Más de 150 mujeres han quedado sin trabajo luego de que la Municipalidad de Lima, en un operativo cuestionable, cerrara Las Cucardas, uno de los pocos locales en Lima que funcionaba legalmente como prostíbulo. Ante esta situación, algunas han tenido que salir a las calles, donde las mafias de proxenetas ya les han pedido pagar cupo y les han disparado por negarse a hacerlo. Las trabajadoras sexuales temen que esta situación empeore y cobre vidas, como sucedió con los violentos asesinatos de Rubí Ferrer y Priscila Aguado en febrero del año pasado.
Por Johana Perleche
El 15 de mayo de este año, un operativo de la Municipalidad de Lima se desplegó en Las Cucardas ―prostíbulo legal más conocido en la capital― y clausuró el local. Ellos alegaron que en el lugar faltaban aspersores contra incendios y por eso se daba el cierre. Sin embargo, menos de un mes antes, el 17 de abril, fiscalizadores del municipio verificaron las condiciones de seguridad y dieron el visto bueno.
Por ello, las afectadas señalan que ha habido irregularidades en este accionar. Además, Las Cucardas sí tenía licencia de funcionamiento vigente y contaba con certificado de seguridad en edificaciones válido hasta 2026.
Como consecuencia de la clausura del establecimiento, al menos 150 trabajadoras sexuales han perdido acceso a sustentarse de manera segura, sin exponer sus vidas debido a las mafias de proxenetas.
“Esta situación pone en riesgo nuestra vida, nuestra salud y nos orilla a la pobreza; vulnera nuestros derechos humanos, es un claro ejemplo del estigma, discriminación y violencia en la que vivimos en el marco del abuso de poder de ciertos operadores que basan sus actos en sus prejuicios, pasando por encima de la ley”, manifiesta a Wayka Angela Villón, presidenta de la asociación de personas que ejercen trabajo sexual ‘Miluska vida y dignidad’.
Resalta también que Las Cucardas era uno de los pocos lugares privilegiados en los que las trabajadoras sexuales podían ejercer sus labores con dignidad. “Digo con dignidad porque es un lugar donde hay higiene, donde hay salud y seguridad en el trabajo, donde hay los requisitos indispensables que necesito para poder ejercer mi trabajo de una manera tranquila, sin traumas, sin que esté estresada con el tema de la presencia de los policías, serenazgos o de las mafias que me vengan a cobrar los cupos, o que me vengan a violar o amenazar de muerte”, sostiene.
Sobre todo, la preocupación oscila en torno a su seguridad, pues son una población vulnerable sumamente discriminada y estigmatizada.
Cabe resaltar que en el Perú no está prohibido el trabajo sexual; mientras que sí es ilegal el proxenetismo. Esto último implica que una o más personas se aprovechen de las trabajadoras sexuales para obtener beneficios económicos.
Son las mafias de proxenetas las que se han apoderado de, en este caso, las calles de Lima. Y es sobre todo a este tipo de mafias a las que ahora las trabajadoras sexuales se ven expuestas.
Foto: Juan Zapata / Wayka
Una de las mujeres que quedó sin sustento debido al cierre de las Cucardas cuenta que tras salir a buscar trabajo se topó con las mafias que le pedían pagar cupo.
“Yo ya no podía más porque, bueno, se me vienen las deudas encima, se me vienen los pagos encima. Tuve que salir a trabajar y no pasaron más de 15 minutos que estaba parada en la plaza Dos de Mayo cuando vino el motorizado con otro tipo más a decirme que yo tenía que alinearme, que tenía que pagar el cupo y que tenía tres días para trabajar para pagar el cupo”, narra una trabajadora sexual que prefiere mantener su nombre en reserva.
Ella trabajó los días indicados y luego desapareció del lugar porque teme que atenten contra su vida. De acuerdo con Angela Villón, este es solo un caso de la difícil situación que actualmente viven muchas trabajadoras sexuales.
Este miedo tiene fundamentos y precedentes. En febrero de 2023, tras una serie de operativos en los que cerraron lugares de trabajo sexual, las mafias de proxenetas invadieron el jirón Zepita llevando consigo a víctimas de trata, la mayoría mujeres extranjeras. En ese lugar hubo un enfrentamiento entre las mujeres trans que trabajaban allí y la mafia.
Como resultado, Rubí Ferrer y Priscila Aguado fueron secuestradas, torturadas y asesinadas. Incluso, integrantes del ‘Tren de Aragua’ grabaron el momento en que Ferrer recibe 33 disparos y enviaron el video a las trabajadoras sexuales para amedrentarlas.
“¿Y todo porque empezó? Porque la Municipalidad de Lima hace estos tipos de intervenciones sin importarle la vida nuestra, sin importarle si comemos o no comemos, si tenemos familia, si tenemos hijos atrás. No le importa nada. Y lo mismo probablemente pase ahora, porque las chicas se están exponiendo a las mafias porque no les queda otra, porque les han quitado su lugar trabajo a 150 mujeres. En ese local hay 75 cuartos y hay dos turnos: las chicas que trabajan en la mañana y las chicas que trabajan en la tarde. Son 150 mujeres que trabajan ahí y que ahorita están expuestas a las mafias”, subrayó la presidenta de las trabajadoras sexuales.
A las pocas horas de realizada esta entrevista se reportó que las mafias de proxenetas ‘One family’ disparó en Lince a dos trabajadoras sexuales que se negaron a pagar los cupos. Producto de la balacera también fueron afectadas otras dos personas. Las mujeres fueron trasladadas al hospital hospital Casimiro Ulloa, donde una de ellas permanece hasta el momento, dado su estado de salud. “A nadie parece importarle nuestras vidas”, dice indignada, Villón.
Ante esta situación, las trabajadoras sexuales acudirán al Congreso para pedir a las parlamentarias Ruth Luque y Susel Paredes que cumplan con su rol de veedoras y objeten la cuestionable clausura de Las Cucardas.
“Porque nosotras, indistintamente de ser trabajadoras sexuales, somos ciudadanos como todas, y ciudadanas con derechos que estamos en una situación de alto riesgo, de alta vulnerabilidad por el tema de la presencia de las mafias que ha rebasado, y que el Gobierno no ha podido controlar”, concluye.
Foto: Juan Zapata / Wayka
