Redacción Wayka 

Seis meses después de que el Ministerio de Educación (Minedu) aprobara los lineamientos para la implementación Educación Sexual Integral (ESI) en los colegios, representantes del Minedu , el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), la Defensoría del Pueblo, la Secretaría Nacional de la Juventud, la UNFPA y la congresista Ruth Luque comentaron sobre la necesidad de la ESI como herramienta para fomentar el desarrollo de los proyectos de vida de las y los estudiantes, el pasado 15 de diciembre durante el evento “Diálogo por la Educación Sexual Integral”, organizado por Alianza Sí Podemos por la ESI.

La congresista Ruth Luque inició el conversatorio manifestando que la enseñanza y acceso de la ESI es una cuestión de derechos humanos, por lo que este debería ser el enfoque que debería primar en el debate y no en creencias personales u otras particulares: “»Ante las cifras de embarazos adolescentes y violencia sexual, es necesaria la implementación de la Educación Sexual Integral. Ya es momento de que, desde un enfoque de derechos humanos, empecemos a debatir sobre esta política, por la que debería apostar nuestro país».

En el evento, los organizadores del evento ‘Alianza Sí Podemos por la ESI’ recordaron cómo la implementación piloto de la Educación Sexual Integral había tenido un impacto positivo en las vidas de las y los estudiantes involucrados al eliminar el embarazo adolescente en sus colegios y reducir la deserción escolar y las violencias. El caso comentado fue el del colegio estatal El Nazareno de San Juan de Miraflores, donde se implementó el enfoque de educación sexual integral en todos sus cursos desde el 2008 junto con la organización Manuela Ramos y estudiantes, profesores y padres y madres de familia lograron reducir los casos de embarazo adolescente a cero y, con ello, la deserción escolar de estudiantes para el 2015.

Así, Alianza Sí Podemos por la ESI señala que con la Educación Sexual Integral, se busca capacitar a los docentes en temas de derechos sexuales y reproductivos, que se trabaje articuladamente con los adolescentes y que el Minedu y el Mimp lo apliquen en los colegios para que atienda casos de violencia sexual identificados.

Elga Prado, coordinadora nacional del programa de Sexualidad y Autonomía Física y representante del colectivo Manuela Ramos, señaló que desde el 2008, año en que se aprobó el lineamiento de la Educación Sexual Integral, se ha ido desarrollando acciones a nivel nacional y una vigilancia e incidencia para su implementación. Así, “en el 2010, cuando se desarrolla con el minedu una experiencia piloto, la Alianza Sí Podemos por la ESI desarrolla una experiencia piloto para monitorear cómo estaba yendo la implementación de la Educación Sexual Integral».

Al respecto, la especialista denunció que «en el 2021, la Defensoría informó que solo 4 de 60 instituciones educativas que había visitado pudieron evidenciar que sí estaban implementando la Educación Sexual Integral».

Respecto al contexto, Prado señaló que las problemáticas que había ido analizando Manuela Ramos y otras organizaciones en defensa de los derechos sexuales y reproductivos de niñas, adolescentes y mujeres con preocupación antes de la pandemia, se han agudizado como el embarazo infantil forzado.

Al respecto, aseveró: “Más de 1160 de niñas menores de 14 años quedaron embarazadas el año pasado, 26 de ellas menores de 10 años. No se puede condenar a las niñas a un embarazo forzado producto de violación. No podemos naturalizar esta práctica y ser indolentes. Por ello hacemos un llamado al Minedu para que implemente la Educación Sexual Integral”.

Víctor Vázquez, representante del Minedu en el conversatorio, señaló que se ha tenido en cuenta las normativas, las recomendaciones de organizaciones y las problemáticas que se han agudizado, mencionadas por Elga Prado, por ello afirmó que el Minedu ha actualizado los lineamientos de la Educación Sexual Integral, realizado en el 2008.

Además, informó a los presentes que los lineamientos actualizados de la Educación Sexual Integral ya no solo se dirigirán a la Educación Básica Regular, sino que también alcanzarán a la Educación Básica Especial y a la Educación Básica Alternativa.

Sobre las actividades pilotos de los lineamientos, Vázquez informó que en el 2021, se han desarrollado 52 actividades de fortalecimiento de capacidades dirigidas a docentes, familias, especialistas de organizaciones de mujeres y a los y las propias estudiantes.

Por su parte, la representante del MIMP, Francisca Araujo, inició su intervención señalando que: «Ninguna política en general, y más aún en esta de Educación Sexual Integral, puede dejar de lado a la agenda de desarrollo sostenible 2030, en donde se habla de la importancia de trabajar por la igualdad de género».

Araujo afirmó que desde la cartera en la que trabaja, se busca asegurar el enfoque de género en todas las políticas del Estado. “Con la transversalización del enfoque de género, desde el MIMP, nos sentimos comprometidas y comprometidos a seguir trabajando articuladamente en beneficio del estudiantado de todo el país, por una educación igualitaria, en donde se respete a mujeres y a hombres desde su diversidad. Lo que queremos brindar es una educación con calidad y calidez, pero de la mano con el Minedu y los demás sectores vinculantes para tener un país igualitario ”.

Hugo Gonzales, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), señaló con preocupación que los feminicidios casi se han triplicado en el 2019 y 2020 en Perú como resultado de una cultura patriarcal, no solo en el Perú. “Esta cultura se revela en una expresión tan severa con el asesinato de las mujeres, en la creencia de los hombres que tienen el poder para llegar a contrarlas hasta llegar a ese extremo”. Asimismo, recordó que en el Perú casi 56 mil niñas y adolescentes empiezan a convivir con sus parejas antes de los 18 años y el 85% se convierten en madres.

Sobre los esfuerzos y logros expuestos por el Minedu y el MIMP, el representante del UNFPA señaló que si bien “es responsabilidad de las instituciones de los Estados es garantizar los derechos de las ciudadanas y ciudadanos, que de hecho tienen la mayor responsabilidad; pero no solo a ellas les compete, sino a todas y todos”.

De lo contrario, Gonzales recordó que el costo de no actuar, considerando solamente como indicar los embarazos adolescentes hasta el 2019, era de aproximadamente 360 millones de dólares para el país. “Con la educación sexual integral, según la evidencia, se retrasa el inicio de la actividad sexual entre las y los adolescentes, mejora el uso de métodos anticonceptivos entre personas sexualmente activas, lo cual reduce la prevalencia del embarazo temprano y además las enfermedades de transmisión sexual (ETS), incluido el VIH”.

También puntualizó que es importante acompañar la implementación de la Educación Sexual Integral con los servicios de salud del Estado y colectivos comunitarios para el acceso a métodos anticonceptivos, como el condón.

Matilde Cobeña, representante de la Defensoría, señaló que es importante hablar de sexualidad a las y los adolescentes de los colegios de manera directa y clara porque es un tema de derechos humanos: su derecho a una educación sexual integral es respetar sus derechos sexuales y reproductivos, que se relaciona a otros como el derecho a la igualdad, el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a la dignidad, el derecho a la educación en sí misma, ya que la ESI es solo una parte de esta.

“Es importante involucrar a las niñas, niños, adolescentes en la implementación de Educación Sexual Integral, tenemos que responder a sus necesidades. Es momento de que distintas instituciones del Estado trabajen de manera articulada», puntualizó Cobeña.

Finalmente, la secretaria nacional de la Juventud (SENAJU), Alejandra Dinegro, recalcó la importancia de escuchar las voces de las y los adolescentes y jóvenes en su diversidad y seguir articulando los objetivos prioritarios de la Política Nacional de Juventud, como el acceso a su salud integral. «Como órgano técnico de asesoramiento que pertenece al Minedu, está bajo la responsabilidad del SENAJU velar por el cumplimiento de objetivos y lineamientos que está basada nuestra política nacional de Juventudes, aprobada en el 2019.

La propuesta de la SENAJU es articular, por pare del Estado para orientar las acciones e intervenciones de las políticas publicas que atañen a las adolescencias y los jóvenes como la ESI. Así, recordó que es vital el desarrollo y acceso a la educación y salud sexual integral a esta parte importante de la población del Perú, que representa un tercio de esta.