A dos años del asesinato del líder cacataibo, Arbildo Meléndez, todavía no hay avances en el juzgamiento de los responsables de su asesinato. Tampoco se ha logrado la titulación de su comunidad nativa Unipacuyacu, por la que él luchó por varios años.
El pasado viernes 8 de abril se realizó el conversatorio ‘Dos años sin Arbildo Meléndez: Narcotráfico, usurpación de tierras y violencia en Huánuco’ para pedir cuentas a las autoridades sobre los avances y estancamientos del proceso judicial de la muerte del defensor ambiental Arbildo Meléndez, así como del avance de las luchas de su comunidad. En el evento, participaron los líderes indígenas Teresita Antazú de AIDESEP, Marcelino Tangoa, presidente actual de Unipacuyacu, Herlin Odicio de FENACOCA y la abogada del Instituto del Bien Común, Carmen Loyola; así como representantes del Estado: Daniel Jara de la Fiscalía, Edgardo Rodríguez de la MINJUS y Ricardo Soberón, presidente de DEVIDA.
En su intervención, Carmen Loyola, abogada del Instituto del Bien Común, recordó que «habiéndose declarado que era el asesino pero ‘por accidente’, Redy Ibarra quedó libre. El asesino le disparó por la espalda y quedó libre. La Fiscalía lo dejó libre y el hombre ese se burlaba y amenazaba a otros líderes. Lo que pedimos, a dos años de la muerte de Arbildo Meléndez, es que no quede impune».
En efecto, el 12 de abril de 2020, Arbildo Meléndez fue hallado sin vida con un disparo en el pecho en las afueras de su comunidad Unipacuyacu, en Huánuco. El principal sospechoso es Redy Ibarra, quien inicialmente mintió a la esposa del defensor, Zulema Guevara, diciéndole que Arbildo se había disparado a sí mismo de casualidad. Dos días después del crimen, Ibarra confesó a la policía de que él le había disparado al líder nativo ‘por confusión’.
Pese a la solicitud de prisión preventiva contra Redy Ibarra, esta fue desestimada en primera instancia por el juez. No obstante, con el avance de las investigaciones, se dio orden de captura del sospechoso y en enero de este año, el presunto homicida fue encontrado por la guardia indígena de la comunidad de Santa María, provincia de Puerto Inca, región Huánuco. Así, el 11 de enero de este año, efectivos de la comisaría de Codo de Pozuzo detuvo al presunto asesino.
“El 10 de enero en horas de la noche, la Federación Nativa de Comunidades Kakataibos (FENACOKA) informó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Ministerio de Cultura que la guardia indígena de la comunidad nativa de Santa Marta había aprendido a Redy Rabel Ibarra Córdova, quien se encuentra procesado y con una orden de captura, como presunto autor del delito de homicidio en agravio del entonces presidente de la comunidad nativa de Unipacuyacu”, precisa un comunicado del Ministerio del Interior.
No obstante, a dos años de la muerte de Arbildo Meléndez, aún no se inicia con el juicio oral en contra del presunto homicida. Al respecto, Daniel Jara, coordinador de Derechos Humanos de la Fiscalía presente en el conversatorio, afirmó que el caso de ‘Arbildo Meléndez es un pendiente para nosotros, sabemos que su caso tiene graves acusaciones y vamos a reabrir la carpeta’. Además, aseguró que ‘los defensores y defensoras de derechos humanos no están solos, trabajaremos sus casos’.
Por su parte, el representante del Ministerio de Justicia, Edgardo Rodríguez, informó que el Estado está trabajando en una nueva estrategia de protección para los y las defensoras ambientales, pese a que ya existen diversos mecanismos aprobados que no han sido muy eficientes. Frente a ello, Rodríguez se preguntó ‘¿Qué nos falta para prevenir? Hemos identificado que el Estado debe movilizarse y debemos crear redes de prevención comunitarias’.
Demandas de defensores y defensoras de Huánuco
«Para nosotros estar aquí [en Lima] es muy costoso, pero estamos aquí para transmitir nuestras problemáticas en nuestras comunidades en Huánuco— inicia con su intervención el conversatorio el apu Marcelino Tangoa, actual presidente de comunidad nativa Unipacuyacu, a la que pertenecía Arbildo— El problema más grande que tenemos es la falta de titulación. Hace más de 40 años, venimos luchando y defendiendo nuestra tierra, pero el gobierno regional de Huánuco no reconoce las tierras de los pueblos indígenas. Nos marginan, por eso estamos demorando en la titulación», denuncia Tangoa.
Al respecto, la abogada de Bien Común señala: «Hago un llamado al Estado. Se pudo evitar esta muerte, si el gobierno de Huánuco hubiera titulado a la comunidad hace muchos años y podría evitar más asesinatos si asegura el territorio de comunidades nativas en la zona de Huánuco y Ucayali, que están muy convulsionadas. Si no hay solución por parte del gobierno regional, de titular las comunidades, no van a ser solo cuatro [defensores asesinados], sino van a ser muchos más, porque las actividades ilícitas se han extendido increíblemente».
Además. Loyola, en representación legal de Unipacuyacu informó sobre el avance de la titulación de la comunidad: «Ayer hemos estado con la Unidad de Gestión Ejecutora de la Titulación de Predios, pero tantas veces los he escuchado que yo ya no creo, tengo que verlo para creer».
Al respecto, Teresita Antazú, dirigenta de AIDESEP, acusó: «Hasta ahora solo se han conseguido predios, pero no se ha logrado titular los terrenos de las comunidades. Esperamos que este año pueda lograrse, por los hermanos que dieron su vida defendiendo territorios»
«El otro problema es el narcotráfico. Ya no tenemos tierras: la contaminación del agua, deforestación de bosques, ¿hasta cuándo va a seguir todo esto? En nuestras propias tierras, han construido aeropuertos clandestinos para que puedan aterrizar avionetas de narcos. ¿Quién va a solucionar esto? Por eso nosotros acudimos al Estado», prosigue en sus demandas líder indígena, Marcelino Tangoa.
Por su parte, Herlin Odicio, presidente de FENACOCA, organización que logró encontrar para detener al presunto asesino de Arbildo, expresó: «Ha sido muy doloroso que el pueblo cacataibo haya sido golpeado en estos últimos años. Cuatro líderes asesinados. En defensa de ellos, nosotros mismos teníamos que salir al frente para defender a nuestros hermanos».
Además, Odicio recordó en el conversatorio que: «El pueblo de cacataibo ha sido golpeado en la época del caucho, de Sendero Luminoso y ahora sufrimos del narcotráfico y de la tala ilegal».
Respuesta de las autoridades
Ricardo Soberón, presidente de DEVIDA afirmó: «Nuestra propuesta de trabajo, a partir del problema del narcotráfico, es un Pacto Social Ciudadano. Que incluya no promover más propiedad individual y la seguridad del pueblo».
Al respecto, Soberón explicó que la nueva estrategia es multisectorial y, por ello, se espera mayor efectividad en la lucha contra el narcotráfico. Por otro lado, Edgardo Rodríguez del Ministerio de Justicia, afirmó que en su cartera se está trabajando en crear redes de prevención comunitarias, para tener un trabajo en conjunto con las comunidades ya organizadas.
A su vez, Daniel Jara, coordinador de Derechos Humanos en la Fiscalía reconoció que aún falta mucho por hacer: ‘Falta una entidad que esté en el Ministerio Público con enfoque de derechos humanos propiamente. Formalmente, la fiscalía da cuenta de la percusión y no cumplimiento de los derechos humanos, pero muchos fiscales toman estos casos [asesinatos de defensores y defensoras] como uno más y no es así. Requiere de un enfoque de derechos humanos y no solo de eso, sino también, por ejemplo, de buscar abogadas indígenas y comunitarias».
