Una comisión del Congreso respaldó los argumentos de dos organizaciones religiosas con serias denuncias y cuestionamientos para bloquear convenios internacionales contra la discriminación. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y la Alianza en Defensa de la Libertad son referencias «privilegiadas» para el Parlamento.

Por Alvaro Meneses

En el mundo, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y la Alianza en Defensa de la Libertad (ADF) afrontan denuncias por acumular miles de millones de dólares en diezmos sin usarlos en causas benéficas y cuestionamientos por financiar centros que ejercen “terapias de conversión” y promueven discursos de odio contra personas LGBTIQ, respectivamente. En Perú, sin embargo, el Congreso de la República usa los argumentos de estas organizaciones para decidir sobre temas de carácter político e internacional.

El pasado 5 de julio, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso presidida por el parlamentario Ernesto Bustamante de Fuerza Popular archivó las resoluciones legislativas N°0224/2021-PE y N°00221/2021-PE que proponían aprobar la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia y la Convención Interamericana contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia respectivamente.

Las convenciones de acuerdo al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, establecen como categorías prohibidas de discriminación la nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidades y expresión de género, idioma, religión, identidad cultural, opiniones políticas, origen social, posición socioeconómica, nivel de educación, condición migratoria, de refugiado, repatriado, apátrida, desplazado interno, discapacidad, característica genética y la condición de salud mental o física.

Foto: Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso.

Para el rechazo de ambos convenios, según consta en el mismo dictamen, la Comisión de Relaciones Exteriores tomó en cuenta las opiniones enviadas por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y la Alianza en Defensa de la Libertad (ADF), dos organizaciones religiosas con graves cuestionamientos que daremos a conocer en este reportaje.

UNA IGLESIA MILLONARIA

En 2019, un exmiembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días denunció a su congregación ante el Servicio de Impuestos Internos (EE.UU.) de recaudar miles de millones de dólares en diezmos que en 22 años no fueron usados para causas benéficas, sino que se invirtieron en su empresa “Ensign Peak Advisors” que opera libre de impuestos por estar inscrita como organización sin fines de lucro de la iglesia mormona que se dedica a las inversiones.

La denuncia fue presentada por el ciudadano estadounidense David A. Nielsen, un ex creyente de 44 años que en setiembre de 2019 renunció a su cargo de administrador principal de Ensign Peak Advisors acentuada en Utah, un estado mayoritariamente mormón. En la denuncia, Nielsen exige al Servicio de Impuestos Internos que anule las exoneraciones tributarias a su congregación. 

Según la denuncia, filtrada al periódico The Washington Post, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días recauda al año cerca de US$7 mil millones en donaciones de sus fieles, quienes asignan el 10% de sus sueldos. Del total de ingresos anuales, sostiene la queja, US$6 mil millones se usan para cubrir costos operativos y los restantes mil millones de dólares se transfieren a Ensign Peak Advisors. Desde su fundación en 1997 hasta la actualidad, esta organización aumentó su capital en más de US$100 mil millones.

Templo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en el estado de Utah. Foto: Difusión.

El denunciante sostiene que no existen pruebas de que los miles de millones de dólares transferidos a Ensign Peak Advisors en los últimos 22 años se hayan invertido en alguna actividad religiosa, educativa o caritativa, pese a que las normas del Servicio de Impuestos Internos establecen que una organización sin fines de lucro debe realizar acciones de caridad “proporcionales al alcance de sus recursos financieros”.

Por el contrario, enfatiza la denuncia, sí existirían pruebas de que Ensign Peak Advisors usó sus fondos en actividades empresariales. En 2009 habría transferido US$600 millones a la empresa de seguros Beneficial Life y en los siguientes años inyectó otros US$1,400 millones al City Creek Center, un centro comercial ubicado en el estado de Utah y que actualmente pertenece en parte a la iglesia. Hasta el 2012, según Reuters, el capital de la congregación bordeaba los US$35 mil millones más templos en todo el mundo, casas de reunión, granjas, centros comerciales y empresas. 

Frente a las resoluciones legislativas que proponían aprobar convenios internacionales contra todo tipo de discriminación, la millonaria iglesia mormona envió su opinión a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso. Al respecto, sostuvo que las disposiciones de los convenios “amenazaba” la libertad de expresión y de religión. “El lenguaje de la Convención exigiría que el Estado impidiera y sancionara cualquier doctrina o enseñanza de organizaciones religiosas privadas que el Estado considere intolerante”, sostuvo la iglesia.

Opinión enviada por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

PROMOTORA DE TORTURAS

Una similar opinión envió al Congreso la Alianza en Defensa de la Libertad (ADF), una organización internacional fundada por cristianos fundamentalistas y que cuenta con más de 3 mil abogados en 51 países dedicados a emprender acciones legales contra las políticas y proyectos de ley a favor de las personas LGBTIQ y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

En el mismo tono que el argumento de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la opinión de ADF, elaborada por los abogados conservadores Tomás Henríquez y Kristina Hjelkrem, califica los convenios como “convenciones mordaza” porque ambos “tienen una definición excesivamente amplia del concepto de intolerancia que es susceptible de ser abusada y que posiblemente tendrá un efecto de censura contrario a la libertad de expresión”, según el dictamen.

Opinión enviada de la Alianza en Defensa de la Libertad a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso.

Para la abogada Andrea Carrasco, asesora del área de Incidencia Jurídica de Promsex, la supuesta amenaza a la libertad de expresión que advierten ambas organizaciones religiosas, apuntan más bien a mantener en la impunidad la discriminación y discursos de odio contra personas LGBTI. “Estos instrumentos jurídicos internacionales incluyen la identidad y expresión de género como motivos prohibidos de discriminación. La renuencia a estos convenios es para seguir con carta libre para la homofobia, transfobia y discursos de odio”, comenta a Wayka.pe.

Andrea Carrasco, abogada de Promsex.

La agenda de ADF, además, los ha llevado a vincularse con dos organizaciones que ejercen discursos de odio contra la población LGBTIQ y que practican “terapias de conversión”. De acuerdo a un reporte de NARAL Pro Choice America, una asociación que defiende los derechos sexuales y reproductivos en Estados Unidos, ADF es aliada de “Focus on the Family”, un grupo religioso que promueve torturas contra las personas homosexuales. 

Desde la década de 1970, “Focus on the Family” ofrece atención para niños, niñas y adolescentes con supuestos “problemas de homosexualidad” o “problemas de identidad de género”. Y sus consejeros, según un informe de OpenDemocracy, califican a las personas LGBTIQ como “enfermizas” y que “la tasa de ataques sexuales, de delincuencia (…) las enfermedades transmisibles (…) son mayores en la comunidad gay”. 

De acuerdo al mismo informe de NARAL Pro Choice America, entre 2010 y 2011 ADF donó 20 mil dólares a Gordon Klingenschmitt, un político estadounidense ultraconservador que dirige “Pray in Jesus Name”, una organización catalogada como un grupo de odio por el Centro de Leyes de Pobreza del Sur. Klingenschmitt, además, es conocido por afirmar que “exorcizó” a una soldada lesbiana víctima de violación sexual y que las personas LGBTIQ “tienen algo no humano dentro de ellas”. 

Gordon Klingenschmitt, director de la organización religiosa «Pray in Jesus Name».

Para la abogada Andrea Carrasco de Promsex es preocupante que el Congreso base su rechazo a las convenciones internacionales en opiniones de organizaciones religiosas y conservadoras. “Con esto, el Congreso le da poder de decisión a los grupos conservadores sobre instrumentos jurídicos e internacionales que buscan proteger a poblaciones vulnerables, como las personas LGBTI, de los discursos de odio y la discriminación”, lamenta Carrasco.