La Corte Superior de Justicia del Callao aceptó el habeas corpus de un miembro de «El Gran Chaparral». Esta red criminal ligada al tráfico de terrenos es investigada por el asesinato de Napoleón Tarrillo, defensor de la Reserva Ecológica de Chaparrí.
Redacción Wayka
El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitoria del Callao decidió revocar la prisión preventiva de Saúl Altamirano, implicado en la investigación por asesinato, tráfico de terrenos y atentado contra los bosques en la Reserva de Chaparrí (Lambayeque).
Como se recuerda, Altamirano es uno de los doce miembros de la red criminal «El Gran Chaparral» detenidos en 2018. A ellos se les atribuye la muerte de Napoleón Tarrillo Astonitas, teniente gobernador del caserío El Mirador y defensor de la reserva ecológica.
De acuerdo a la resolución del juez Renzo Subiria, se habría violado el derecho de Saúl Altamirano al debido proceso, por falta de motivación en las resoluciones judiciales. Un precedente que podrían aprovechar los otros implicados, quienes cumplen prisión en el Penal de Chiclayo.
La Corte Superior de Justicia de Lambayeque ya había declarado infundado un anterior pedido de habeas corpus a favor de los investigados. Esto se confirmó cuando el Tribunal Constitucional rechazó un recurso de apelación a ese fallo.
«Es lamentable el proceder de las autoridades al liberar a personas que han estado involucradas en muertes, usurpación, incluso incendio de bosques. Eso pone en riesgo nuestras vidas», señala Edivar Carrasco, presidente de la Comunidad Campesina Muchik Santa Catalina de Chongoyape, que administra la Reserva Ecológica de Chaparrí.
En conversación con Wayka, Carrasco lamentó que no se valore la vida de los defensores, sobre todo teniendo en cuenta invasiones recientes que han afectado este año a la comunidad a cargo de la reserva.
Cuestionan resolución
Según reportó La República, Luis Jaramillo, de la Fiscalía de Lambayeque, anunció acciones legales contra la resolución de la Corte de Justicial del Callao. El fiscal señaló que la investigación se realiza dentro de los plazos establecidos.
Además, informó que a Saúl Altamirano se le encontraron municiones de armas de fuego. De acuerdo a escuchas legales, estas habrían servido para las usurpaciones de terrenos que realizaba la organización criminal.
En agosto, cuando el Tribunal Constitucional confirmó la prisión preventiva de los investigados, este fiscal ya había explicado que no habían motivos para cesar esa medida.
