Entre más contaminación del sector hidrocarburos y persecución judicial por protestar, los pueblos indígenas de la selva peruana afectados por los constantes derrames de petróleo siguen a la espera de la atención del Ministerio de Salud.
Redacción Wayka
Lejos de recibir atención del Ministerio de Salud especializada en afectación por metales pesados, los pueblos indígenas que conviven en la Amazonía con infraestructura del sector hidrocarburos continúan sufriendo el impacto de nuevos derrames de petróleo y la persecución judicial del Ministerio Público que criminaliza sus protestas contra las empresas que contaminan sus ríos y bosques.
En junio de 2014, por ejemplo, las comunidades nativas de Cuninico, Nueva Esperanza, Nueva Santa Rosa y San Francisco, ubicadas a lo largo del río Marañón en la provincia de Nauta (Loreto), sufrieron el impacto del derrame de 2500 barriles de petróleo provenientes del kilómetro 41 del Oleoducto Norperuano a cargo de Petroperú. Desde entonces, incluso ocho años después, el Ministerio de Salud los mantiene en el olvido.
Pese a que en diciembre de 2017 el Poder Judicial ordenó al MINSA y a su Dirección General de Epidemiología implementar y aplicar en 30 días una estrategia de salud para emprender un programa de atención médica y vigilancia, a la fecha solo se han realizado exámenes toxicológicos en las comunidades afectadas. La atención especializada, según confirmaron los dirigentes de las comunidades a Wayka, todavía no llega.
Una de las comunidades que resultó más afectada por el derrame de Petroperú en 2014 fue Cuninico, que hasta la actualidad solo cuenta con un pequeño módulo de salud con poco personal y una hidroambulancia averiada. Un reportaje de Wayka.pe expuso, además, que la afectación a la salud por el derrame de petróleo se agrava en mujeres.
LOS DERRAMES CONTINÚAN
Hace apenas dos semanas, el viernes 18 de marzo, monitores ambientales de la comunidad nativa kichwa Doce de Octubre, en el distrito de Tigre (Loreto), alertaron sobre un nuevo derrame de petróleo en la quebrada Seticuyapu. El hidrocarburo esparcido alcanzó una expansión de 1159 metros cuadrados sobre los bosques y 800 metros cuadrados en el agua.
Días antes, el pasado viernes 4 de marzo, otro derrame se reportó en la quebrada Piedra Negra. En los últimos 25 años, de acuerdo al informe preliminar de Oxfam “La sombra de los hidrocarburos en el Perú” al que Wayka tuvo acceso, han ocurrido 1002 derrames de petróleo en 31 lotes donde se extrae el hidrocarburo. Y más grave aún, sólo 7 empresas concentran el 80% del total de derrames.
Las empresas más contaminantes del país, según el número de derrames de petróleo registrados en el informe de Oxfam, son Pluspetrol Norte S.A (306), Frontera Energy del Perú S.A (114), Petroperú (111), Olympic Peru Inc (89), Petrobras Energía Perú S.A (81), Savia Peru S.A (53) y Pérez Companc del Perú (47). Y las causas más comunes de los derrames son las fallas operativas (49%) y corrosión (26%). Es decir, en el 75% de casos fue responsabilidad de la empresa.
Tras los dos últimos derrames de petróleo reportados cerca a la comunidad nativa Doce de Octubre (Tigre, Loreto), el MINSA envió el 20 de marzo una comitiva de la Dirección Ambiental de la Diresa Loreto, aunque solo tomaron muestras a la planta potabilizadora de agua de la localidad y se rehusaron a examinar las quebradas contaminadas. Los dirigentes indígenas, además, denuncian el aumento de casos de personas con síntomas relacionados a la exposición a metales pesados.
PROHIBIDO PROTESTAR
El pasado miércoles 16 de marzo, el Poder Judicial dio inicio al juicio oral contra 18 indígenas kichwas que participaron de protestas contra Pluspetrol Norte S.A, la empresa del sector hidrocarburos más contaminante del país por su incidencia en derrames de petróleo. La Fiscalía de Loreto acusa a los indígenas kichwas de los presuntos delitos de extorsión agravada, robo agravado, secuestro y tenencia ilegal de armas; y pide entre 10 y 30 años de cárcel y el pago de 500 mil soles de reparación civil.
La denuncia fiscal se remonta al 2008, cuando indígenas kichwas de las comunidades de Doce de Octubre y San Juan de Bartra, acentuadas en la cuenca del río Tigre (Loreto), iniciaron una protesta en un lote petrolero a cargo de Pluspetrol Norte S.A, para reclamar el incumplimiento de los acuerdos suscritos entre la empresa y las comunidades afectadas por los derrames de petróleo.
“Nosotros solamente reclamábamos derechos por la explotación petrolera que se hace sin cuidar el ambiente, destruyendo nuestro hábitat natural, sin valorar a los que vivimos en ese lugar. Hemos tenido que empezar a asesorarnos para que el Estado recién nos reponga por los daños, y ahora nos responde así, de mala fe, enjuiciándonos”, dice Venancio Sandi, uno de los indígenas kichwas que partició en esa protesta y fue denunciado por el Ministerio Público.
