Pese a que Perú cuenta con un protocolo para la protección de las y los defensores de derechos humanos, aún continúan ataques a su labor.

Redacción Wayka

Este 9 de diciembre se conmemoró el Día Internacional de las y los Defensores de Derechos Humanos. ¿Cuál es la situación que enfrentan en Perú?

De acuerdo a información de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), hasta agosto del 2020 se registraron 23 defensores heridos y 3 fallecidos. Dichas pérdidas ocurrieron en el marco de dos conflictos sociales: Espinar (Cusco) y Requena (Loreto).

Las lesiones y muertes ocurrieron en el marco de protestas. En Espinar, los comuneros que resultaorn heridos protestaban contra la minera Glencore-Antapaccay. En Requena, tres indígenas kukama murieron por heridas de bala en el marco de una protesta en el lote petrolero 95, que administra PetroTal. Recientemente, organizaciones indígenas denunciaron a policías y trabajadores de la petrolera por las muertes.

Represión en protestas

Hace un mes, estallaron manifestaciones a nivel nacional contra el golpe de Estado que dio el Congreso mediante la vacancia irregular al expresidente Martín Vizcarra. En ese contexto, se registraron múltiples violaciones de derechos humanos y también agresiones a defensores.

Representantes de la CNDDHH acudieron en defensa de manifestantes detenidos de forma arbitraria. Al realizar esa labor, Carlos Rodríguez, miembro de la Unidad de Protección a Defensores de la CNDDHH, fue detenido el 10 de noviembre en la comisaría de Alfonso Ugarte y pasó una noche allí. Además, le iniciaron una investigación fiscal por resistencia a la autoridad. Según señaló a Wayka, ya se han realizado diligencias como citar a testigos y vizualizar vídeos de la detención.

La represión policial también se manifestó contra personal de la Defensoría del Pueblo, quienes reportaron haber sido hostilizados y amenazados. A través de una nota de prensa, esta entidad resaltó la necesidad de aprobar un verdadero mecanismo de protección para defensores y defensoras de derechos humanos; que no solo se active cuando se encuentren en riesgo.

Líderes ambientales en desprotección

En lo que va del 2020, se reportó el asesinato de cinco defensores indígenas como resultado de su labor, cuatro de ellos durante la emergencia sanitaria. Según informó Ojo Público, tres de los líderes indígenas habían solicitado garantías para su vida, pero recibieron negativas.

Recientemente, el congresista Alberto de Belaúnde presentó un proyecto de ley que busca brindar protección legal a defensoras y defensores de derechos humanos. Si bien ya existe un Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos, resulta insuficiente. A inicios de este mes, el viceministro de Justicia, Daniel Sánchez, anunció que se destinaría a dos defensores públicos del Ministerio de Justicia (MINJUS) a cada región amazónica, para dedicarse específicamente a la defensa de derechos de poblaciones indígenas.

También las comunidades campesinas resultan vulnerables en su defensa del medioambiente. Como Wayka reportó, durante la cuarentena, se renovaron los intentos de invasión en la Reserva Ecológica de Chaparrí. Esa situación pone en riesgo a sus principales defensores: la Comunidad Campesina Muchik «Santa Catalina» de Chongoyape.

En 2017, un defensor de esta área de conservación fue asesinado presuntamente por una mafia de traficantes de terrenos. De acuerdo a la Unidad de Protección a Defensores de la CNDDHH, el año pasado solicitaron que se active el protocolo para proteger a los defensores de Chaparrí, pero aún esto no ocurre. En la misma situación estarían los comuneros de Catacaos que denuncian hostigamiento por parte de empresas vinculadas a sodálites.

Recientemente, el congresista Alberto de Belaúnde presentó un proyecto de ley que busca brindar protección legal a defensoras y defensores de derechos humanos.

Presiones legales sobre defensoras

De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, también se tienen reportes de procesos administrativos y judiciales contra organizaciones que defienden derechos sexuales y reproductivos.

A inicios de este año, Wayka dio a conocer que un excandidato de Solidaridad Nacional al Congreso buscaba apropiarse del nombre «Madres en Acción – Perú«, colectivo que reúne a madres de familia que defienden el enfoque de igualdad de género. Según informó una vocera de la organización, Javier Pacheco Manga -activista de Con mis hijos no te metas- les envió una carta notarial para que dejaran de utilizar esa denominación. El caso se llevó ante INDECOPI.

Otro proceso similar enfrenta Católicas por el Derecho a Decidir (CDD – Perú). Esta organización fue demandada en 2019 por una asociación católica conservadora llamada Centro de Estudios Jurídicos Santo Tomás Moro. La intención: anular la inscripción de CDD – Perú en registros públicos, por el uso de la palabra «católicas» sin autorización del Arzobispado de Lima o la Conferencia Episcopal del Perú.

Cabe resaltar que Santo Tomás Moro también mantiene un proceso legal contra la aplicación del aborto terapéutico. El Poder Judicial rechazó su demanda en primera instancia, pero aún está pendiente que se resuelva su apelación.