vacaciones), además de restringir el derecho a la sindicalización (solo el 4% de trabajadores lo está).

Dicho régimen especial además genera una inmensa sangría a la recaudación tributaria superior a los 4 mil millones de soles anuales (por exoneración de la mitad del pago de impuesto a la renta) y al sistema de salud (Essalud) en más de 300 millones de soles al año que es subvencionado por el Estado, además de contar con depreciación acelerada, devolución acelerada del IGV y un descuento adicional por invertir en zonas eriazas

Es decir, los grandes capitalistas de la agroexportación que concentran más de la mitad de trabajadores del sector formal agrario, se quedan con cientos de millones de soles que debieran ser cobrados por los trabajadores (estimados conservadores van de 1500 hasta los 4900 soles por año por trabajador) y con miles de millones de soles al año que debieran tributarse y servir al Estado para la construcción de infraestructura o mejora de la salud y educación públicas. O para promover la pequeña agricultura y agricultura familiar, con el que apenas consiguen sobrevivir millones de familias agricultoras del ámbito rural.

¿Lograrán los grandes intereses económicos de la agroexportación la aprobación definitiva de la prórroga de este régimen, que según especialistas independientes, gremios y hasta funcionarios técnicos del gobierno, hoy en día ya es innecesaria?

Seguiremos informando.

 

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