Una violación cada 40 minutos: Cifras revelan retroceso normativo en el Perú

El balance del año 2025 arroja una realidad preocupante para las mujeres, adolescentes y niñas en el Perú. Según los registros oficiales del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), se contabilizaron 13,096 casos de violación sexual, lo que equivale a un promedio de una agresión cada 40 minutos. Estas cifras representan el punto más crítico de violencia sexual de los últimos siete años, evidenciando un sistema que no solo falla en proteger, sino que retrocede ante el avance de políticas conservadoras.

Cifras que alarman

La data del Portal Estadístico del MIMP muestra un crecimiento sostenido de la violencia. Mientras que en 2019 se atendieron 7,881 casos, el cierre de 2025 superó la barrera de los 13 mil, marcando un incremento histórico.

Lima Metropolitana encabeza la lista con 2,995 casos (22.9%).Siguen regiones como Arequipa (1,014), Cusco (917) y Junín (678). El 94.1% de las víctimas atendidas son mujeres, reafirmando el carácter estructural de esta violencia.

»Cultura de la impunidad»

Para Rocío Silva-Santisteban, excongresista y directora de Demus, estos números no son hechos aislados, sino el resultado de tres factores clave: normalización, tolerancia e impunidad.

»La pregunta nunca es por qué el agresor violó, sino qué hizo la víctima para evitarlo», señala Silva-Santisteban, denunciando la narrativa que responsabiliza a las mujeres.

Para Mariangel Zelada, integrante de DEMUS, advierte que la violencia de género no puede entenderse como hechos aislados, sino como parte de un sistema que ejerce control y poder sobre los cuerpos de las mujeres.

“Estamos frente a un sistema que no protege, que responde cuando la violencia ya ocurrió, pero que no invierte de manera real en prevenirla”, señaló.

Zelada recordó que, si bien hay un incremento en el acceso al sistema de justicia, este avance no está acompañado de una política sólida de prevención ni de un presupuesto acorde a la magnitud del problema.

Desde Demus, se ha advertido reiteradamente que la criminalización de las víctimas y el uso del aparato institucional para silenciar defensoras son síntomas de un Estado que ha renunciado a su deber de debida diligencia. La organización subraya que, sin un enfoque de género real en la justicia, las denuncias seguirán siendo lentas y revictimizantes.

Foto: Noelia Vallve, Wayka

Retrocesos normativos y leyes antiderechos

Expertas como la exministra Diana Miloslavich, en entrevista para La República, identifican que este aumento de la violencia está ligado a un contexto político hostil. Se cuestiona duramente la Ley N° 32535, impulsada por la congresista Milagros Jáuregui, que eliminó el enfoque de género y reemplazó la Educación Sexual Integral (ESI) por una formación basada en criterios «biológicos y éticos», limitando las herramientas de prevención en menores.

Asimismo, se denuncia el intento de eliminar el delito de feminicidio para reemplazarlo por «asesinato de la pareja», una medida que invisibiliza el odio de género y debilita la protección jurídica de las mujeres.

Revictimización del sistema judicial

La abogada feminista Cynthia Silva adviertió en una entrevista a LR que el sistema judicial peruano no garantiza protección real. Las medidas suelen tardar, no se supervisan y muchos casos terminan archivados debido a prejuicios de los operadores de justicia que ponen en duda la credibilidad de las víctimas.

El Perú enfrenta una deuda pendiente con sus mujeres. Mientras no exista voluntad política, presupuesto adecuado y un freno a las leyes que vulneran derechos adquiridos, denuncias de violencia sexual cada 40 minutos.

Por: Silvia Bardales Q.

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