En 2017, Perú registró 570 casos de embarazos forzados en niñas indígenas entre los 12 y 14 años. Especialistas resaltan la necesidad de capacitar a personal de salud y operadores de justicia para una atención con enfoque intercultural y de género.
Redacción Wayka
«Hay un incremento de la violencia sexual en nuestras regiones, y no hay apoyo por parte de autoridades. Además, existe poca apertura de padres de familia para conversar sobre estos temas, aún en nuestras comunidades se ve como tabú», señala Denisse Palomino, joven indígena de Ayacucho, quien pertenece a la red Ñoqanchiq, del Centro de Culturas Indígenas del Perú (CHIRAPAQ).
El miércoles 25 de noviembre -Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer- CHIRAPAQ presentó en un conversatorio su Reporte Nacional sobre la situación de violencia sexual y embarazo forzado en niñas y jóvenes indígenas. Los resultados ponen en evidencia la necesidad de políticas públicas dirigidas a este grupo.
Las cifras de la violencia sexual indígena
El estudio elaborado por CHIRAPAQ se basa en datos del Ministerio de la Mujer, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio Público, INEI y ENDES, además de testimonios de jóvenes indígenas en cinco regiones con más índices de violencia: Puno, Pasco, Ayacucho, Junín y Ucayali.
Así, nos permite saber que en 2019, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) registraron 573 casos de violencia sexual en niñas indígenas entre los 10 y 14 años. Además, 731 casos de violencia sexual en jóvenes indígenas de 15 a 29 años.
Una de las consecuencias de la violencia sexual es el embarazo infantil forzado. Entre 2012 y 2020, cada día 3 niñas de 10 a 14 años se convirtieron en madres. Una de ellas vive en la zona rural. «La tasa de crecimiento de la maternidad infantil forzada es de 29% en zonas urbanas pero para niñas rurales es de 78%«, lamentó Tania Pariona, excongresista y miembro del consejo directivo de CHIRAPAQ.
De acuerdo a Pariona, estas cifras son evidencia de una falta de focalización en políticas públicas. Además, se suman las trabas que encuentran niñas y jóvenes indígenas para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva. Los testimonios recogidos en el reporte nacional de CHIRAPAQ presentan una realidad constante: revictimización y desatención por parte de operadores de justicia y personal de salud.
Piden capacitación en sistemas de salud y justicia
Como parte de la red Ñoqanchiq, Denisse Palomino y jóvenes indígenas de distintas regiones conversan sobre las problemáticas en su entorno.
«Una de ellas es que las usuarias no acceden al kit de emergencia [para casos de violación] o el personal de salud desconoce sobre este kit«, explica. En Ayacucho, región donde habita Denisse, Wayka reportó un caso emblemático de violencia: una niña víctima de violación a la que no se entregó el kit de emergencia y se le negó el aborto terapéutico.
«Nosotros hemos supervisado, y concluimos que más que de una política pública, depende de quien tiene la potestad de administrar este kit de emergencia. Si es una persona muy conservadora, no va a entregar«, señala Eliana Revollar, representante de la Defensoría del Pueblo. «Eso lo hemos identificado en el área urbana, pero en el área rural es mucho más dramático», añade.
Como resultado de las trabas para acceder a la píldora del día siguiente y el kit de emergencia, muchas niñas terminan enfrentando embarazos no deseados y maternidades forzadas. «Esto lleva a una frustración de todo el proyecto de vida de estas niñas», indica Revollar.
Por su parte, la abogada Cynthia Silva, del Ministerio de la Mujer, destacó que desde 2018 se cuenta con un programa presupuestal para prevenir y combatir la violencia de género, y está orientado a resultados. «Esto implica que cada una de las decisiones de presupuesto respondan a mejorar la calidad de la atención», explica.
Sin embargo, también lamenta que aún no se aplican los lineamientos aprobados en 2019 para incorporar el enfoque intercultural en la lucha contra la violencia sexual a mujeres indígenas.
Así, mientras esa deuda del Estado sigue pendiente, las niñas, jóvenes y mujeres indígenas se siguen organizando para generar cambios. «Ese dolor convertido en indignación tiene que ser la fortaleza que nos lleve a encontrar soluciones», expresó Tarcila Rivera Zea, vicepresidenta de Chirapaq.
