Son trabajadores de primera línea, pero batallan en medio de la precariedad laboral. Veinte periodistas han muerto por COVID-19; diez de ellos estaban en actividad. Además, decenas sufren despidos arbitrarios y reducción de salarios en corporaciones mediáticas

Lucero Ascarza

Desde el inicio de la emergencia sanitaria, el periodismo fue considerado por el Estado como una actividad esencial. Pese a ello, los profesionales del periodismo arriesgan sus vidas en medio de la inestabilidad y la precariedad laboral.

De acuerdo a Zuliana Lainez, secretaria general de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), la situación ha golpeado con mayor gravedad a los colegas que trabajan en el interior del país. De ellos, el 70% no está en la planilla de ningún medio que les brinde un seguro de salud o elementos de protección ante el contagio por COVID-19.

«Hace unas semanas, falleció en Ica un periodista que se autogestionaba un espacio radial. Murió en el centro para COVID-19 de la región y sus colegas tuvieron que hacer una colecta para enterrarlo», lamenta Lainez.

A la fecha, la ANP ha confirmado la muerte de 20 periodistas por COVID-19. De ellos, 10 se contagiaron estando en actividad de reportería. La mayoría de casos de contagio se ubican en Loreto y Ucayali.

«Son independientes pero no han sido beneficiarios de ningún subsidio o bono. Son invisibles ante el Estado y son quienes más arriesgan su vida. Muchos hacen cobertura en calle con mascarillas caseras, que es como ir a la guerra con un chaleco agujereado», declaró la representante del gremio de periodistas.

Fotógrafos y videoreporteros en alto riesgo

Entre ellos, los fotógrafos y videoreporteros son los más expuestos a contagiarse del virus. José Vidal, presidente de la Asociación de Fotoperiodistas del Perú (AFPP), indica que algunos medios grandes han cumplido parcialmente con entregar mascarillas y realizar pruebas a algunos miembros de su personal.

«Pero en los medios chicos nadie gestiona eso (…) La AFPP ha intervenido en muchos casos porque hay un abandono de parte de la empresa que debería velar por su trabajador», explica. Uno de los casos más impactantes para José Vidal es el de un fotógrafo del diario Expreso contagiado de COVID-19.

Según Vidal, Expreso no solo no apoyó al trabajador, sino que además publicó una nota indicando que el trabajador se encontraba bien. «Pero a los días tuvo que ser internado en la Villa Panamericana. Entonces esa noticia no solo distorsiona, también trivializa su situación de salud y la pone en mayor riesgo», concluye el presidente de la AFPP.

Al escenario de riesgo de la vida y la salud de los periodistas en actividad, se suman arbitrios despidos e imposiciones de reducción de sueldos.

Despido por correo electrónico

El miércoles 20 de mayo, alrededor de 50 trabajadores del Grupo La República (GLR) recibieron abruptamente la noticia de su despido. Entre ellos, corresponsales de regiones, periodistas y otros trabajadores con un vínculo laboral de más de 20 años que fueron despedidos mediante un frío correo electrónico.

«Me parece mal que lo comuniquen así a gente que tiene toda su vida ahí. Es una falta de respeto», lamenta Carlos Aguilar, periodista que hasta la semana pasada trabajaba en la sección Política de La República.

En abril, el Grupo La República (GLR), propietario de los diarios La República y El Popular, aplicó reducciones a los sueldos de sus trabajadores. Como precisaron periodistas consultados por Wayka, los recortes se calculaban según el salario de cada uno. «La gente estaba dispuesta a sacrificarse. No solo por no perder su trabajo, sino por amor al diario», indica Aguilar. «En reuniones se dijo que el ánimo del recorte era no llegar a los despidos y al final, mira lo que hicieron. Mintieron a su gente».

Una periodista que laboró más de 10 años en La República confirmó a Wayka que la administración del diario había asumido ese compromiso. «Ese es el dolor que nos ha generado el despido (…) Una empresa cuya razón de ser es la búsqueda de la verdad, no puede dejar de hablar con la verdad a sus trabajadores«, señala.

Quienes por algún motivo no habían revisado su correo electrónico, se enteraron de su despido de una peor manera. «Tengo el caso de un compañero que fue a La República y ya no lo dejaron pasar ¿Qué trato es ese para un fotógrafo que ha trabajado por años en tu medio?», comentó José Vidal.

Wayka se comunicó con la jefa de Recursos Humanos de La República, Sonia Navarro, para contar con la versión de la empresa sobre los despidos. Nos indicó que debía consultar con el área legal de la empresa y era mejor enviar preguntas al correo. Sin embargo, luego de una semana y múltiples llamadas, no hubo respuesta. Antes del cierre de esta nota, quisimos conversar también con Gustavo Mohme Seminario, director del diario, pero no contestó las llamadas.

Incertidumbre en la crisis

«Lo que ha habido acá es un despido arbitrario masivo«, señala Arturo Rodríguez, abogado laboralista, sobre el caso del Grupo La República. Precisó que no cumple los requisitos de un cese colectivo. «Tendrían que haber convocado a los trabajadores a negociar y tendrían que ser al menos 10% de la planilla. Es un trámite ante la ley que el Ministerio de Trabajo luego tiene que aprobar», indicó.

Respecto a la cifra de despedidos, un trabajador del grupo señaló a Wayka que se trataría del 10% de la planilla, pero el GLR prefiere el silencio sobre ese dato. Sin embargo, queda claro que no hubo una negociación de por medio.

«Aún estamos profundizando en la verdadera dimensión de los despidos en La República. Seguimos tomando nota de más colegas despedidos, también hay periodistas que trabajan en este medio y no saben si serán los siguientes», precisó Zuliana Lainez.

En el caso de La República, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) anunció que había iniciado acciones inspectivas. La misma ministra de Trabajo, Sylvia Cáceres, manifestó por Twitter que «la emergencia sanitaria no exime a los empleadores del respeto a los derechos de los trabajadores».

Según reportó la ANP, el Grupo El Comercio (GEC)- que concentra alrededor de 80% del mercado de diarios- aplicó un recorte del 30% a los sueldos de sus trabajadores, con el compromiso de restituir esos montos en enero del 2021. Como precisa José Vidal, presidente de la AFPP, los periodistas en este y otros medios no tenían más opción que aceptar esas condiciones. «Es una coyuntura donde es difícil encontrar trabajo. Sabemos de gente que se mantiene ahora con un sueldo menor al de un practicante. Ahí hay un tema de aprovechamiento y maltrato laboral», sostiene.

A esos recortes, la semana pasada se sumó el cierre de un diario del Grupo El Comercio, Publimetro, lo que anuncia otra ola de despidos. El 29 de mayo, Publimetro publicó una nota de despedida que culminaba con «Nos debemos un abrazo, cierto, ya nos lo daremos en otro momento». Al respecto, Zuliana Lainez indicó que «se está imponiendo la romantización de una despedida, cuando el cierre de un diario significa despidos tácitos y la cancelación del empleo de un grupo de colegas y otros trabajadores».

No son los únicos casos. Según reportes recibidos por la ANP, en la empresa Corporación Universal, propietaria del diario y radio Exitosa, hay alrededor de 20 trabajadores que reclaman el pago de meses atrasados de salario y otros beneficios sociales como el pago de la CTS y Essalud.

Precariedad y autocensura

En medio de esa situación, la mayoría de las y los periodistas optan por reclamar pero no de manera confrontacional. Y son raros los casos en que se formaliza una denuncia. De acuerdo a Lainez, esto se explica por la ausencia de una organización colectiva dentro de las empresas periodísticas y el miedo (real) a estigmatizarse como «no contratable».

Para una de las periodistas despedida por el Grupo La República, en este contexto, también se trata de respeto. «Nosotros hemos perdido un trabajo pero hay gente que ha perdido a sus familiares, que ha perdido la vida misma. Mi pérdida no tiene punto de comparación con la del resto», concluye.