Gonzalo Nuribe Noriega es acusado por realizar tocamientos indebidos en contra de menores de 5 y 6 años en Loreto. Fiscalía pidió prisión preventiva para el hombre, sin embargo, el Poder Judicial declaró infundado el pedido.
Redacción Wayka
Pese a encontrarlo en flagrancia, el Poder Judicial lo dejó libre. Se trata de Gonzalo Nuribe Noriega, quien es señalado como culpable de tocar indebidamente a dos niñas de la comunidad de Concordia, en el distrito de Urarina (Loreto). Incluso, el teniente gobernador de Concordia, Fredy Curitima, asegura que Nuribe ya volvió a la comunidad.
El Ministerio Público hizo la denuncia penal por el delito de tocamientos indebidos y actos libidinosos; y solicitó la prisión preventiva para Gonzalo Nuribe Noriega. Pero, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Nauta, a donde se remitió el caso, abrió investigación y dispuso solo la comparecencia con restricciones. La Fiscalía apeló la medida y se ha elevado el trámite a una sala de Iquitos.
Estas niñas se suman a las 754 menores de poblaciones indígenas que sufrieron violencia sexual entre 2019 y 2020, según la asociación Chirapaq. Tania Pariona, miembro de esta organización, observa con preocupación este caso. «Creemos que debe haber una mejor respuesta para estas dos niñas, que claramente han sido vulneradas en sus derechos. Nos preocupa también el silencio y la lentitud con la que se ha abordado el tema», comenta a Wayka.
INVISIBILIZACIÓN
Es reiterado que cuando ocurre un caso de violación sexual u otras formas de violencia, como el de las dos niñas del pueblo Urarina en Loreto, haya un silencio y una reacción tardía de las instituciones. «Lo que demuestra que hay una indiferencia y todavía un pensamiento excluyente», comenta Pariona.
La organización Chirapaq dispone de reportes estadísticos brindados por el Centro de Emergencia Mujer (CEM) de la provincia de Villa Rica, zona habitada por población Yanesha, donde se identifica casos de violencia sexual como el de marzo de este año contra una menor de 6 años. Asimismo en 2020 se supo de un caso de violencia sexual contra una menor de 14 años en la comunidad nativa de Buenos Aires, y otros tres casos también de mujeres que bordeaban entre los 12 a 29 años en la comunidad Unión de la Selva.
«Lo que vemos es que no hay una respuesta inmediata frente a estos casos, no hay coordinación interinstitucional para abordarlos, ni mucho menos brindarle soporte y acompañamiento a las víctimas, son casos que han sido denunciados, pero sin mayor respuesta de las instituciones . Nos llama muchísimo la atención este silencio institucional, pero también de las propias comunidades», denuncia Pariona.
SIN ACCESO A JUSTICIA
El último reporte ‘Violencia sexual contra niñas y jóvenes indígenas’ elaborado por Chirapaq estima que cerca de 30 niñas indígenas fueron víctimas de violación, acoso o explotación sexual al mes, durante el 2020.
El informe también señala que cada día tres niñas de entre 10 y 14 años se convierten en madres y una de ellas vive en zonas rurales. Esta problemática, lejos de disminuir, ha incrementado con el paso del tiempo, pues las cifras de maternidad infantil en estas áreas geográficas han crecido en un 78% desde el 2012 hasta el 2020, en comparación con el 29% que han registrado las áreas urbanas.
“La denuncia de estos casos es casi imposible debido a la lejanía geográfica de los servicios públicos especializados, los gastos que deben asumir las familias en busca de justicia y la percepción de un trato descortés y cuestionador a la víctima por parte de los agentes del Estado”, señala la activista indígena Tarcila Rivera Zea, presidenta de Chirapaq.
Por su lado, Pariona señala que no existen Demunas (Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescente) en las comunidades rurales. «Lo que vemos es justamente este silencio que se suma a la complicidad y a la reproducción de violencia que luego se normaliza. Con las niñas nos olvidamos que hay un compromiso de protección, de velar por sus derechos como seres humanos», anota.
Otro problema son las cámaras Gesell. Las niñas tienen que viajar horas o días dependiendo de la distancia para obtener la entrevista en estos espacios. Las citas demoran, las menores tienen que esperar hasta que se abra un cupo.
SIN REGISTROS
No existe tampoco una base de datos sobre casos de abuso sexual donde se especifique la variable étnica, Solo en el distrito de Imaza, la Estrategia Rural del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) registró 32 violaciones sexuales el año 2021, de los cuales 28 fueron contra menores de edad, pero no se puede conocer cuántas de estas víctimas son niños indígenas.
«Creo que un problema que arrastramos tiene que ver con la data estadística desagregada, eso se resolvería si los diversos registros que tienen las entidades nacionales, regionales y locales incluyeran la variable étnica, de género y edad. Nos permitiría entender la dimensión del problema» , remarca Pariona.
La justicia ordinaria como la consuetudinaria, la de las comunidades indígenas, presentan vacíos para atender de manera pertinente las situaciones de violencia sexual; negando el derecho a una vida libre de violencia . «Se requiere de un diálogo intercultural para construir sistemas de justicia que sancionen, reparen, restablezcan y protejan de manera eficiente a las niñas, adolescentes y jóvenes indígenas», sostiene Pariona.
