Jorge Bustamante Chikhani, hijo del congresista Ernesto Bustamante, está condenado a 5 años de prisión y a una reparación civil de cien mil soles por haber estafado a diversos empresarios, una suboficial de la Policía y hasta un exembajador de Perú en Reino Unido por invertir en una mina de oro inexistente.
¿Cómo se consolidó una estafa piramidal millonaria? Raúl Figuerola Valles, compañero de Bustamante por clases en el colegio Casuarinas College y en la Universidad de Lima, compró la mitad de las acciones de la empresa «Molinorte Borris S.A.C”, según reportó el semanario Hildebrandt en sus trece.
Esta empresa fue fundada en Piura por los hermanos Luis y Boris Pella Granda con el fin de dedicarse a la extracción de oro; sin embargo, nunca se llegó a consolidar esta actividad.
Jorge Bustamante Chikhani se juntó con Figuerola para atraer inversionistas a la inexistente mina de oro. Entre las primeras víctimas del hijo del parlamentario, se encuentra Magali Botton Jiménez, suboficial de la PNP en retiro, a quien se le solicitó 15 mil dólares a cambio de invertir en la mina de oro que prometía dividendos con retorno de entre 10% y 20% en intereses.
Ella relata al semanario que: “En los primeros meses sí cumplía con devolverme la inversión más el 10% de interés. Así que le comencé a dar sumas más altas. Mi hermana y dos amigas también invirtieron, fue un total de 440 mil dólares».
Entre las víctimas también figura la empresaria Estefanía Granda Tode. El semanario reporta que ante tribunales, ella declaró haber entregado 320 mil soles a Bustamante y 58 mil dólares a Raúl Figuerola. Víctor Velarde Pinillos, gerente de la Caja Metropolitana de Lima, entregó 250 mil dólares a Figuerola.
Así también resalta Hernán Courturier, exembajador de Perú en el Reino Unido, quien entregó 20 mil dólares. No obstante, Courturier relata que logró recuperar su inversión al inscribir, como garantía, una casa de playa en el balneario de Asia de Raúl Figuerola a su nombre.
Luis Pella, el titular de la empresa, afirmó que no había ninguna mina, que su negocio era una procesadora de oro. «Lo único que me dijo que tenía era un terreno en disputa judicial y unas cuantas maquinarias», señala Magali Botton tras contactarse con Luis Pella. Tras ser interrogado por la Fiscalía, Pella relató que le había vendido la mitad de la empresa a Raúl Figuerola y que este se había apoderado de la compañía usando documentos fraguados.
Además, como relata el semanario, la Municipalidad de Piura informó que la compañía «no contaba con licencia de funcionamiento para ejercer actividad comercial de extracción de minerales».
Al caer en cuenta sobre la inexistencia de la mina, Botton señala al semanario Hildebrandt en sus trece que le exigió a Bustamante y Figuerola que le devolvieran los 440 mil dólares invertidos. No obstante, ellos negaron las acusaciones y solicitaron un último depósito de 94 mil dólares. Tras ello, Botton inició una denuncia en la división de estafas de la DIRINCRI.
Impunidad al descubierto
La denuncia a Raúl Figuerola Valles y Jorge Bustamante fue rápidamente archivada. «Cuando fui a averiguar lo que había pasado, un suboficial solo atinó a decirme con la plata baila el mono», relata Botton al semanario Hildebrandt en sus trece.
Así también, señalan que Botton se reunió por última vez con Bustamante y Figuerola en un restaurante para lograr hacer que ellos firmen la denuncia por estafa. Botton relata al semanario que en dicho encuentro, el hijo del parlamentario Bustamante le dijo: «Ya te jodiste, Magali».
En el 2013, la División de Estafas de la Dirincri inició sus investigaciones y descubrieron que Bustamante tuvo un esquema de estafa piramidal en la que habrían 70 víctimas a las que se les prometió millonarias sumas por invertir en la mina.
Así también el 29 de enero del 2020 la Sexta Sala Penal para Procesos con Reos Libres sentenció a Figuerola y Bustamante a cinco años de prisión efectiva y una reparación civil de cien mil soles y la devolución de los montos obtenidos de las estafas.
Los estafadores no se presentaron a la lectura de la sentencia y desde entonces están no habidos. Además, la Policía confirmó que no hay orden de captura para los sentenciados.
