Redacción Wayka

Sentencia machista. Los jueces del Colegiado de Ica, Ronald Anayhuamán Andia, Diana Jurado Espino y Lucy Castro Chacaltana, decidieron archivar una denuncia por violación y absolver a Giancarlo Miguel Espinoza Ramos (22), presunto agresor sexual de una joven (20) en el distrito de Los Aquijes.

Sin embargo, los argumentos del fallo emitido por el Juzgado Penal Colegiado Transitorio Zona Sur de Ica están siendo criticados por contener argumentos con «esteriotipos de género y revictimizantes» que afectan a la víctima. La sentencia también deslegitima el testimonio de la agraviada, presumiento que estaba predispuesta para mantener relaciones sexuales, el día que ocurrió la violación, tan solo por llevar puesta una «trusa femenina de color rojo».

El fallo cuestiona el color y forma de ropa interior de la víctima.

Juzgan testimonio

En enero de 2019, la víctima denunció que Giancarlo Miguel Espinoza le pidió que lo acompañe a su instituto. Como llegaron tarde, se fueron al restobar Puerto Rico para celebrar la obtención de su título. Ella narra que se sentía mal y no quería seguir bebiendo, pero Giancarlo continuó presionándola. En la madrugada llegó el abuelo de Giancarlo para recogerlos, y como eran amigos desde el colegio, ella confió en ir a su casa.

Cerca de la seis de la mañana, la víctima se despertó al darse cuenta que Giancarlo estaba encima de ella y la estaba penetrando. También advirtió que se encontraba desnuda y empujó a Giancarlo hacia un lado con la intención de defenderse. Tras salir de la casa, se dirigió a su vivienda que está a unas tres casas más. Ambos eran vecinos. La madre de la víctima se dio cuenta que su hija se encontraba mal y no dejaba de llorar. Fue así que procedieron a dirigirse a la comisaría para sentar la denuncia.

Pero no imaginaron que una sentencia ordenaría la liberación de su agresor y la pondría como culpable, juzgando su vestimenta, pero también su testimonio. Incluso, en la sentencia se cuestiona a la madre por no ir a buscar a su hija cuando se dio cuenta que no estaba en casa.

Extrato de los hechos probados y no probados de la sentencia que expone el juzgado.

En la sentencia, los jueces consideran como argumento la «persistencia en la incriminación»; es decir si el testimonio de la víctima no cae en contradicciones, y concluyen que en sus testimonios existirían «omisiones». Como por ejemplo, que la puerta de la habitación de Giancarlo tenía o no manija, o si pidió permiso a su madre para salir. Sin embargo, el fallo también menciona que la víctima presenta afectación psicológica como consecuencia de la agresión y que ha ido «perjudicando los diversos ámbitos de vida», según se lee en el documento.

Sobre las versiones de Giancarlo y de los testigos que presentó su defensa se valida el testimonio del imputado, quien asegura que la joven lo denunció por venganza, ya que le habría pedido que sean pareja, pero él se negó. Además, los jueces consideraron las pruebas realizadas por los peritos médicos.

Rechazan fallo

De esta manera, Giancarlo Miguel Espinoza fue absolueto de los cargos, para quien la Fiscalía solicitaba la pena privativa de la libertad y una reparación civil. Esto ha llevado a que el Ministerio Público se pronuncie sobre la sentencia y pida la nulidad del fallo, además que otro juzgado lo asuma.

«El fiscal adjunto provincial, Carlos Willy Guillermo Yalle, informó que interpuso el recurso de apelación para que se adecué un mejor estudio y debida valoración la actividad probatoria; se declare la nulidad y se disponga un nuevo juicio ante otro juzgado con las debidas garantías contra el acusado», se menciona en el comunicado de la Fiscalía.

Captura extracto de sentencia que libera a Giancarlo Espinoza.

Por su parte, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha rechazado la sentencia del Juzgado Penal de Ica, porque sus argumentos contravienen con las normas vigentes e internacionales que sancionan la violencia de género. Además, exhortan a los jueces a no usar «presunciones cargadas de estereotipos de género y revictimizantes» que afectan a las víctimas de la violencia.

En su comunicado también señalan que los jueces y juezas, para este tipo de casos, no pueden basarse en el «comportamiento de la víctima» sino en conocer si existió o no consentimiento de la persona agraviada.

Genera rechazo

La resolución del fallo dispuesto por los jueces Ronald Anayhuamán Andia, Diana Jurado Espino y Lucy Castro Chacaltana ha generado críticas también desde la opinión pública. A través de redes sociales algunas excongresistas, exministra y activistas expresaron su rechazo a la sentencia y solicitan la destitución de los jueces encargados del caso.

Según la Ley de carrera judicial, donde se sancionan las faltas de los operadores de justicia, en el artículo 47 se detalla como falta grave en el numeral 7 «incurrir en conducta y trato manifiestamente discriminatorio en el ejercicio del cargo».