A través de una reciente norma, Ministerio de Salud reafirmó también la obligación de informar sobre el aborto terapéutico en casos de riesgo por embarazos producto de una violación. Especialistas consultadas por Wayka destacan que se trata de un avance, pues limitaría criterios arbitrarios del personal de salud para negar estos derechos.
Lucero Ascarza
El 20 de agosto la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, admitió que durante la pandemia no se había cumplido con entregar a las víctimas de violación el kit de emergencia para prevenir embarazos e infecciones de transmisión sexual. En respuesta a Wayka durante la conferencia del presidente Martín Vizcarra y parte del Gabinete Ministerial, anunció reajustes y una estrategia junto a otros ministerios para cumplir con «la atención y los protocolos que están implementados desde hace años».
Ese mismo día, el Ministerio de Salud (Minsa) aprobó una norma técnica que detalla una ruta de atención integral para casos de violencia sexual. Al ser consultadas por Wayka, especialistas respondieron que si bien esta norma desarrolla obligaciones ya existentes en otras directivas, también amplía sus alcances.
«Por ejemplo, el kit de emergencia era de cumplimiento obligatorio en el sistema público y referencial en el sistema privado. Pero ahora, la norma te dice que es de cumplimiento obligatorio en todo el sistema, en todos los niveles de atención», comenta Jennie Dador, abogada e integrante de la Mesa de Vigilancia Ciudadana en Derechos Sexuales y Reproductivos.
Valeria Cárdenas, comisionada de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, resalta la articulación entre servicios legales y de salud. «Nosotros incidimos mucho en que pongan una ruta clara. Porque una cosa es lo que diga el sector y lo que el centro de salud más alejado pueda conocer. El operador de salud debe tenerlo claro, como una pauta», expresó.
Ambas profesionales destacan que es valioso tener detallados todos los procesos de atención a víctimas de violencia sexual en una sola normativa. Después de todo, el acceso de víctimas a justicia y salud sigue presentando trabas a nivel nacional.
Menos margen para negativas
Wayka reveló que durante los meses de cuarentena, de marzo a junio, de 786 víctimas de violación, menos de la mitad accedieron al kit de emergencia. En distintas regiones, se reportó que establecimientos de salud negaron esta atención, poniendo trabas a víctimas menores de edad.
En Ayacucho, una niña de 12 años quedó embarazada producto de una violación. Personal de salud no entregó oportunamente el kit de emergencia y luego le negaron el aborto terapéutico pese a que su salud estaba en peligro. Sobre este procedimiento, la reciente norma del Minsa confirma la aplicación del Protocolo de Aborto Terapéutico aprobado en 2014. Así, en casos de violación donde la víctima quede embarazada, el establecimiento de salud debe evaluar la edad de la gestante y riesgos del embarazo para su salud mental y física.
«Esta norma deja menos margen para criterios arbitrarios de interpretación. Ya no puedes decir ‘porque la Biblia lo dice, porque yo no lo creo’, eso es importante. De todas maneras, es necesario un trabajo mayor de difusión», precisó Jennie Dador.
Valeria Cárdenas resalta que la reciente norma tome en cuenta el trato que el personal médico debe tener con las víctimas. «Es mucho lo que podemos lograr con una atención empática y con las preguntas adecuadas (…) Algunos operadores de salud decían ‘pero si no nos dice que la han violado, ¿cómo le voy a dar el kit?’ o ‘no hay ninguna denuncia, no le puedo dar’ y esos eran casos a los que había que darle importancia», explica.
El Ministerio de Salud también ha dispuesto que si la vida de niñas y adolescentes está en peligro por un embarazo, el personal médico no necesita autorización de padres o apoderados para realizar el aborto terapéutico. Esto se relaciona con otros criterios que esta norma contempla para la atención a grupos vulnerables.
Contra prejuicios en la atención de salud
La nueva disposición del Minsa también precisa la obligación de atención diferenciada para niñas, niños, adolescentes, adultas mayores, mujeres indígenas y afrodescendientes, población LGTBI, personas con discapacidad y migrantes.
«Muchas veces la atención [a víctimas de violación] se vincula solamente al embarazo y se olvidan de otros grupos como por ejemplo las mujeres adultas mayores, las mujeres trans. Ahí tenemos un logro importante», indica Cárdenas.
Por su parte, Tarcila Rivera, vicepresidenta del Centro de Culturas Indígenas del Perú – CHIRAPAQ, precisó que las trabas para las mujeres indígenas inician desde que está lejos a los centros de atención. «Y cuando estamos aquí en centros urbanos, vemos que no se les da importancia, los centros aún tienen un problema de racismo, de discriminación», indica.
Para la activista indígena, las víctimas de violación aún no reciben facilidades y apertura pero reconoce cambios en proceso. «Todos los avances son bienvenidos, pero con una ley no se está resolviendo. Es una parte pero tiene que caminar junto con la educación pública y el cambio de mentalidades. Tanto de nuestra sociedad como de nuestras autoridades correspondientes», explicó Rivera.
Desde el inicio de la emergencia sanitaria hasta fines de julio, el Ministerio de la Mujer registra 2 043 casos de violencia sexual, de los cuales 1 051 fueron violaciones. Sin embargo, no se cuenta con cifras que permitan evaluar la magnitud de violencia que enfrentan los grupos más vulnerables.
