Amanda Meza /Wayka
Apenas horas después de conocerse su polémico fallo que favoreció a la universidad Telesup, el juez Alberto Cohen Vela renunció a su cargo de juez Supernumerario del Segundo Juzgado Civil Permanente de Bagua, en la Corte Superior de Justicia de Amazonas. Sin embargo, surge un nuevo cuestionamiento ¿debió aceptarse la renuncia o ser destituido?
En la resolución administrativa de la Corte Superior se detalla que la renuncia fue cursada al jefe de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura-ODECMA, que intervino en el despacho del juez Cohen luego de conocerse su polémico fallo.
Sin embargo, la renuncia del juez se precisa «por motivos personales y de índole familiar impostergables».
Cabe señalar que generó polémica la decisión del juez de aceptar la medida cautelar en favor de Telesup, salvaba a a esa institución del cierre, ya que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) le negó la licencia.
Además, Wayka reveló que Cohen Vela, tiene un pasado vinculado a presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y otros en agravio del Estado.
Según un documento del 2017 de la Sala Penal de Apelaciones Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, el magistrado Alberto Cohen Vela presentó un recurso para no pagar la caución económica que era parte de las reglas de conducta impuestas como consecuencia de una comparecencia restringida que se le impuso a él y a otros tres funcionarios como parte de la investigación por la presunta comisión de delitos de asociación ilícita para delinquir y otros en agravio del Estado.
Para el Cuarto Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, el juez Cohen Vela y los funcionarios Nanci Zamora Santillán (exalcaldesa distrital de Pólvora en San Martín), Roddy Vela Rodríguez y Meylin Valverde Aguilar habrían integrado una presunta organización criminal dirigida por Rafael Siguas Donaire y los hermanos Luis y Gerardo León Siguas para apropiarse de los fondos del Estado mediante procedimientos coactivos en diferentes partes del país.
Esta agrupación también era conocida como el ‘Clan Siguas’, que, desde el 2002, se dedicaba a generar multas contra municipios, gobiernos regionales, la Policía Nacional del Perú, el Instituto Nacional Penitenciario del Perú y empresas privadas. En 2017, se supo que el clan Siguas robó 500 millones de soles al Estado en cobranzas coactivas. Según la hipótesis fiscal, el caso en el que el juez Alberto Cohen Vela se vio involucrado se ubica en el distrito de Pólvora de San Martín, donde se inició un proceso de cobranza coactiva para apropiarse de 1 millón 480 mil soles.
