A través de una carta notarial, Telesup exige a la Sunedu que acate una medida cautelar a su favor. El documento firmado por Luis Luna Morales, gerente general de la institución con licencia denegada, fue enviado un día después de la vacancia presidencial.
Lucero Ascarza
La carta notarial de la ‘Universidad Privada Telesup’ dirigida a Oswaldo Zegarra, titular de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu) lleva la fecha del martes 10 de noviembre. Es decir, un día después que el Congreso de la República llevara a cabo una vacancia que -por sus características- representa un golpe de Estado.
El objetivo del documento es que Sunedu acate una medida cautelar que el Segundo Juzgado Civil de Bagua dispuso en 2019 a favor de Telesup y anuló la denegatoria al licenciamiento que había sido decidido por Sunedu. Sin embargo, dicha resolución fue anulada cuando el Poder Judicial inició una investigación contra el juez que la firmó.
A pesar de ello, Luis Luna Morales, gerente general de Telesup, indica en la carta notarial que Sunedu tiene 24 horas para cumplir con la medida dictada por el juez de Bagua. Es decir, que anule la denegatoria de licenciamiento. Así, el hermano de José Luna Morales, congresista de Podemos Perú, señala que formularán una denuncia penal por desobediencia a la autoridad, falsedad documental, falsedad ideológica y falsedad genérica.
Como se recuerda, el actual Congreso ha tenido un historial de oposición a la reforma universitaria y a la labor de la Sunedu. El hecho que la carta notarial de Telesup se haya enviado el mismo día que Manuel Merino, expresidente del Congreso, juramentó como jefe de Estado (de facto), tampoco parece casual.
Aprovechan crisis política
En el documento de Telesup se refiere a Sunedu como una institución del Poder Ejecutivo que de manera temporal posee respaldo del Gobierno. «Posición de dominio que les ha permitido sentirse a salvo de la obligación legal de cumplir con las órdenes emanadas de una autoridad», indica Luna Morales.
Luis Luna Morales también indica que esperan que la justicia actúe en su favor cuando esa «posición de dominio y respaldo gubernamental haya llegado a su fin, conforme el devenir político en nuestro país«.
Aquí compartimos la resolución completa: