Gobierno de Trump inicia mandato con politicas antimigratorias y redadas masivas, que podrían violar derechos humanos y poner en situación de vulnerabilidad a migrantes y refugiados. 

A solo días del inicio del segundo mandato de Donald Trump, la población de Estados Unidos se encuentra inmerso en una de las mayores campañas de deportación del país norteamericano.

El pasado jueves, la administración republicana anunció el arresto de 538 “inmigrantes indocumentados” y la “deportación” de cientos de ellos en aviones militares, una operación que Trump calificó como una promesa cumplida.

 “La mayor operación masiva de deportación en la historia está en marcha”, afirmó Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, a través de un mensaje en la red social X.

Estado de emergencia y militarización de la frontera

Como parte de su ofensiva migratoria, Trump declaró el estado de emergencia nacional en la frontera con México y firmó una serie de decretos destinados a endurecer las políticas migratorias. Entre ellos, destaca el restablecimiento del polémico programa “Quédate en México”, que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en territorio mexicano mientras se tramitan sus casos. Este programa, implementado originalmente durante su primer mandato, había sido derogado por su sucesor, Joe Biden.

Asimismo, el presidente ordenó la suspensión de todas las llegadas de refugiados, incluidos aquellos a quienes ya se les había concedido asilo, lo cual deja a miles de personas vulnerables en una situación de incertidumbre, particularmente a quienes huyen de la violencia y persecución en América Central y del Sur.

Restricciones al derecho de ciudadanía y la militarización del sistema judicial

Entre las medidas del gobierno de Trump se incluye una propuesta para restringir el derecho de ciudadanía por nacimiento, protegido por la 14ª Enmienda de la Constitución. Aunque esta medida fue bloqueada temporalmente por un juez federal de Seattle, marca un intento significativo por parte de la administración de Trump de socavar derechos consagrados desde el siglo XIX.

Además, el Congreso, ahora dominado por los republicanos, aprobó una ley que amplía el encarcelamiento preventivo de extranjeros en situación irregular sospechosos de delitos. En una acción inédita, el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Benjamine Huffman, otorgó a agencias como el FBI, la DEA y el Servicio de Alguaciles la autoridad para investigar y arrestar a inmigrantes indocumentados. Según el Departamento de Justicia, esta directiva busca “identificar y aprehender” a extranjeros que han ingresado ilegalmente al país.

Críticas internacionales y violaciones a los derechos humanos

Ravina Shamdasani, portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, recordó que “el derecho a buscar asilo es un derecho humano universalmente reconocido” y advirtió sobre las consecuencias de estas políticas restrictivas. Organismos humanitarios han señalado que la militarización de las deportaciones y la suspensión del asilo violan tratados internacionales suscritos por Estados Unidos.

Por otro lado, según la organización Human Rights, estas políticas están sembrando el miedo en las comunidades estadounidenses. Alimentarán un enorme aumento de las detenciones, deportaciones y violaciones de derechos humanos.

“Todas las personas, independientemente de su situación migratoria o de sus antecedentes penales, tienen derecho a un trato justo ante la ley y a la oportunidad de defender su libertad y sus derechos cuando son detenidas o corren el riesgo de ser deportadas”, resaltó la organización.