Ante el fallo del Tribunal Constitucional que pretende restituir el indulto a Fujimori dado en 2017, los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta acudieron a la Corte IDH para que esta revisara el cumplimiento de la condena del dictador. La audiencia pública se realizó el pasado viernes 1 de abril, donde fueron escuchados. No obstante, siguen a la espera de la resolución.

Por Andrea Morales.

Familiares de víctimas de la dictadura de Alberto Fujimori se reunieron en el local de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) una hora antes del inicio de la audiencia pública por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Esto ante su pedido de revisar el cumplimiento de las sentencias de Alberto Fujimori y las medidas provisionales para revocar el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que pretende liberar al dictador.

“El fallo del TC es totalmente arbitrario y doloroso. Para empezar, no nos puede decir la señora Keiko Fujimori que tengamos respeto a la vida. Le pregunto lo mismo: ¿su padre tuvo respeto a la vida? Que su padre asuma su responsabilidad. Este fallo hace que las familias que estamos aquí sintamos más dolor, porque el luto no se va a cerrar nunca. Y no, no es odio como algunos dicen, es justicia, solo justicia”, manifiesta  Xiomara Inca Teodoro, sobrina de Robert Teodoro, uno de los nueve estudiantes de La Cantuta secuestrados por el grupo Colina el 18 de julio de 1992.

Madres, padres, hermanas y hasta sobrinas siguen luchando por los derechos de sus familiares desaparecidos y asesinados hace 30 años. Algunos consiguieron un poco de justicia con las sentencias por crímenes de lesa humanidad contra los autores mediatos e inmediatos de los casos Barrios Altos y La Cantuta, pero otros la siguen buscando.

“Poco antes de morir, mi abuela dijo: ‘Voy a ir con Robert, voy a ir con mi hijo, porque a mi hijo me lo quitaron’. Ella murió hace diez años y los restos de mi tío Robert Teodoro aún no han sido encontrados. Yo soy relativamente joven, no estuve cuando todo pasó, pero sí he podido ver el sufrimiento de mi abuela hasta los últimos días de su vida. Lo único que quería para su hijo, mi tío, era justicia”, se quiebra de impotencia Xiomara.

Si bien Alberto Fujimori ya tiene sentencia por el caso de La Cantuta, 30 años después, cinco estudiantes, o mejor dicho, solo sus cuerpos, siguen desaparecidos. Los familiares de Armando Amaro Condor, Dora Oyague Fierro, Felipe Flores Chipana, Heráclides Pablo Meza y Robert Teodoro Espinoza no solo siguen esperando que los encuentren, sino que sentencien a Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza Ríos, Juan Norberto Rivera Lazo y otros altos mandos del Grupo Colina por crímenes extrajudiciales.

“Nosotros somos de Huari, Áncash. Por un tema de entrega del cuerpo de mi tío, hemos sido contactados por el Ministerio de Justicia, por el Sistema de Búsqueda de Personas, para hacer las pruebas de ADN correspondientes. Recién a mediados de mayo va a ver una visita a Huachipa para que puedan hacer las excavaciones y ver si encuentran los restos. Han pasado muchos años, pero igual estamos a la espera”, afirma Xiomara, quien decidió sentarse en la última fila de la sala de la CNDDHH mientras escuchaba la audiencia porque tiene miedo ‘a ser terruqueada’.

Familiares en la sala de la CNDDHH esperando a que inicie la audiencia pública de la Corte IDH. Foto: Andrea Morales.

Otros crímenes de Fujimori

“Esperamos que la Corte resuelva a favor de los familiares de La Cantuta y Barrios Altos señalando que efectivamente el indulto a Fujimori no tiene lugar, porque de esa manera nos da a nosotros, los familiares de los otros casos, la esperanza de encontrar la justicia. Si en este momento no se nos apoya, entonces la justicia para los demás casos se nos aleja mucho”, afirma Norma Méndez, mamá de Melissa Alfaro, periodista asesinada con un sobre bomba el 10 de octubre de 1991.

Los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos obtuvieron como sentencia 25 años de cárcel para Alberto Fujimori como autor mediato; sin embargo, por diferentes motivos, otros crímenes como el caso de Melissa Alfaro, Pedro Huilca, Martín Roca, Pedro Yauri, Santa, Pativilca y otros se suspendieron o, inclusive, se archivaron.

“En mi caso, tengo 31 años esperando justicia. De repente, también voy a ir a la CIDH, porque el juicio oral del caso de mi hija ya estaba señalado el 18 de julio de 2019; sin embargo, inexplicablemente se suspendió hasta el día hoy”, denuncia la mamá de Melissa Alfaro, mientras alza un cartel con una foto de ella.

Norma Méndez explicando la situación actual del juicio oral para el caso de su hija, Melissa Alfaro. Foto: Juan Zapata.

Con los ojos cansados, pero la voz firme, Norma explica que pese a que sabe que con los ‘otros casos’ como el de su hija es muy probable de que no se condene a Fujimori, es muy importante que la sentencia de La Cantuta y Barrios Altos se respete para que la esperanza de que asuman la responsabilidad otros involucrados como Montesinos sí se cumpla.

“Lo que estoy esperando es contra los demás: Montesinos, Salazar Monroe, Villanueva y Víctor Penas, contra ellos estoy en juicio. Contra Fujimori aún está en proceso de investigación, porque lo separaron al ser Presidente de la República, tenía que tener otro juicio aparte, entonces no lo han incluido, pero la justicia demora”, señala la señora Méndez.

Otro caso es el de Pedro Huilca. Pese a que la Corte IDH dictaminó en marzo de 2005 que se investiguen los hechos y se sancionen a los responsables materiales e intelectuales del crimen, 17 años después sigue sin cumplirse. 17 años después, continúa abierto el proceso contra Alberto Fujimori, integrantes del grupo Colina y otros.

Martha Flores contando el caso de su esposo, Pedro Huilca, tras la audiencia pública de la Corte IDH. Foto: Juan Zapata.

“No solo el caso de Pedro Huilca, sino decena de expedientes no calificaron cuando se hizo la extradición de Alberto Fujimori desde Chile, luego de huyera a Japón, para ser juzgado. Acá no se obtiene justicia si no tienes plata, por eso nosotros pedimos ayuda a Aprodeh y Comisedh. Sin embargo, por motivos del COVID-19, el caso de Pedro Huilca se ha suspendido casi dos años, entonces estamos esperando que se reaperture”, explica Martha Flores, esposa del líder sindical asesinado Pedro Huilca.

“Yo fui testigo, yo vi quiénes fueron los asesinos verdaderos. Por eso, hasta ahora, no me canso de seguir pidiendo justicia —dice con determinación la señora Flores, mientras se apoya en una gigantografía de su esposo difunto— Son cientos, miles de casos de asesinatos, de desapariciones en que no se ha hecho justicia. Muchos familiares, por no tener dinero, porque muchos han fallecido o por miedo, no tienen ya ni siquiera ganas de reclamar. En cambio, nosotros no vamos a cesar hasta que se obtenga justicia por el caso de Pedro Huilca”.

MARTÍN ROCA

Pese a que en estos dos casos aún no se obtiene sentencia contra todos los involucrados, son mediáticamente conocidos. En cambio, hay otros como el de Martín Roca que pasaron al olvido.

“De los mismos militares, ordenados y protegidos por el gobierno de Fujimori, que ejecutaron los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, son los casos de Santa, Pedro Huilca, Pativilca, la Universidad del Callao. Eso nadie lo dice, solo mencionan Cantuta y Barrios Altos, nada más”, reclama indignado Javier Roca, padre de Martín Roca, otra víctima de exagentes de inteligencia del Ejército.

Javier Roca escuchando la audiencia pública de la Corte IDH con la foto de su hijo en el pecho y fotocopias de notas periodísticas que informaron sobre su caso. Foto: Juan Zapata.

“En 1993, mi hijo fue secuestrado, torturado, asesinado e incinerado en los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército, que nosotros llamamos ‘Pentagonito’. A mi hijo lo mataron después de las matanzas de Barrios Altos, Cantuta y Santa. Al ser descubiertas las masacres anteriores perpetradas por orden del gobierno y por los militares, ellos optan por otro método que creen nunca se va a descubrir, que creen que nunca nadie va a llegar a saber”, cuenta, ya de memoria, el señor Roca Obregón, tras casi 30 años de exigir justicia para su hijo.

Así como también se detalla en el libro ‘Muerte en el Pentagonito’ de Ricardo Uceda, Javier Roca detalla el nuevo método: “Construyeron celdas con barrotes y un incinerador de 6 metros con mil grados de temperatura para quemar cadáveres en los sótanos del SIE en San Borja. La primera víctima es un catedrático jubilado de la Universidad de Huamanga. Luego, a mi hijo, el 5 de octubre de 1993, al no poder acusarlo de algún delito, lo secuestran y lo torturan por horas, y a los 15 días, cuando mi hijo ya estaba loco, lo ejecutan y lo incineran. Lo dice el mismo autor material, Jesús Sosa Saavedra, integrante del grupo Colina”.

Javier Roca con la foto de su hijo secuestrado, torturado, asesinado e incinerado por el gobierno de Fujimori. Foto: Juan Zapata.

El juicio por el caso de Martín Roca contra los autores mediatos Vladimiro Montesinos, Enrique Oliveros como director del SIE, Nicolás Hermoza como jefe máximo de las Fuerzas Armadas y Nadal Paiva como jefe de la DINTE duró 4 años y se sentenció a 25 años de cárcel efectiva a cada uno.

“¿De qué me sirve haber alcanzado justicia con la sentencia cuando, por ejemplo, Oliveros, desde el comienzo, es no habido, nadie lo está buscando? El día de la sentencia, el general Paiva se fugó y nadie lo está buscando, no hay ni orden de captura. Ningún medio lo menciona, es cosa pasada. No les importa porque no fue su hijo”, manifiesta con voz temblorosa y dolor el señor Roca, mientras sostiene una foto de Martín.

Más allá de las particularidades de cada caso, el señor Roca expresa un sentimiento que muchos de los familiares de las víctimas de los diversos crímenes cometidos por el gobierno de Fujimori lo comparten. “Durante mis 30 años de lucha, he podido palpar la falta de solidaridad, la indiferencia de nuestros compatriotas peruanos. Nuestra lucha de los familiares siempre fue que nunca más un padre de familia como yo sufra, que no maten hijos como el mío siendo inocente”.

Familiares de víctimas del gobierno de Fujimori dando una conferencia de prensa, luego de la audiencia pública de la CIDH. Foto: Juan Zapata.

Seguirán luchando

“Cuando sentenciaron los casos de La Cantuta y Barrios Altos, para nosotros fue una tranquilidad, porque la sentencia fue de 25 años. Sin embargo, apenas pueden, buscan afianzarse en el Tribunal Constitucional u otros poderes de justicia para poder liberar a Fujimori. Para nosotros, eso es una burla” acusa con impotencia Martha Flores. 

En el mismo sentido, el señor Javier Roca denuncia con la voz quebrada y los ojos llorosos : “Han ocurrido prácticamente 30 años y siguen atropellando mis derechos, siguen maltratándome. Yo procuré no contagiar mi dolor a mis otros hijos; sin embargo, ahora que son mayores, están demostrando que no hay mente ni cuerpo que resista tanto dolor interno y es por eso que ahora estamos en camino a la locura mis hijos y toda la familia. Por eso, cada vez que inventan cuentos intentando liberar a Fujimori, nos duele”.

Sin embargo, pese al dolor, los familiares siguen vigilantes, luchando: “La principal exigencia es la que tenemos todos: el cumplimiento de la condena de Alberto Fujimori y que la Corte IDH realmente vele por la justicia que las víctimas estamos esperando por muchos años”, asevera Norma Méndez.

Los sentimientos del papá de Martín Roca, de la esposa de Pedro Huilca y de la mamá de Melissa Alfaro son compartidos por los otros familiares presentes y, también, por los que ya no están, por los que murieron esperando justicia. Los que quedan, esperarán la resolución final de la Corte IDH luego de ser escuchados en la audiencia pública del pasado 1 de abril. Pero saben que no solo esperarán, sino que deberán seguir luchando hasta que se haga justicia por cada familiar suyo.

Foto: Juan Zapata