Redacción Wayka

Nueva evidencia científica demuestra los altos niveles de contaminación con la que viven los ciudadanos de Espinar en Cusco. Exámenes médicos realizados por el experto en salud ambiental Fernando Serrano de la Universidad de Saint Louis, Missouri (Estados Unidos) confirmaron que adultos y niños tienen en su organismo arsénico, manganeso, cadmio, plomo y mercurio producto de relaves minero que afectan gravemente su salud.

De las 150 muestras analizadas de personas voluntarias del Pueblo K’ana, el 78% presentó niveles de metales y sustancias tóxicas por encima de los niveles de referencia. Además, se tomaron 191 muestras de agua, de las cuales 151 arrojaron resultados de contaminación. De ellas, 115 muestras son utilizadas como agua de consumo humano. Estas afectaciones no son recientes, llevan más de 30 años-

Los resultados son parte del informe ‘Estado de salud fallido: Emergencia de salud en pueblos indígenas de Espinar’, elaborado en conjunto por Amnistía Internacional y Derechos Humanos Sin Fronteras. Las organizaciones denuncian la grave situación de la comunidad indígena de Espinar y el fracaso del sistema de salud peruano que no brinda atención oportuna. 

“Hay una omisión de atender y prevenir la grave situación de salud de Espinar, faltando a su deber de supervisión y de garantizar el derecho de las personas a un ambiente sano”, señaló la directora de Amnistía Internacional Perú, Marina Navarro en conversación con Wayka.

Por su parte, Karem Luque, bióloga y especialista en salud ambiental de Derechos Humanos Sin Fronteras, resaltó que no solo se vulnera el derecho a la salud, sino también otros derechos fundamentales como el de la protesta ciudadana. «Si estas personas protestan para exigir salud y ambiente sano, lo que obtienen es que se les criminalice y militaricen sus territorios con estados de emergencia», agregó Luque.

Contaminación por metales tóxicos. Gráfica: Informe ‘Estado de salud fallido: Emergencia de salud en pueblos indígenas de Espinar’.

Vidas sin salud

Uno de los ciudadanos afectados es Gerson López, un joven comerciante de 22 años que vive en la comunidad de Alto Huancané. Debido a la contaminación por metales tóxicos, López ha sufrido náuseas, vómitos y calambres frecuentes en las manos y los pies. Su familia también ha padecido enfermedades raras por la intoxicación. 

Cuando era niño, su madre los llevó a él y a su hermano menor al hospital para hacerse exámenes médicos. Los resultados arrojaron que su hermano era el que tenía la mayor cantidad de presencia de metales tóxicos de toda la comunidad y Gerson era el segundo más afectado.

“El gobierno no nos ha ayudado en nada. Está olvidándose de nosotros. Estamos pidiendo salud y respeto al medio ambiente. Quiero aprovechar mi vida, porque solo una vida tengo. Estamos muriendo, estamos perdiendo a nuestras familias, estamos perdiendo a nuestro ganado”, narró el joven al contar su testimonio en el informe.

El Ministerio de Salud estableció en 2020 que más del 31% de la población, es decir más de 10 millones de personas en todo el país, están en riesgo de exposición a metales pesados y otras sustancias químicas, más de 6 millones están expuestos al arsénico y más de un millón en riesgo por hidrocarburos. 

Las personas afectadas por estos metales en Espinar son de todas las edades, desde un bebé de dos años y un niño de doce, hasta un anciano de 87 años. Ellos y toda su comunidad viven una doble crisis sanitaria: la pandemia y la contaminación que pone sus vidas pendiendo de un hilo ante la inacción de las autoridades.

Efectos en la salud de los metales tóxicos. Gráfica: Informe ‘Estado de salud fallido: Emergencia de salud en pueblos indígenas de Espinar’.

«La exposición a metales tóxicos genera precondiciones a mayor vulnerabilidad, por ejemplo, al COVID-19. Si una persona tiene un órgano deteriorándose por la presencia de tóxicos, ya es más vulnerable según las mismas indicaciones de la Organización Mundial de la Salud. Hay una precondición de generar mayor daño a la salud», alertó la especialista de Derechos Humanos Sin Fronteras.

Según cifras oficiales de la Red de Salud Canas Canchis Espinar de la Dirección Regional de Salud de Cusco, hasta el 1 de mayo de 2021, hay 3 mil 828 casos confirmados de COVID-19. Y solo en Espinar se han registrado 27 muertes por el virus entre el 25 de abril y el 1 de mayo de este año.

Autoridades no responden

Los resultados de la investigación que confirma la contaminación por metales tóxicos fueron enviados a la Presidencia del Consejo de Ministros y al Ministerio de Salud para que emitieran opiniones oficiales y brindaran pronta respuesta a la crisis de Espinar; sin embargo, hasta el momento no se han pronunciado al respecto. 

El pasado 30 de diciembre de 2020, la Corte Superior de Justicia de Cusco emitió una sentencia definitiva e inapelable que ordena al Ministerio de salud diseñar e implementar una Estrategia de Salud Pública de Emergencia Sanitaria para Espinar relacionada a la exposición a metales y sustancias tóxicas.

El informe recomienda que las autoridades deben diseñar e implementar esta estrategia con la participación de las 13 comunidades indígenas de Espinar y las organizaciones representativas. Además, se debe asignar recursos humanos, físicos y financieros idóneos para la ejecución de la estrategia y presentar públicamente los resultados del trabajo. 

Gráfica: Informe ‘Estado de salud fallido: Emergencia de salud en pueblos indígenas de Espinar’.

“Las autoridades deben tomar el liderazgo para resolver la grave crisis de salud en Espinar y, en particular, garantizar la implementación de la Estrategia de Emergencia. No puede normalizarse el que las personas vivan con metales y sustancias tóxicas en sus cuerpos. Es una situación que debe resolverse sin demoras y con las garantías de que no se vuelva a repetir”, puntualizó la directora de Amnistía Internacional.

Además del Ministerio de Salud, para la Karem Luque, especialista de Derechos Humanos Sin Fronteras, el Ministerio de Energía y Minas es una de las principales instancias que debe garantizar y regular el respeto en los territorios. «Parece que ellos solo se están centrando en la concesión (de proyectos extractivos), pero no están evaluando de que existe una real y sincera convivencia entre comunidades y estos proyectos», puntualizó.