Redacción Wayka
Este jueves 6 de mayo, dirigentes y miembros de más de 110 organizaciones indígenas y campesinas protestaron frente al Congreso de la República para exigir un Pleno de temática “Pueblos y Ambiente”, en donde se esperan que se debata y vote un paquete de dictámenes que buscan proteger a los defensores ambientales y las comunidades en aislamiento voluntario y contacto inicial, así como remediar la contaminación generada por proyectos extractivos y frenar las actividades ilícitas en la Amazonía peruana, como el tráfico de tierras, el narcotráfico y la minería y tala ilegal.
“¡Que el Congreso no le falle otra vez a los pueblos y el ambiente! ¡Solicitamos la convocatoria a un Pleno de Pueblos y Ambiente!”, exhorta una carta abierta firmada por más de 110 organizaciones, entre las que figuran la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la Organización de los Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio), la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes (Feconau), la Plataforma de Organizaciones Indígenas Amazónicas (PIUNAMUD), la Organización Nacional de Mujeres Indígenas del Perú (Onamiap), el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis y la Federación Regional de Rondas Campesinas de Cajamarca.
Desde la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología ya se aprobó un paquete de dictámenes referidos a los pueblos indígenas y el medioambiente. Uno de ellos es el proyecto de ley 4044, que busca proteger a las comunidades en situación de aislamiento y contacto inicial específicamente frente al covid-19. Otra propuesta legislativa pendiente es el PL 6699 que busca reconocer la personalidad jurídica de los pueblos indígenas para fortalecerlas.
En la lista de espera también aguarda el dictamen basado en los proyectos 336 y 389, que propone la implementación de normas para proteger y reforzar a los defensores ambientales. Esto en el marco de cuatro dirigentes indígenas asesinados entre enero y octubre del 2020, y otros 15 ejecutados en medio de un conflicto social en los últimos cinco años. En los últimos veinte años, de acuerdo al registro de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), más de 960 defensores fueron perseguidos judicialmente por defender sus territorios.
La protección de los ríos y cuencas también está en agenda, a través del dictamen que recoge hasta 12 proyectos de ley, y que buscan la remediación de las fuentes de agua contaminadas por actividades urbanas, industriales y mineras.
“Solicitamos a la Mesa Directiva del Congreso y a la Junta de Portavoces la convocatoria de manera urgente a un Pleno de Pueblos y Ambiente en el mes de mayo que permita que el Congreso debata y apruebe estas leyes para defender nuestros derechos y al ambiente (…) Que el actual Congreso no nos falle y esté a la altura de la historia. Por eso esperamos ser escuchados”, concluye la carta abierta firmada por más de 100 organizaciones indígenas y campesinas.
